La Justicia Federal dictó una medida que prohíbe al Gobierno avanzar con las modificaciones anunciadas para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). La decisión, tomada este martes, detiene la transformación del Inti de un organismo autónomo a uno sin autonomía.
La medida fue adoptada por la jueza federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín. Esta resolución es una respuesta directa a una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Contexto de la reforma estatal: el impacto en el IntiI y otros organismos clave
Esta suspensión judicial llega en medio de una amplia reforma de organismos públicos lanzada por el Gobierno de Milei, oficializada en el Boletín Oficial, que busca reducir el “sobredimensionamiento” de la estructura estatal, optimizar su funcionamiento, disminuir el gasto público y concentrar una “caja” significativa.
Según el Decreto 462/2025 del Poder Ejecutivo, tanto el Inti como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) perderían su jerarquía y autonomía, pasando a formar parte de la Secretaría de Industria y la Secretaría de Agricultura, respectivamente. El Inti, cuyas funciones incluyen la investigación y mejora de técnicas de elaboración de materias primas y el desarrollo del uso de materiales locales, ve su reestructuración mencionada específicamente en el artículo 46 de la normativa.
Estas medidas generaron una fuerte reacción por parte de los trabajadores. Empleados del Inti realizaron una asamblea multisectorial y cortaron un carril de la Avenida General Paz en protesta contra lo que consideran un “desguace” del organismo y una amenaza para unos 700 empleos. La tensión escaló con la intervención policial, lo que un dirigente de ATE calificó como una “declaración de guerra” por parte del Gobierno.
La reestructuración del Ministerio de Economía no se limita al Inta y al Inti. El decreto también estableció la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y la eliminación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Además, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) será transformado, y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) será desconcentrado. Estas reformas buscan centralizar y ajustar la administración pública bajo la órbita del Ministerio de Economía.