La causa judicial por la polémica expropiación de YPF llegó el viernes a su fin en los tribunales de Nueva York con la sentencia definitiva de la jueza Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar más de U$S16.000 millones.
La magistrada estableció en su definición, a la que tuvo acceso este medio, que el Estado argentino deberá pagarle U$S14.380 millones al fondo Buford (que compró los derechos para litigar de Petersen Energía) y U$S1.700 millones a Eton Capital.
Las cifras que fijó la jueza del Distrito Sur de Nueva York incluye U$S7.666 millones en concepto de intereses intereses, que seguirán devengándose si Argentina no paga. La administración de Alberto Fernández ratificó que recurrirá a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos y eventualmente a la Corte Suprema.
Sebastián Maril, el especialista en deuda que siguió de cerca el diferendo, señaló días atrás que se trata del fallo más importante de la Justicia estadounidense contra un Estado y alertó que la instancia de apelaciones podría encontrar al fondo Bufort accionando nuevamente contra la petrolera estatal, que Preska corrió de las responsabilidades.
El cierre del caso se formalizó tras la presentación que realizaron los representantes legales argentinos, con la esperanza de reducir el monto a U$S15.100 millones, y apenas después de las críticas que lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Justicia de los Estados Unidos y los “fondos buitre” por el revés contra la expropiación de YPF que se concretó durante su gobierno, en 2012.
“La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación”, fue el mensaje que la Argentina le hizo llegar a la magistrada, a través de una carta del estudio de abogados Sullivan & Cromwell que lleva adelante el proceso de defensa.
El viernes, la vicepresidenta Kirchner interrumpió su llamativo silencio y difundió un mensaje a través de las redes sociales para denunciar que la el “Poder Judicial de los Estados Unidos” resuelve “fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina”.
“Y si no me crees, mira y escucha a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares”, indicó la ex presidenta.
Sus acusaciones recibieron más tarde el respaldo del presidente Alberto Fernández.
Con esta sentencia se cerró el proceso que comenzó en 2015, cuando Petersen Energía y Eton Park (tenían el 25% y el 2,9% del paquete accionario de la compañía, respectivamente) reclamaron (accionistas minoritarios de YPF) reclamaron compensaciones porque, alegaron, el gobierno de Cristina Kirchner violó los estatutos de la empresa que establecían que todos los accionistas debían acceder a las mismas condiciones mediante una oferta pública para entregar sus posiciones.
Con aquella operación, que comandó el entonces viceministro de Economía e interventor de YPF Axel Kicillof, la Argentina consiguió el 51% de la compañía luego de pagarle a española Repsol alrededor de U$S5.000 millones. La reestatización se convalidó también en el Congreso de la Nación,
“Los tarados son los que piensan que el Estado es estúpido y (se debe) comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, dijo entonces Kicillof para desestimar las advertencias.
