La medianoche del 17 de agosto se erige como un plazo crucial para el destino judicial y político de la expresidenta Cristina Kirchner. Esta fecha marca el límite establecido por la Cámara Nacional Electoral para la presentación de candidatos a legisladores nacionales con vistas a las elecciones generales del 26 de octubre.
La atención se centra ahora en la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir sobre el recurso de queja presentado por Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad, donde fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si el máximo tribunal rechaza su recurso antes del 17 de agosto, la condena se hará efectiva, impidiéndole presentarse como candidata.
Esta situación contrasta con la estrategia que en su momento empleó el ex presidente Carlos Menem, quien buscó ser senador nacional para evitar la prisión. En el caso de Cristina Kirchner, incluso una candidatura a diputada provincial no ofrecería las mismas garantías de inmunidad ante una detención, según algunos juristas.
Mientras tanto, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitirá su dictamen antes de fin de mes. Deberá pronunciarse sobre el recurso del fiscal de cámara Eduardo Villar, quien solicita una pena de 12 años de prisión y la adición del delito de asociación ilícita al de fraude al Estado.
Fuentes judiciales señalan que el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti estaría inclinado a una rápida definición del recurso de queja. Sin embargo, sus colegas priorizarían un análisis “lo más prolijo posible” para evitar posibles fisuras legales ante futuras presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una fuente cercana a los tribunales afirmó: “Todo se lee tres veces para producir un fallo profesional, serio y sin fisuras legales”.
El ex juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, en diálogo con Clarín, explicó que el máximo tribunal sí puede resolver antes del 17 de agosto. Sin embargo, aclaró que la Corte no puede revisar cuestiones de hecho, prueba y derecho común, sino que su intervención se limita a la existencia de una cuestión constitucional. Maqueda señaló que, en su criterio, la condena contra Cristina Kirchner ya cuenta con el doble conforme exigido por tribunales internacionales, dado el fallo del Tribunal Oral y la confirmación de la Cámara de Casación, además de que no se permitió la elevación de un recurso extraordinario.
Maqueda también indicó que un recurso de queja es generalmente “mucho más débil ante la Corte” que un recurso extraordinario. Tras la opinión del Procurador Casal, el expediente regresará a la secretaría de penal y luego circulará por las vocalías de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti. El tiempo de permanencia en cada vocalía, según recordó Maqueda, era un acuerdo interno que no debía superar los tres meses si existía una cuestión constitucional.
No obstante, si tras el análisis de la secretaría, el procurador y las vocalías se concluye que no hay una cuestión federal, el trámite debería ser “muy rápido”, implicando que no habría motivos para apartarse de la sentencia de la Cámara de Casación. En contraste, si se identifica una cuestión constitucional, el proceso podría extenderse, entrando en juego los plazos de hasta tres meses por vocalía.
Maqueda recordó que en las condenas del caso Ciccone, la Corte rechazó los recursos del ex vicepresidente Amado Boudou de forma rápida y aplicando el artículo 280 del Código Procesal, es decir, sin necesidad de argumentar.
La condena contra Cristina Kirchner fue dictada por el Tribunal Oral Federal el 4 de diciembre de 2022, lo que significa que a fin de año se cumplirán 3 años sin que la pena se ejecute. El panorama político y judicial argentino se mantiene expectante ante la resolución de la Corte Suprema, que definirá si la exmandataria podrá participar en los próximos comicios o si deberá enfrentar las consecuencias de su condena.
