La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) renovaron el miércoles pasado (el 27/08) el Plan Preventivo de Crisis (PPC), firmado originalmente el 4 de junio.
Legalmente, se trata de la renovación de lo que dispone el decreto 328/88 a nivel nacional en situaciones de crisis laborales.
El nuevo plazo extiende la medida por 90 días, hasta el 28 de noviembre, con las mismas condiciones que en el acuerdo inicial.
El convenio mantiene la aplicación de suspensiones de manera simultánea, alternada, rotativa, total o parcial para todo el personal, según las “respectivas realidades productivas” de la empresa.
En la práctica, los parates se vienen aplicando de forma masiva los lunes y viernes, salvo para algunos empleados asignados a tareas vinculadas con Embraer. Incluso, dijeron desde fuentes gremiales, las suspensiones “se dan cuando a un jefe se le ocurre”.
Los gremios habían pedido que el plazo se redujera a 60 días, pero terminaron firmando por 90. La primera propuesta de la gerencia era aún más dura: buscaba que se extendiera por seis meses.
Así, el PPC completará medio año, pese a que en un inicio los sindicatos se habían negado a aceptar ese horizonte.
La situación financiera de la fábrica es crítica. Su presidente, Julio Manco, reveló que la empresa registra un déficit operativo de dos millones de dólares mensuales, lo que equivale a unos 100 mil dólares diarios.
El abogado, que asumió la conducción a comienzos de año, lo explicó en junio cuando trazó una cruda radiografía de la situación económica y financiera ante la Comisión de Defensa de Diputados, donde acompañó al ministro Luis Petri.
Desde su llegada ya enfrentó un pago parcial de salarios en abril, el cierre temporal de la fábrica por incidentes gremiales y la firma (y ahora la renovación) de un PPC.
En ese momento, Manco admitió incumplimientos contractuales con la Fuerza Aérea por 53 millones de dólares, correspondientes al programa del avión escuela IA-100 Malvinas.
El modelo fue anunciado en 2021 con un plan de entre 35 y 40 unidades, pero hasta ahora solo se completó uno, que voló en dos ocasiones.
El titular de Fadea precisó además que el pasivo corriente asciendía a 19 millones de dólares, deuda que incluye reclamos de proveedores.
Salarios y compensaciones
Uno de los puntos centrales sigue siendo la cobertura económica para los suspendidos. Fadea se comprometió a pagar una suma no remunerativa equivalente al 80% del salario neto. En las primeras negociaciones, la empresa había ofrecido solo el 50%.
Además, quienes concurran a trabajar perciben el adicional por presentismo. Hasta ahora, los empleados reconocen que los pagos se están realizando en tiempo y forma.
El acuerdo también incluyó una “retribución por movilidad” equivalente a dos boletos del transporte urbano de pasajeros, completa para mayo y proporcional a los días trabajados a partir de junio de 2025. Ese monto ronda los $ 70.000 mensuales.
En paralelo, se aseguró la continuidad de los aportes y contribuciones previstos en las leyes de obras sociales (23.660 y 23.661), así como el depósito de las cuotas sindicales.
Los días de suspensión no afectarán el cobro del aguinaldo.
Proveedores en alerta
Aunque los salarios están al día, la empresa arrastra problemas con el pago a proveedores, que vienen sufriendo demoras en los cobros.
Esta situación había sido denunciada en mayo de este año. En ese momento, fuentes de la empresa y del sector proveedor, decían que la deuda total ascendía a 16 millones de dólares.
Se dijo que a esa fecha, el atraso era de más de cinco meses.
Aunque para una estructura del tamaño de Fadea ese monto no era necesariamente inmanejable, el deterioro conviertía esa cifra en un problema mayúsculo.
Los planes del Gobierno
El pasado miércoles, y en una sesión marcada por la tensión política, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió en Diputados sobre la situación de Fadea.
El funcionario buscó transmitir tranquilidad respecto del pago de salarios y la continuidad operativa, aunque admitió que la empresa aún no alcanzó el equilibrio económico-financiero y atraviesa un proceso de saneamiento en el marco de la reforma del Estado.
Francos aseguró que los haberes estaban al día y que no existían deudas con el personal.
El Gobierno presentó además los lineamientos del “Plan de Negocios 2025–2030”, que apunta a garantizar sostenibilidad económica, innovación y alianzas estratégicas.
Se proyecta una dotación base de 880 empleados, sin despidos masivos pero con reestructuración y contrataciones selectivas en áreas críticas. Y la posibilidad de una privatización parcial.
“El crecimiento dependerá de los contratos internacionales”, remarcó Francos.
Francos también confirmó que no hay negociaciones formales con la Provincia de Córdoba sobre el futuro de Fadea, aunque sí conversaciones generales con distritos interesados en absorber operaciones de empresas públicas.
