“Te vamos a hacer bosta. Sabemos a dónde vivís. Te vamos a matar, che vieja cu.....” fue la primera expresión que escuchó la mujer que denunció a Franco Gabriel Saillén y a otros dos dirigentes del gremio de recolectores de basura (Surrbac). Luego, señaló que el propio Franco le gritó: “Te vamos a hacer bosta”.
La presentación fue hecha el 18 de julio pasado por una trabajadora de la limpieza con militancia en el respectivo sindicato, Soelsac. Esto fue varias semanas antes de que se produjera el asesinato de Gabriela Stefi Pérez (24), cuando se desarrollaba un acto del Soelsac, el mediodía del pasado sábado 9 de setiembre, en el club Yapeyú del barrio homónimo.
Desde ese crimen que investiga exclusivamente la fiscal Silvana Fernández, las denuncias por agresiones entre gremios parecen haber recobrado impulso. Por instrucción especial del Ministerio Público las causas por amenazas y otros hechos violentos que se habían denunciado en diversas fiscalías han sido destinadas a otras dos fiscalías que comenzaron a agruparlas: la de Patricia García Ramírez, con tres, y la de Guillermo González, con seis. Entre ambos, conforman una “unidad de investigación” sobre estas denuncias de agresiones intergremiales.
Entre estas seis que tiene González, le ha tocado la que recientemente la fiscal Jorgelina Gutiez analizó sobre la presunta amenaza de Franco Saillén y otros dos militantes. Esa fiscal, por esos hechos, imputó el pasado viernes a estos dirigentes gremiales por “amenazas” y “daño”.
Imputación y restricciones
El hecho descripto en esa presentación sostiene que cerca del club Peñarol (Argüello), durante un reunión del Soelsac, esa tarde la denunciante Norma Yáñez y una compañera militante se conducían en un Chevrolet Corsa. Cuando fueron a subirse al auto, encontraron que estaba roto (o arrancado) el espejo retrovisor derecho. Una vez que advirtieron eso -sostiene la denuncia- se aproximó Franco Saillén y los ahora imputados Matías Ezequiel Romero y César José Alderete Murúa.
En esa situación se produjo el encuentro durante el cual, de acuerdo a la denunciante, se produjeron las amenazas. Luego de haberla amenazado de muerte, Yáñez señala que los hombres dieron un fuerte puntapié en el paragolpes trasero que terminó por quebrarlo. La presentación sostiene que la mujer se sintió atemorizada porque entiende que son “gente pesada”. Agregó que temió por su integridad debido a que Saillén y los otros hombres conocen dónde vive.
Además de imputarlos, Gutiez impuso a Saillén, Romero y Alderete Murúa una restricción de acercamiento a Yáñez, de 100 metros de su lugar de trabajo y de residencia.
Este martes, tras conocerse la imputación, se informó que por resolución de la Fiscalía General, la causa había pasado a manos del fiscal de Distrito I, Turno 2 de Córdoba, Guillermo González. Él agrupa las tres que tenía a su cargo, más la de Gutiez y dos que le remitió José Bringas.
Por su parte, García Ramírez tiene otras tres, una que había archivado por considerar que no había delito por tratarse de un hecho privado, una que denunció Saillén y tiene tres imputados del Soelsac (militantes de segundo rango) y otra que se trata de unas grabaciones que aportó Saillén sin especificar quiénes son los que hablan sobre hechos violentos.
Como se viene informando, Saillén está enfrentado con el titular del Soelsac, Sergio Fittipaldi, por la conducción de ese gremio. El proceso eleccionario se interrumpió luego del asesinato de la trabajadora Gabriela Pérez durante un acto partidario del Soelsac, el sábado 9 de setiembre en barrio Yapeyú.
Tras estas agresiones, Fittipaldi manifestó que había formulado denuncias sobre agresiones y amenazas de parte de Saillén, quien motoriza las acciones de una lista opositora de trabajadoras de Soelsac.
Cuentas pendientes
Las fuentes judiciales sostienen que esta imputación de Franco Saillén por los hechos del 18 de julio no guarda relación con las acciones que desembocaron en la muerte de Gabriela Pérez. No obstante, sí enmarcan esos hechos con la pelea entre Surrbac y Soelsac.
En la Justicia federal, Franco Saillén está involucrado en otras causas en algunas de las cuales está procesado y en otras tiene pedidos de realización de juicio oral y público. En esos procesos están involucrados otros miembros de su familia, entre otros su padre Julio Mauricio Saillén y el número 2 del Surrbac, Pascual Catrambone.
En el fuero provincial, a Catrambone también lo espera un juicio por violencia de género en perjuicio de una expareja, estando pendiente un recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia.
