La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y le permite tramitar la apelación de la sentencia condenatoria del pago de U$S 16.000 millones por la nacionalización de YPF sin entregar el 51% de las acciones de la compañía como había dispuesto la jueza de primera instancia, Loretta Preska.
Además, el tribunal decidió que el país puede apelar el fallo de Preska sin tener que entregar garantías.
El tribunal se había reunido el martes pasado, pero la resolución se conoció este viernes.
La información fue confirmada por la Procuración de Tesoro de la Nación, quien añadió que también se autorizó la participación como amicus del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había apoyado la posición argentina.
“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, afirmó la Procuración.
Añadió que “la decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente”.
En esa línea afirmó que “no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023”.
La Procuración sostuvo que el fallo desfavorable al país es “consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación”.
En el mismo sentido, sostuvo que “durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron”.
Durante las últimas semanas los beneficiarios del fallo habían dejado trascender que estaban en condiciones de sentarse a dialogar una opción de pago, pero el gobierno de Milei se negó.
Cabe apuntar que la administración de Donald Trump presentó un escrito ante el tribunal en favor de la posición argentina, cuestionando la decisión de Preska de utilizar la entrega de acciones como forma de pago.
Ese documento planteó el principio de inmunidad soberana extranjera. Explicó que la FSIA (una norma local) creó excepciones limitadas para propiedad en los Estados Unidos de un estado extranjero, pero no eliminó la inmunidad para la propiedad extranjera ubicada fuera de Estados Unidos.
Por otro lado, Argentina pretende que la justicia investigue la forma en que durante el gobierno de Cristina Fernández ingresó a la compañía la familia Eskenazi.
La defensa argentina sostiene que esa sesión fue irregular y que de allí derivó el juicio contra la compañía.
