“No es una función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o garantizar mayor seguridad en la región”. La sugestiva frase aparece en la carta oficial que recibió la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, tras pedir ayuda nacional por los ataques incendiarios de supuestos grupos mapuches que conmocionan a su provincia. La misiva lleva la firma de Alberto Fernández.
En esa carta, el Presidente finalmente concedió a desgano el envío de gendarmes a Río Negro, aunque reiteró que esa asistencia no corresponde y que es la provincia la que debe garantizar la seguridad en su territorio. El planteo presidencial a la gobernadora patagónica ocurrió en la misma semana en que la Nación desplegó seis mil gendarmes y agentes de la Prefectura Naval en la provincia de Buenos Aires para prevenir el delito en las estaciones de tren del conurbano. Son respuestas tan distintas que parecen corresponder a distintos países.
La inequitativa administración de las fuerzas de seguridad federales es un tema tabú de la organización política argentina. Las provincias del interior reiteran los reclamos por la inequidad extrema en el reparto de los subsidios al transporte y por las tarifas mínimas que el Área Metropolitana de Buenos Aires paga en materia de agua y de energía eléctrica. Pero el hecho de que todos los argentinos paguen fuerzas federales que actúan de modo casi permanente para la seguridad interior bonaerense está completamente naturalizado.
Esa regla sólo se pone en cuestión cuando ocurren episodios como los que ahora sacuden a Río Negro, o como el que en diciembre de 2013 ocurrió durante la trágica insubordinación policial en Córdoba. En ambos casos, la distancia política entre las administraciones provinciales y el kirchnerismo quedó en el centro de la polémica. La discrecionalidad partidaria a la hora de decidir el envío de fuerzas nacionales al interior es el otro factor de discordia en estas horas.
Hace dos semanas, Santa Fe comenzó a recibir un total de 575 gendarmes que se instalarán de modo permanente en esa provincia azotada desde hace años por la inseguridad extrema y por los crímenes por encargo asociados al narcotráfico. El acuerdo de la Nación con el gobernador aliado Omar Perotti –fue el primer anuncio de Aníbal Fernández tras asumir en el Ministerio de Seguridad tras las Paso– incluye la radicación a partir de marzo de 2022 de una nueva unidad de Gendarmería Nacional que tendrá mil efectivos permanentes.
Los casos excepcionales en que el Gobierno asiste a las provincias del interior en materia de seguridad –y la rigurosa apelación a la ley de seguridad interior en esos pocos casos– contrastan con la disponibilidad casi permanente de efectivos para el conurbano. La Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval tienen sus comandos en Buenos Aires y asumen roles vinculados a la seguridad interior de modo constante. Durante la cuarentena estricta, también actuó el Ejército en el conurbano. El despliegue de esta semana que incluyó seis mil agentes en las estaciones de tren no es un hecho aislado.
Agentes y recursos
De más está decir que el criterio centralista en materia de seguridad no es exclusivo del kirchnerismo. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta había sido beneficiario de una duplicación de los recursos de coparticipación destinada a financiar el traspaso de los efectivos que conformaron la Policía Metropolitana de Caba. En esos años, el índice de copaticipación de la ciudad –que era del 1,4%– pasó al 3,75%. Se trató de recursos extras que pusieron todos los argentinos para fortalecer la seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
A la hora de fundamentar las razones por las que no correspondería el envío de gendarmes a la provincia de Río Negro, el Presidente apeló a la ley 24.059 de Seguridad Interior. Esa norma establece tres criterios para la intervención de fuerzas federales en las provincias –previa actuación del Consejo de Seguridad Interior–, que son las siguientes: que estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región; que estén gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales o las instituciones, o que se produzca una situación de desastre.
El Gobierno nacional entiende que los reiterados atentados en Río Negro y los conflictos permanentes por la toma de tierras no encuedran en ninguna de esas situaciones. Pero actúa como si de modo permanente estas situaciones ocurrieran en la provincia de Buenos Aires.
