En un nuevo capítulo de la saga judicial que envuelve al PRO en la provincia de Córdoba, la Justicia Electoral Federal finalmente suspendió, por segunda vez, la intervención del distrito.
Las recientes resoluciones de la Cámara Nacional Electoral y de la Secretaría Electoral a nivel nacional demuestran la complejidad y la agilidad con la que el fuero judicial está tratando los desafíos internos del partido, especialmente ante la inminencia del cronograma electoral.
El pasado 5 de agosto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución, a pedido de Oscar Agost Carreño, quien había solicitado una cautelar (a través de una “tutela inhibitoria”) contra la nueva intervención del PRO, dispuesta el 31 de julio por Mauricio Macri.
La Cámara fue clara: dado que la intervención partidaria anterior ya había sido declarada inválida por ellos mismos el 22 de julio (mediante una sentencia con “pleno efecto ejecutorio”), y que esta “nueva intervención” del 31 de julio aún no se había “efectivizado”, la CNE consideró que no correspondía en ese momento expedirse sobre la tutela solicitada.
Sin embargo, en un gesto que sentaría las bases para la siguiente decisión, la CNE ordenó hacer saber el contenido de la presentación de Agost Carreño al Juzgado Federal Electoral de Córdoba y remitir una copia al de Capital Federal, subrayando la “inmediatez de próximos vencimientos de plazos en el cronograma electoral en curso”.
La segunda resolución
Fue precisamente esta comunicación de la CNE la que llevó a la Secretaría Electoral de Capital Federal a intervenir decisivamente. En una resolución posterior, fechada el 6 de agosto, la jueza María Servini, con competencia electoral, resolvió la solicitud de medida cautelar de Agost Carreño.
La presentación de Agost Carreño buscaba que se declarara ineficaz la “nueva intervención” del PRO Córdoba y que se intimara al partido a abstenerse de innovar, y a reponer a las autoridades locales restituidas por la propia Cámara Nacional Electoral el 22 de julio.
Es decir, darle de nuevo el control del partido a Agost Carreño.
El tribunal de Capital Federal analizó la situación y encontró mérito en la petición de Agost Carreño. Destacó que la CNE ya había revocado una sentencia anterior de ese mismo tribunal (el 22 de julio), declarando la invalidez de la primera intervención porque la convocatoria a la reunión del Consejo Directivo carecía de un orden del día que permitiera conocer el temario a tratar.
Lo crucial es que el juzgado advirtió que la nueva Acta del Consejo Directivo Nacional del 31 de julio, que supuestamente “re-intervenía” Córdoba, “reproduce el acto anulado” por la Cámara Nacional Electoral.
La descripción del punto 4 del orden del día, que mencionaba “Situación del PRO Córdoba, La Rioja y Santa Cruz”, sin mayores detalles, no resultó suficiente para subsanar las falencias formales ya señaladas por el superior.
Considerando la “verosimilitud del derecho” de Agost Carreño y el “peligro en la demora” (especialmente ante los inminentes plazos electorales como la fecha límite para formar alianzas el 7 de agosto y para presentar candidatos el 17 de agosto), la magistrada resolvió hacer lugar a la medida cautelar .
En consecuencia, suspendió los efectos de la última intervención.
Lo que sigue
“No le dieron la razón a Agost Carreño. Lo que hizo la Justicia es ordenar la suspensión de la segunda intervención, mientras se resuelve la impugnación de esa intervención”, dijeron desde el ala legal del macrismo en Córdoba.
“Una cautelar no da una respuesta definitiva a la cuesión de fondo”, agregaron.
Desde este sector, habían adelantado que quieren ir con una alianza, pero ahora deberán esperar.
Por el lado de Agost Carreño, el diputado regresó a Córdoba este jueves (después de la maratónica sesión el miércoles en el Congres) con el objetivo de interiorizarse sobre las medidas de la Justicia.
En este escenario, y ante lo inminente del cierre de alianzas, será el propio Agost Carreño quien tendrá “la lapicera” para definir el futuro del PRO en las próximas elecciones.
