La humanidad sigue intentando cicatrizar las heridas que se ha ido infligiendo en cada conflicto bélico. Sociedades diezmadas que, por generaciones, intentan una reconstrucción de sus tejidos dañados.
Hay estudios que demuestran que lo que ocurrió en noviembre de 1995 en Río Tercero tuvo los efectos de una guerra. La voladura intencional de la Fábrica Militar, con dos explosiones, mató a siete personas, hirió a más de 300, destruyó una buena parte de la ciudad y causó graves secuelas a los habitantes de esa ciudad y los alrededores.
Lo definieron con precisión los periodistas de La Voz Carlos Paillet y Fernando Colautti en su libro El tercer atentado. Una acción criminal como la de la Embajada de Israel (1992) y de la Amia (1994), pero esta vez con una trazabilidad más clara respecto de intencionalidades y responsables.
El gobierno de Carlos Menem ideó la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero para borrar las pruebas de una de las maniobras más grandes de corrupción que hubo en aquella gestión, como fue la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia.
Ese Menem que aquel fatídico viernes 3 de noviembre de 1995, con el gobernador Ramón Bautista Mestre asintiendo al lado, dijo a los periodistas entre los escombros y la humareda de la siesta riotercerense: “Esto ha sido un accidente. Ustedes tienen la obligación de difundir estas palabras. Descarten absolutamente que esto haya sido un atentado”.
Mentía y murió sin condena por ese atentado. Antes, Río Tercero lo había declarado persona no grata y la ciudad se negó a adherir al duelo nacional cuando el expresidente falleció, en febrero de 2021.
Efectos en la salud mental
Investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba hicieron uno de los pocos estudios epidemiológicos realizados en Argentina sobre la población expuesta a catástrofes. Realizaron un primer estudio epidemiológico en 2001, que repitieron en 2011, sobre la población adulta víctima del desastre.
La sintomatología mental estaba presente en el 87% de la población en 2001, indicador que disminuyó durante el transcurso de los años, pero que aún perdura en un cuarto de la población total de la ciudad.
Hubo una importante migración, bajaron los índices de natalidad, con el consecuente envejecimiento de la población, bastante por debajo que los indicadores de localidades similares.
De allí que la comunidad de Río Tercero viene bregando por la llamada “reparación histórica”, que ha tenido algunos hitos como la creación de la Universidad Nacional, aprobada en septiembre de 2023.
“Como consecuencia de estos hechos criminales, varias casas de la zona quedaron en ruinas y cientos de estructuras fueron seriamente dañadas. Las calles de la ciudad quedaron cubiertas con toneladas de escombros, cientos de grandes proyectiles y carcazas incrustados en el asfalto o dentro de las viviendas. Esquirlas como ladrillos atravesaron paredes. La onda expansiva provocó daños materiales en 10 kilómetros a la redonda. Las siete personas muertas (Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela) eran todas ajenas a la fábrica, al igual que la gran mayoría de los heridos. La población padeció masivamente los síntomas físicos y psíquicos propios de una guerra, siendo más acentuados en los niños”, dicen los fundamentos de la ley que creó la Universidad Nacional de Río Tercero.
Reinventarse
¿Qué pasó en estos 30 años y cómo mira Río Tercero el futuro?
“Hubo que reinventar una ciudad”, dice el intendente Marcos Ferrer, quien en el momento de la explosión tenía 13 años.
Lo primero fue lograr que la Justicia considerara que fue un atentado para ocultar el tráfico ilegal de armas, acción en la cual fue clave el accionar de la abogada Ana Gritti, viuda de una de las víctimas de la explosión.
Hubo marchas y acciones ciudadanas durante décadas. “Sobreponerse a las pérdidas, marchar en silencio, evaluar daños, reunir pruebas y esbozar un nuevo trazado en el que estuvieran contenidas las huellas materiales y espirituales de una tragedia que trastocó la geografía y el carácter de la ciudad”, añade Ferrer.
En 2015, 20 años después del atentado, ocho mil vecinos lograron la aprobación de la ley en el Congreso que reconocía las indemnizaciones por los daños.
El año pasado, se aprobó una ley provincial que instituyó el 3 de noviembre como el Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero.
“Existen todavía rastros de la tragedia en la memoria de los riotercerenses y desafíos por desandar”, dice Ferrer, quien gobierna una ciudad que cambió sus hábitos, como el de pasar tres décadas sin pirotecnia en las Fiestas y que trata de evitar sirenas o estruendos.
Los 10 años siguientes a la explosión estuvieron signados por riotercerenses que emigraron y un abrupto freno a nuevos habitantes que elegían esa ciudad por sus características productivas.
Esa tendencia de decrecimiento poblacional hace unos años comenzó a revertirse. Una señal de una sociedad que se las ingenió para reparar esas heridas de noviembre de 1995.
APOYO
Qué ocurrió
El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, se iniciaron en la Fábrica Militar de Río Tercero una serie de explosiones que se extendieron por varias horas.
Víctimas. Siete personas muertas, todas ajenas a la planta. De los 400 operarios, sólo hubo un herido. Más de 300 lesionados en la ciudad.
Daños. Decenas de viviendas destruidas y cientos que fueron seriamente dañadas. Gran cantidad de automóviles destrozados.
Reparación. Se implementó un resarcimiento por vía administrativa desde el Estado. Luego se sucederon reclamos por vía judicial. Restan unas ocho mil indemnizaciones por reclamos de daño moral.
Condenas. Cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares fueron condenados en 2014 por estrago doloso agravado por la muerte de personas. El tribunal concluyó, por unanimidad y con plena certeza, que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y a Croacia. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema. Carlos Menem tenía la causa elevada para un segundo juicio, como único imputado, cuando murió.
