En su plan de recortar los gastos del Estado, en los últimos días, el Gobierno nacional generó una fuerte polémica que involucró al millonario Fondo de Integración Socio-Urbano (Fisu), que en los últimos cuatro años administró más de 480 mil millones de pesos, que durante la anterior gestión kirchnerista condujo una dirigente social que responde a Juan Grabois, referente nacional del Frente Patria Grande, cercano a Cristina Fernández.
En medio de esta discusión, el sábado pasado, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una resolución, mediante la cual redujo a sólo el 0,3% del Impuesto País el financiamiento del Fisu.
Por esta decisión que firmó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el presupuesto para este año del Fisu se reducirá sensiblemente: pasará a sólo 30 mil millones de pesos anuales, cuando estaba previsto un financiamiento de alrededor de 350 mil millones de pesos.
En este contexto, Fernanda Miño fue secretaria de Integración Socio-Urbana de la Nación, que tuvo la responsabilidad de administrar que este fondo fideicomiso para urbanizar barrios populares en todo el país, cuestionó la decisión de la Casa Rosada y defendió el Fisu.
“En los últimos días, el Gobierno nacional difundió información falsa sobre nuestra gestión. Trata de demonizar el funcionamiento de este fondo, para apropiárselo y que deje de ir a la urbanización de barrios populares, como indica la ley 27.453. Es muy clara esa estrategia política de este Gobierno”, cuestionó la dirigente que responde a Juan Grabois.
En los últimos días, el presidente Javier Milei designó a Sebastián Pareja al frente de esa secretaría, que tiene como principal objetivo urbanizar barrios carecientes en todo el país, que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Este registro fue creado por ley en el año 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, luego de una prolongada lucha de organizaciones sociales.
Aunque el financiamiento de este ambicioso proyecto, que tiene como objetivo mejorar más de 4.400 barrios crecientes en todo el país, recién pareció en el año 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.
El anterior Gobierno nacional destinó el 9% del Impuesto País y una porción menor de la recaudación de la recaudación del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas (denominado Impuesto a la Riqueza) a la secretaria que quedó bajo la conducción de la dirigente que fue impulsada por Grabois, un acérrimo crítico de la gestión libertaria.
Con la decisión de este sábado del ministro de Economía, ahora la secretaría verá reducida de manera drástica su presupuesto.
Esta medida seguramente va a generar otro foco de conflicto con las organizaciones piqueteras, que en gran medida ejecutaban las obras que financiaba el Fisu en los barrios populares de todas las provincias.
Si bien el nuevo Gobierno prometió hacer una auditoria sobre la administración de estos más de 480 mil millones de pesos del Fisu, en los últimos días, distintos informes periodísticos de Capital Federal, con datos extraoficiales difundidos supuestamente por el Gobierno nacional, indicaron que sólo se habían terminado el 6%, de las más de 6.517 proyectos que se presentaron.
El otro cuestionamiento –más político– es que la ejecución la las tareas de urbanización de los barrios populares en todo el país estuvieron a cargo en un 70% por cooperativas de trabajo de las distintas organizaciones sociales.
Fuentes oficiales trataron de difundir que los recursos del fideicomiso fueron utilizados “para hacer política” por parte de las organizaciones piqueteras que administran las cooperativas de trabajo.
Respuesta
Fernanda Miño, una dirigente social de villa La Cava, en el municipio bonaerense de San Isidro, salió al cruce de estos números, que fueron difundidos extraoficialmente, pero que se supone salieron de fuentes del Gobierno nacional.
“En primer lugar, quiero aclarar que esos números que están manejando los medios no parten de ninguna auditoria. Personalmente hablé con Sebastián Pareja, quien me dijo que recién asumió y no tiene datos de ninguna auditoria. Son números erróneos que publicaron algunos medios. Es más, en los próximos días me voy a reunir con Pareja, porque yo y mi equipo tenemos la tranquilidad que trabajamos con absoluta transparencia”, argumentó Miño.
Sobre la cuestión de la ejecución de los proyectos, que sería de sólo del 6%, Miño lo negó de plano.
“Dejamos más de 1.400 obras en ejecución. El 40% de los proyectos fueron terminados durante mi gestión. Se trabajó con transparencia, y con auditorias constantes de otros organismos oficiales. Salgo a hablar porque hay que defender una gestión que para nosotros fue realizada con mucha responsabilidad y amor por la gente que vive en los barrios populares. Conozco muy bien las necesidades de esa gente, porque nací y vivo en un barrio popular”, se defendió Miño.
En cuanto al cuestionamiento que la mayoría de las obras son ejecutadas por cooperativas que administran las organizaciones sociales, Miño admitió esta situación. Aunque argumentó que la ley (27.453) que creó el Fisu indicaba que una parte importante de los trabajos debían ser ejecutados por cooperativas.
“Precisamente, uno de los objetivos de este Fondo es generar fuentes de trabajo a través de cooperativas. Gran parte de las obras fueron realizadas con mano de obra local y por las cooperativas de organizaciones sociales. Cuando los proyectos fueron de mayor envergadura, los hicieron empresas privadas. Pero el objetivo de la ley, además de mejorar la vida de los barrios populares, es genera trabajo en los propios barrios”, explicó Miño.
Teniendo en cuenta que se trata de un organismo que maneja un fondo millonario, que en el Gobierno anterior estuvo a cargo de alguien del espacio que lidera Grabois, está clara la decisión del Gobierno nacional de desfinanciar el organismo.
Sebastián Pareja, el nuevo secretario de Integración Socio-Urbana, es un dirigente político que estuvo muy cerca de Milei, pero que en medio de la campaña fue desplazado, junto a Carlos Kikuchi de la mesa chica libertaria.
El vínculo con Llaryora
Cada vez que visitó Córdoba, Juan Grabois siempre elogió a Martín Llaryora, por su gestión como intendente capitalino, y ahora como gobernador.
Es más, uno de los dirigentes cercanos a Grabois, el exjefe comunal de Villa Ciudad de Parque, asumió como secretario de Ambiente de la provincia. Un dato que abona las versiones de un acuerdo del gobernador con el dirigente social, cercano a Cristina Kirchner.
Miño admitió que no conoce la realidad política de Córdoba, aunque aseguró que trabajo “muy bien” con la anterior administración provincial de Juan Schiaretti.
“Trabajamos muy bien con Laura Jure (exministra de Empleo schiarettista) con una buena relación, sin que las diferencias políticas intervinieran en el trabajo en los barrios. En nuestra gestión no hubo lugar para la politiquería. Trabajamos con los gobiernos provinciales e intendentes de todos los colores políticos. Por ejemplo, en Córdoba se ejecutaron obras por más de 20 mil millones de pesos, y el gobernador (Juan Schiaretti) no era alguien que tuviera cercanía con nuestro Gobierno nacional. Se intenta manchar una gestión que trabajo con todos, con el único objetivo de mejorar la vida de la gente que vive en barrios populares”, expresó Miño.
Sobre vínculo político que podrían tener Grabois y Llaryora, la exfuncionaria nacional fue cauta.
“Sé que hay algún acercamiento político con Llaryora de parte de algunos dirigentes de nuestro espacio político, pero la verdad que no conozco los detalles. Por lo que sé hubo algunas coincidencias en algunas miradas, como cuando el gobernador habló de los pituquitos de Recoleta, pero no sé cómo avanzará esa relación política”, concluyó Miño.
