- El contrabando de armamento entre 1991 y 1995 fue probado por la Justicia.
- Aquí, la investigación se inició por una partida que figuraba como destruida pero que había sido embarcada a Croacia.
El 15 de enero de 1997 quedó grabado como punto de partida de una investigación que terminó desbaratando la trama cordobesa en el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador, entre 1991 y 1995, durante la presidencia de Carlos Menem.
Aquel día irrumpió en la escena mediática Luis Tagni, un empleado de la Fábrica Militar de Villa María que había sido cesanteado unos meses antes. En una entrevista con La Voz, Tagni confió que en agosto de 1993 esa empresa había despachado con destino de contrabando un cargamento de 38 toneladas de pólvora. El punto distintivo de la revelación fue que esa pólvora figuraba en un acta de la Dirección General de Fabricaciones Militares como "incinerada por vencimiento".
Luego, se probaría en sede judicial que esos explosivos que se usan en los cañones de 155 milímetros, lejos de ser destruidos habían sido embarcados rumbo a Croacia, junto a miles de toneladas de armamentos de producción nacional que se consumieron en los campos de batalla de la Guerra de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia.
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Ese entramado de actas fraguadas tuvo inmediata ligazón con la Fábrica Militar de Río Tercero, que fue volada el 3 de noviembre de 1995 para ocultar pruebas de aquellos contrabandos de armas. Eso dictaminó la Justicia federal de Córdoba en el juicio de 2014.
Menem logró zafar de aquel juicio porque la Cámara de Apelaciones de Córdoba lo había beneficiado antes con su sobreseimiento. Pero ese fallo fue anulado por otro tribunal de alzada y el actual senador nacional enfrentará un juicio en soledad en 2021.
Las ventas clandestinas representaban contradicciones flagrantes: tanto en la guerra europea entre croatas y serbios como en la batalla en la “Cordillera del Cóndor” entre Ecuador y Perú, Argentina era miembro de foros internacionales que habían refrendado acuerdos por la paz y por los que se impedía proveer material bélico para ambos conflictos.
La carga probatoria
Pero volvamos a la pólvora de Villa María. La denuncia de Tagni motivó que la entonces fiscal federal de Bell Ville, Mercedes Pérez, abriera una investigación de oficio. El expediente fue tramitado por el juez federal Edgardo Filippi, quien al cabo de varios meses logró desentrañar la trama cordobesa del contrabando de armas, con la Fábrica Militar de Río Tercero como centro clave en la producción, acopio y despacho de materiales bélicos de distinto porte.
El juez armó un rompecabezas que desnudó lo que se pretendía tapar. La pólvora jamás fue incinerada y viajó al puerto de Buenos Aires de forma simultánea a un convoy de 18 camiones de una empresa de transporte privada que partió de Río Tercero con cañones, obuses y miles de proyectiles.
Muchos de esos armamentos habían salido de arsenales del Ejército, cuya jefatura estaba a cargo del general Martín Balza. En los talleres de Río Tercero se les borró el escudo del Ejército Argentino y se los alistó para la venta.
En agosto de 1993, Filippi dio por concluida su tarea y, por razones de competencia, derivó el expediente a un juzgado en lo Penal Económico de Capital Federal. Ese cuerpo probatorio fue la base de la acusación en el juicio que en 2013 condenó a Menem y a otros exfuncionarios y militares a siete años de prisión.
Sin embargo, el expresidente volvió a zafar: un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal lo absolvió luego con el argumento de que el caso estaba prescripto por “exceso del plazo razonable”.
La pista local del tráfico de armas fue desbaratada por una eficiente exploración judicial (a menudo enriquecida con investigaciones periodísticas) y terminó por ayudar a cerrar el círculo sobre el móvil de la tragedia de 1995 en Río Tercero.
Indemnizar por daños, otra parte de la historia
Los daños provocados en la ciudad por la sucesión de explosiones fueron enormes. Entre 1996 y 1999, el Estado pagó unos 90 millones de dólares (o pesos de entonces) en resarcimientos por vía administrativa, a quienes acreditaran daños en inmuebles y vehículos, o por lesiones o muertes. No faltaron, en esa cadena de pagos, denuncias por pedidos de coimas o por distorsiones en reportes de daños. Ninguna avanzó en la Justicia.
Con el tiempo, miles de demandas judiciales por resarcimientos se fueron sumando. Buena parte de ellas ya tuvieron sentencia favorable. No todas se cobraron aún. Pero queda pendiente una megademanda, patrocinada por un abogado para unas nueve mil personas que reclamaron por “daño moral”. Para esos casos, el Congreso aprobó en 2015 una ley indemnizatoria, que evitaba que ese proceso siga por la vía judicial. De ese trámite, resta aún que se dispongan los prometidos pagos. El año pasado, se calculaba que representaban más de mil millones de pesos.
*Especial
