El Gobierno nacional dijo estar dispuesto a revisar algunos puntos del reciente decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, a partir de los cuestionamientos expresados por distintos bloques del Congreso.
Así lo admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al presentarse este miércoles ante la Cámara de Diputados para informar la gestión de gobierno. “No tenemos ningún reparo para dar respuestas, y acordar si tenemos que hacer alguna modificación”, dijo. El funcionario, de todos modos, rechazó derogar el decreto 780/2024 publicado el lunes, tal como se le reclamó en el recinto.
“Ustedes seguramente comprenderán que no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública”, empezó diciendo Francos. Avisó que daría una “respuesta general”, reconociendo que el tema había sido planteado por varios diputados.
Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal planteó el tema en el recinto. Reivindicó la ley votada durante la presidencia de Mauricio Macri y afirmó que “la reglamentación (dictada por Milei) excede el espíritu de la ley”.
“Es cierto que hay un debate entre lo íntimo y lo público que hasta podemos llegar a compartir; entre lo privado y lo público de un hombre político, del presidente o de los gobernadores o los propios legisladores. Vivimos en un mundo donde la información más temprano que tarde va a llegar”, dijo Pichetto.
El diputado peronista disidente cuestionó la parte del decreto referida a “la limitación al acceso a la información sobre los papeles reservados” como “el intercambio entre ministros”. Explicó que “son los elementos previos que conforman un acto administrativo por lo que deberían ser públicos. Este decreto reglamentario avanza sobre el espíritu de la ley y le pedimos que lo trasmita al Presidente”, le dijo Pichetto a Francos.
La diputada radical Karina Banfi fue directa: “Cuándo va a derogar el decreto y no le pregunto si lo va a hacer o no. Le pregunto cuándo porque es inconstitucional. Viola la división de poderes porque se extralimitó en legislar por decreto”, intimó la legisladora.
“Yo recojo las inquietudes que ustedes han planteado aquí, se las voy a transmitir al Presidente de la Republica”, respondió Francos, aunque aclaró que no van a derogar el decreto.
El jefe de Gabinete dijo que la intención del Gobierno fue “tratar de ordenar el acceso a la información pública, por la cantidad de tarea administrativa que demanda”. Explicó que ese volumen de trabajo se refleja en hasta “700 requerimientos de información que llegan a los ministerios”.
Francos comentó que para redactar el decreto se hicieron consultas a la Agencia de Acceso a la Información Pública y a la Procuración del Tesoro “y no nos pareció que hubiera en todo esto ninguna violación a ese derecho constitucional”.
“Insisto -dijo Francos-: de ninguna forma la intención del Gobierno nacional es poner opacidad a la información pública sino ordenar los pedidos de acceso a la información”.
Abrió, entonces, una puerta para la rectificación: “Si de alguna manera es un tema de inquietud de los diputados, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”.
La presión contra el decreto de Milei llegó al recinto desde distintos lados. El bloque de diputados de la UCR presentó un proyecto de declaración en rechazo a las modificaciones impulsadas por el Gobierno, a las que encuadró como “un nuevo hecho de suma gravedad para la calidad democrática”.
“Solicitamos al Poder Ejecutivo de la Nación que se derogue dicho decreto debido a la vulneración de los principios de libertad de expresión, transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas sobre los que se sostiene la ciudadanía democrática”, dijeron los diputados radicales. “Nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no”, se argumentó.
En igual sentido se movió el bloque de diputados del PRO, pese a su condición de aliado del Gobierno nacional. “Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el bien funcionamiento de nuestra democracia”, puntualizaron los legisladores macristas.
El bloque de Encuentro Federal, además de la intervención de Pichetto en el recinto, también publicó un comunicado contra el decreto, al que señaló como “un grave retroceso institucional al limitar el derecho ciudadano a conocer información clave sobre los funcionarios públicos”.
“Uno de los aspectos más graves es la decisión de colocar bajo reserva toda la documentación previa a la emisión de un acto administrativo. Los documentos de trabajo previos son fundamentales para comprender las decisiones que resultan en decretos o resoluciones emitidos por el Poder Ejecutivo”, explicó EF.
Los “federales” sostienen que el decreto compromete “la transparencia y la rendición de cuentas” de la gestión pública, “al dificultar el acceso a datos sobre el patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios, elementos que deben ser auditados para prevenir la corrupción”.
Otros pronunciamientos
Antes de los cuestionamientos escuchados este miércoles en el Congreso, distintas asociaciones civiles se pronunciaron contra el decreto que modificó la reglamentación de la Lye de Acceso a la Información Pública. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su “preocupación” ante la “inesperada medida”. Para ADEPA, se incorporaron a la reglamentación “excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto ‘interés público’.
“Adepa considera necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos”, solicitó la asociación.
El Foro de Periodismo advirtió que “al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
FOPEA señaló en un comunicado que “debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada”.
“Son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”, indicó el foro de periodistas.
“Ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación”, indicó la Fundación Poder Ciudadano.
“En los últimos años, diferentes pedidos de acceso a la información pública han ayudado a investigar causas judiciales, a alertar sobre comportamientos impropios de autoridades estatales, señalar reuniones entre personas en ejercicio de la función pública y otros sectores que podían configurar un potenciales conflictos de intereses, conocer quiénes accedían a edificios públicos y señalar el mal uso de los recursos públicos”, recordó Poder Ciudadano.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) afirmó que “el Poder Ejecutivo reglamentó de forma restrictiva y regresiva el derecho de acceso a la información pública”.
