Recientemente, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba declaró la nulidad de la intervención de la firma cordobesa Mackentor durante la dictadura cívico militar al determinar que hubo “usurpación agravada como crimen de lesa humanidad”.
Ahora, se viene una segunda etapa de ese proceso oral durante la cual deberán estipularse los daños sufridos por la firma y quiénes eventualmente deben responder por ellos.
En 1977 el titular del 3° Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez dispuso la intervención de la firma y sometió a toda su cúpula dirigencial a los rigores del terrorismo de Estado.
A lo largo de todos estos años, Mackentor como empresa, los sobrevivientes de ese proceso y sus descendientes han bregado por revertir situaciones de hecho que los privaron de la sociedad y sus beneficios. Designado en su momento por quien era presidente de Mackentor, Natalio “Talo” Kejner, el abogado Juan Carlos Vega viene batallando durante años en Argentina y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conseguir justicia.
Sabido es que el año pasado un fallo de Casación Penal (como así también de la Corte Suprema y la CIDH) ordenaron que la Justicia Federal de Córdoba reviera parte de la sentencia de La Perla y retomara lo referido a Mackentor.
En setiembre pasado el TOF1 -con la nueva integración de Carolina Prado (presidenta), Facundo Zapiola y Cristina Giordano- inició el debate oral que hace pocos días terminó con un primer decisorio en el cual se declararon las nulidades de: la intervención judicial de la empresa, la rescisión contractual de la adjudicación que la empresa tenía para hacer el acueducto Villa María - San Francisco y la quiebra que se tramitó en la Justicia provincial.
Ahora, tras la feria judicial de invierno, el TOF1 retomará las audiencias y en una segunda etapa deberá determinar cuáles son los daños y quiénes eventualmente deben responder por ellos.
Vega sostiene que la constructora Supercemento debe responder por la anulación del contrato de adjudicación del acueducto Villa María - San Francisco por haber sido la beneficiaria de esa obra, a la que accedió por adjudicación directa de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), en épocas de dictadura.
De igual modo, con relación a la quiebra de Mackentor que se tramitó en la Justicia provincial, sostiene que será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quien deba responder por los perjuicios que sufrió la firma usurpada por el trámite concursal. Habría unos 30 millones de dólares de activos privados a la empresa.
“No queremos que sea el ‘Estado bobo’ el que responda por esto”, sostuvo a La Voz el querellante, quien asegura que ya envió notificaciones a Supercemento y al titular del TSJ Luis Angulo para comunicarles el resultado de la reciente sentencia. “Vamos contra ustedes”, resumió Vega que fue su mensaje.
El próximo 23 de julio se lerán los fundamentos de este primer incidente del proceso oral, para pasar luego a la estimación de los daños sufridos por la empresa y la determinación de quiénes serían sus responsables.
Vega anticipa que junto con quien lo asiste en la querella, el letrado porteño Eduardo Barcesat, desistirá de la evidencia pericial de daños, porque “las nulidades declaradas en esta primera etapa son pruebas suficientes de los daños causados a Mackentor y de los responsables, Supercemento y el Poder Judicial de Córdoba”.
Adelantó, en cambio, que mantendrán la prueba de un informe del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas en el que se indican los daños sufridos y está pendiente todavía un informe de la Facultad de Ciencias Económicas.
Proceso sin precedentes
El abogado querellante opinó que este proceso “es un caso único en el sistema interamericano, no sólo en el argentino, por muchas razones”.
Relató que en abril de 1977 Menéndez declaró la intervención militar “por ser (la empresa) sostén financiero de la subversión” y siete días después se dispuso la intervención judicial. Los 27 directivos de la firma dedicada a obras viales e hidráulicas fueron detenidos ilegalmente en centros clandestinos -con los rigores del caso- y sufrieron varios consejos de guerra.
Vega asegura que el “certificado de defunción” de la empresa fue apartarse de la Cámara Argentina de la Construcción en 1973 cuando sus directivos denunciaron que esa entidad era un “loteo de obras públicas, sobrecostos, corrupción y lavado” de activos.
Otra particularidad que caracteriza a este proceso como único, según Vega, es que la prueba del juicio determinó la aparición de complicidades judiciales y los grupos económicos que se beneficiaron con la intervención de Mackentor. “Estos son dos hechos singulares de la historia de los derechos humanos de Argentina”, completó el querellante.
De igual modo, el abogado enumeró la “codicia por dinero” como elemento característico de la causa, con la aparición de empresas que accedieron a los beneficios de la intervención de la empresa cordobesa.
La sentencia La Perla, que había excluido a Mackentor, fue anulada en ese tramo por la Sala 4 de Casación Penal y sus vocales apartados del TOF1 para resolver ese incidente.
Previamente, la CIDH se había pronunciado respecto de “declarar la responsabilidad internacional de la República Argentina por plurales violaciones a los derechos humanos” con relación a las víctimas de Mackentor.
“Supercemento SA se quedó con todos los activos de Mackentor por decisión de OSN”, comentó Vega, quien amplió que el entonces titular de ese organismo -Ignacio Pilatti- había sido vicepresidente de Supercemento.
Refiriéndose a los largos años de litigio en diversos organismos nacionales e internacionales, Vega lanzó una definición: “El negacionismo del presidente (Javier) Milei es repudiable desde todo punto de vista, como también lo fue la utilización espúrea de los derechos humanos por una parte del kirchnerismo”.
“En el correcto lugar”
Sobre esta seguidilla de cuatro sentencias favorables a la querella (CIDH, Corte Suprema, Casación y TOF1), Vega sostuvo que “colocan a los derechos humanos en el correcto lugar del que nunca debieron salir”. Para más, abundó: “Ni el negacionismo prepotente y autoritario del presidente Milei, ni el panfletismo político partidario del kirchnerismo”.
Al respecto, Vega ejemplificó que la sentencia en la causa “Vialidad” por la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner “es el mismo modelo que usaba OSN para adjudicar con sobrecostos a empresas amigas de la dictadura grandes obras públicas”. “Todo con el respaldo de la Camara Argentina de la Construcción”, concluyó.
