En un hecho infrecuente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desplazó al jefe del Departamento Occidental, Rodrigo Valdés, tras haber sido acusado por el presidente Javier Milei de poner trabas en la relación entre el país y el organismo.
Si bien ante los primeros cuestionamientos de Milei, el FMI había ratificado a Valdés, tras el receso vacacional del verano boreal la cúpula del organismo decidió correr de las negociaciones al funcionario chileno.
La medida es inédita para la estructura del FMI y significa un logro del Gobierno argentino que pudo comprobar las acusaciones que hizo sobre Valdés.
Respaldo político del FMI hacia Milei, pero aún sin apoyo financiero
La disputa se inició hace un par de meses cuando Milei tildó de “zurdo” alineado con el “Foro de San Pablo” al jefe del Departamento Occidental y en lo puntual de la negociación se le reprochaba que “por su ideología” no comprendía los lineamientos y los objetivos del plan económico que había encarado el país: “No quiere el bien para la Argentina”, aseguraban en el Gobierno.
“Para apoyar de la mejor manera el compromiso constructivo con las autoridades argentinas, el director del Departamento de la Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, ha delegado completamente las negociaciones del programa a Luis Cubeddu, el subdirector del Departamento de la Hemisferio Occidental y Ashvin Ahuja, Jefe de la Misión para Argentina, cuyo trabajo está siendo supervisado por las autoridades del Fondo”, anunció este miércoles la portavoz del organismo Julie Kozack desde la sede de Washington.
En la Casa de Gobierno interpretaron la decisión como “un gesto de buena predisposición” y confían en que a partir de ahora “la relación que venía trabada comience a fluir de otra manera”. En la práctica, la presencia de Valdés complicaba las negociaciones porque no compartía el rumbo y en consecuencia se dilataban todas las conversaciones. Pero en la Casa Rosada también tienen cuestionamientos personales: “Era el que filtraba temas sensibles y operaba contra Milei”, lanzaron.
Ahora se abre un panorama distinto de cara a las próximas negociaciones, pero por el momento no hubo mayores señales por parte del organismo.
Cabe aclarar que por estas horas Cubeddu ya está al frente del caso argentino ya que se está desarrollando la auditoría correspondiente a la novena revisión del acuerdo en curso, la cual está al margen de cualquier programa alternativo y que no tiene previsto un nuevo desembolso como contrapartida.
La vocera del organismo adelantó que las metas estaban cumplidas y confió en que el Gobierno continuará implementando las medidas necesarias para bajar la inflación y apuntalar “la incipiente” recuperación económica.
En cambio, Kozack eludió la respuesta cuando fue consultada acerca de la posibilidad de que se inicien negociaciones para un nuevo programa que incluya fondos frescos, que resultó el eje de la controversia con Valdés.
El factor clave en esta disidencia es el manejo del mercado cambiario. Según trascendió el FMI, no estaría dispuesto a darle más plata a la Argentina en un contexto de posible atraso cambiario y de intervención en los mercados de los dólares financieros. Si bien comprende la necesidad de que se prolonguen algunas restricciones, la venta de dólares que podrían engrosar las reservas para que el MEP y el CCL no suban es una política que miran con recelo. Enfrente, el Gobierno sostiene que es una condición indispensable para bajar la inflación.
Por otro lado, el anunciado viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Arabia Saudita para explorar la posibilidad de un préstamo para los pagos de deuda de enero de 2025 está en duda.
El segundo aval del FMI al gobierno de Milei fue su respaldo al veto a la ley de movilidad jubilatoria.
“Tomamos nota de los recientes desarrollos en el Congreso y seguimos enfatizando la importancia de alcanzar los objetivos fiscales para apoyar una reducción en la inflación y mejorar la credibilidad política en general”, señaló Kozack.
Añadió que “en este contexto, estamos de acuerdo con los objetivos del gobierno de fortalecer la sostenibilidad general del sistema de pensiones y al mismo tiempo proteger el valor real del sistema de pensiones, especialmente para los jubilados con ingresos más bajos”.
