Ante el dilema que atraviesa la UCR sobre cómo pararse frente al “mega DNU” del presidente Javier Milei, que se votaría esta semana en el Senado, el titular del partido, Martín Lousteau, envió una señal en contra de la medida.
Lo hizo a través de un comunicado con el sello del Comité Nacional y la Convención Nacional, los máximos órganos de decisión del radicalismo, donde se exhorta a los legisladores del partido a “defender la Constitución”.
El pronunciamiento se conoció este lunes luego de que, tal como adelantó La Voz, un sector de la UCR reclamara una definición orgánica frente al debate del decreto, que divide aguas entre quienes están a favor y en contra.
“El Comité Nacional y la Convención Nacional de la UCR exhortan a sus legisladores nacionales a promover y defender los principios históricos de nuestro partido”, arranca el comunicado.
Allí se afirma que “dadas las circunstancias actuales, los máximos órganos de la UCR instan a sus representantes en la Cámara de Diputados y el Senado a tomar posturas, promover y votar todas aquellas iniciativas” que cumplan con determinados requisitos.
El primero de ellos, leído como un guiño contra el DNU, es que las medidas “cumplan con apego absoluto la letra y el espíritu de la Constitución Nacional a los efectos de preservar los valores rectores de nuestra democracia y el principio republicano de la división de poderes”.
También instan a acompañar disposiciones que “generen una recomposición de las jubilaciones y pensiones, y una fórmula que garantice que ningún jubilado pierda poder adquisitivo hacia adelante”.
En este sentido, la UCR debe definir si aporta al quórum en la sesión pedida para este miércoles por Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, con el fin de tratar un proyecto de la Coalición Cívica que establece una nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones.
Por otra parte, la conducción del radicalismo llamó a acompañar medidas que “aseguren las autonomías provinciales y su genuina capacidad para brindar bienes y servicios públicos imprescindibles para los ciudadanos”.
Y por último, aquellas que “defiendan la educación pública, laica, gratuita y de calidad en todos sus niveles” y que “promuevan el trabajo formal y reduzcan la incertidumbre para las pymes con seguridad jurídica tanto para empleadores como para empleados”.
