El sector comercial de Córdoba trazó diferencias respecto de la decisión del Gobierno nacional de eliminar el aporte obligatorio a las cámaras empresariales para financiar proyectos de capacitación y funcionamiento.
El cambio reglamentario fue impulsado por el gobierno nacional a través del Decreto 149/2025, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a pedido de una entidad que aglutina al comercio mayorista de Buenos Aires y algunas provincias.
Según el funcionario, el aporte obligatorio por parte del empleador al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), alcanza a 1.2 millones de trabajadores y este mes se incrementó a $ 4.725,02 por cada trabajador.
Ese aporte, siempre según la versión oficial, representaría una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año.
La cuota, homologada en el marco del convenio mercantil, involucra el 0,5% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial y, lógicamente, al ser un porcentual, sube con cada negociación paritaria y lo paga la patronal, no se lo descuenta de los salarios.
Pero la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) expresó su total desacuerdo con el decreto nacional. “Absolutamente, no apoyamos. Estamos en todo nuestro derecho de tener un fondo para capacitación que se viene usando correctamente en Córdoba”, indicó José Viale, presidente de la entidad, ante una consulta de La Voz.
Ese aporte tendrá 90 días para convertirse en “voluntario”, pero Viale cuestionó la injerencia del Estado, por presión de otras organizaciones, en un asunto que está totalmente vinculado con la representatividad de las cámaras sectoriales.
Desde su irrupción, hace una década, los fondos que aporta el Inacap ha servido para dar capacitación a 130 mil personas. “Solo durante el año pasado, 11.500 personas pasaron en Córdoba por estas capacitaciones, los tenemos registrados uno por uno”, comentó Viale. Según estimaciones, la Federación Comercial de Córdoba habría capacitado una cifra similar.
“No podemos desconocer que algo de estos recursos se usan para fortalecimiento institucional, previsto por la normativa, pero los comerciantes no tienen ningún problema con ese aporte que es mínimo y que no ha merecido objeciones de parte de nuestros asociados”, agregó el dirigente.
Viale coincidió con el propósito del gobierno de Javier Milei de bajar los gastos de las empresas, pero remarcó que antes que ese aporte deberían reducir el IVA, Ganancias o Ingresos Brutos, que sí pesan en los gastos de las Pyme.
Sturzenegger hizo lugar con el decreto a un pedido de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) que expresó la “necesidad de terminar con este tipo de cajas obligatorias que incrementan el costo argentino”.
Según Cadam, “no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)”.
Pero Viale recalcó que en el caso de Córdoba, esas erogaciones “son rendidas al milímetro”. “Nadie nos expresó sentirse molesto por el Inacap que permite capacitar a socios y no socios, en temáticas como computación, inglés, manejo de cajas, recursos humanos, etcétera”.
Esta medida, acelerará una movida del comercio cordobés que ya se había iniciado semanas atrás: pedir que los aportes al sistema de información comercial (conocido como Sifcos) vuelvan a ser manejados por la Secretaría de Comercio de la Provincia.
Originalmente los recursos eran administrados por esta cartera, pero luego pasaron a rentas generales. La intención es que vuelve a disponerse de esa partida para capacitación. “Formar gente necesita de recursos, y no se puede dejar algo tan significativo solo a contribuciones voluntarias”, redondeó Viale.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio expuso que el Inacap ha permitido la capacitación de más de 8 millones de personas en el país, “atendiendo a las necesidades particulares de las diversas ramas de la actividad y de las distintas zonas geográficas”.
“Las formaciones en cuestión, en un proceso de actualización y mejora continua, permitieron incrementar las calificaciones de empresarios y trabajadores, favoreciendo no solo la competitividad de las empresas, sino también el desarrollo personal de los estudiantes”, recalcó.
Recordó que la normativa que regula su funcionamiento establece también otros propósitos, “como fomentar la interacción con los distintos organismos del Estado en todos sus niveles, la promoción de la actividad comercial y el fortalecimiento del desempeño de las entidades empresarias en sus diversos grados”. “En definitiva, explicó la CAC, sostener el núcleo de la actividad gremial empresaria”.
Al respecto, “puede afirmarse que los recursos del Inacap no solo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para cientos de cámaras empresarias de toda la Argentina, que de otro modo probablemente no podrían subsistir”.
