Hubo esta semana un par de hechos de alto impacto nacional en materia de transparencia, como la frustrada sesión en Diputados de la Nación para tratar el proyecto de ficha limpia y la detención del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, que nos permiten medir la distancia de Córdoba respecto de lo que ocurre en otros ámbitos del país en materia de lucha contra la corrupción
Empecemos por el más sencillo: la resistencia de una parte de la corporación política a tratar un proyecto bien conciso que se limita a señalar que los condenados por corrupción y otros delitos no pueden volver a ser candidatos a ocupar cargos en el Estado.
El antecedente de Córdoba nos permite ver cómo la discusión no pasa por si el proyecto nacional apunta a impedir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, condenada ya en segunda instancia por hechos de corrupción, sino que es algo más global, de acción preventiva.
Es que la Legislatura de Córdoba tiene proyectos de ficha limpia hace nada más ni nada menos que cuatro años. Un puñado de artículos que no requieren ser un jurista de nota para analizarlos y tratarlos. Pero la coalición oficialista que encabeza el peronismo cordobés se las ha ingeniado para mantener la iniciativa cajoneada todo este tiempo.
El proyecto de un grupo de legisladores radicales en 2020 sostenía la inhabilitación para candidaturas y cargos en el Ejecutivo de las personas con “sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Y enumeraba los delitos: “Cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; delitos contra la seguridad de la Nación, contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y contra la libertad”.
El peronismo de Hacemos Unidos por Córdoba tenía los dos tercios de aquella Legislatura en el último mandato de Juan Schiaretti y siempre encontró argumentos para ir postergando el tratamiento, como análisis más detallados y cuestiones más urgentes, entre otros.
La oposición, dividida y en abierta minoría, intentó una sesión especial en diciembre de 2020, pero el oficialismo no dio cuórum. La agenda de temas era mucho más candente y al día siguiente en la sesión ordinaria se transformó en ley el “Día provincial de la pelota de fútbol”.
Al año siguiente, en plena campaña para la elección nacional de medio término, las candidatas peronistas a senadora y diputada, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, firmaron un compromiso ante la Pastoral Social de la Iglesia Católica de aprobar en el Congreso la ley de ficha limpia. Este miércoles, Natalia de la Sota fue una de las que, con su ausencia en el recinto, abortaron el tratamiento de la ley en el Congreso.
Aquel gesto en campaña de 2021 no alcanzó para tratar en la Legislatura la ley provincial. Tampoco se hizo en 2022 y en 2023, pese a las insistencias opositoras y a que la pelota de fútbol ya tenía su día.
En 2024, elección del año pasado mediante, cambió la composición de la Unicameral y se pasó a una situación de paridad oficialismo-oposición. El proyecto siguió cajoneado, aunque aparecieron algunas iniciativas del partido gobernante con curiosos detalles, como que excluye los cargos del Ejecutivo entre los inhabilitados, con lo cual un condenado en segunda instancia por corrupción no podría ser legislador pero sí ministro.
Diferencias
La otra novedad en materia de transparencia de esta semana fue la detención de Sergio Urribarri, condenado sin sentencia firme por corrupción.
Al exgobernador de Entre Ríos lo culparon hace dos años y medio por una serie de hechos. Los más importantes: uso de fondos públicos para promoción personal, montaje de empresas de allegados y familiares para prestar servicios y vender bienes al Estado, la cartelización de esas empresas para repartirse las contrataciones públicas, y el cobro de coimas en esos contratos.
Lo que sorprende no es que Urribarri esté condenado y preso. Lo que sorprende es que sea el único gobernador o funcionario de alto rango en esa situación. Las conductas por las que fue juzgado se extienden a lo largo y ancho de la Argentina.
También sorprende la conducta de la Justicia entrerriana y la valentía de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche de llevar adelante el proceso, lo que le costó la persecución del poder político y su destitución.
Para terminar la distancia de Córdoba con Entre Ríos, vale consignar que el Fuero Anticorrupción en nuestra provincia se encamina a cumplir 25 años sin ninguna elevación a juicio de causas que involucren a personajes en ejercicio del poder.
