“No hay plata. No hay plata”, avisó casi a los gritos el presidente electo Javier Milei cuando le preguntaron por qué en el 2024 no iba a ejecutar obra pública con fondos nacionales. Ha repetido en la última semana que el equilibrio fiscal no se negocia y que, por lo tanto, recortará lo que haga falta hasta llegar a acomodar las cuentas.
¿Se puede? ¿Así, casi de un día para el otro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de rojo fiscal? ¿Qué tamaño tiene, dónde está?
Entre enero y octubre de este año, el Gobierno nacional (después de coparticipar a las provincias) gastó 27.595 miles de millones de pesos, mientras que recaudó 21.755 miles de millones.
Eso significa que de cada mil pesos que gastó, le faltaron 210. En una familia, no sería sostenible mucho tiempo una estructura de gastos con un agujero del 21%. Si excluyéramos el pago de los intereses de deuda y miráramos solamente el resultado primario, igual sigue faltando plata: el agujero sería del 13%.
Pero el problema en sí mismo no es que haya déficit: al fin y al cabo, la enorme mayoría de los países tiene rojo fiscal. El drama va por otro lado.
Primero, el tamaño. En 1993 el gasto del Estado nacional equivalía al 9% del PBI y hoy está en el 23%. Si se agrega lo que gastan provincias y municipios pasó en los últimos 30 años del 20 al 41,5%: ha sido voraz y ha dejado a cambio un sector privado formal raquítico y agobiado de impuestos. Entonces, como el gasto es alto, el rojo fiscal es muy relevante. Hay que conseguir mucha plata para cubrirlo.
El segundo problema es que no consigue esa plata. En los primeros años se financió con mayor presión impositiva, luego se agregó la deuda y algo de emisión y hoy con mucho impuesto, mucha emisión y mucha deuda. El combo es una inflación al 140% y creciendo.
¿Se puede domar el gasto del Estado? La respuesta es que sí, siempre y cuando sucedan dos cosas: voluntad política y capacidad de gestión para revisar renglón por renglón. Hay poco margen para entrar con motosierra: será una tarea de artesanos del gasto público.
Las circunstancias deberían haber impuesto hace años mayor responsabilidad: desde 1961 a esta parte, apenas en seis años hubo superávit. Siempre la Argentina gastó por encima de sus posibilidades, con el agravante es que en los últimos 20 años agrandó el tamaño del gasto.
Pasando el peine
De esos 27.595 miles de millones de pesos ejecutados hasta octubre, el 34% fue al pago de jubilaciones y pensiones. Históricamente, esa cuenta representaba el 40%: el achique vía licuación de haberes ha sido la manera invisible a la que apeló el ministro Sergio Massa para moderar el descalabro fiscal.
La llegada del actual ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, a la Anses no supone una contribución inmediata al saneamiento fiscal por esta vía en virtud del deterioro real que vienen sufriendo los haberes, en especial aquellos que no recibieron bonos de refuerzo. “No se puede entrar con ajuste”, dicen en su entorno. El orden es urgente, pero los resultados no se verán de manera inmediata.
Sin embargo, hay otra enorme masa de gastos a revisar en prestaciones sociales, que equivalen al 16% del gasto. Acá se cuentan las pensiones no contributivas (3,7% del gasto total), el Potenciar Trabajo (2,8%), la AUH (2%), la Tarjeta Alimentar (2%), las becas Progresar (0,8%) y una multiplicidad de planes que equivalen a casi 5% del gasto total, algunos de ellos en la órbita de Desarrollo Social, que con Milei estarán a cargo del pediatra Pablo de la Torre.
La habilidad de Giordano y equipo en Córdoba ha sido la de pasar el peine fino hasta detectar las ineficiencias en la gestión. La percepción de la Asignación Universal por Hijo, que reciben hoy 4,5 millones de chicos, requiere dos obligaciones: asistir a la escuela y tener las vacunas al día. Ninguno de esos requisitos se revisa con ganas. La mejora no vendrá por el lado del ahorro fiscal, pero sí del beneficio que supone estar en la escuela.
En el resto de las prestaciones la sospecha generalizada es que no están bien asignadas, que se pagan a beneficiarios que no cumplen con las condiciones o se superponen con planes que ejecutan gobernadores y hasta intendentes.
En el renglón de las pensiones no contributivas, especialmente las de discapacidad, hay mucho para revisar. Como para comparar: el gasto en pensiones no contributivas es superior a lo que demandan las transferencias a universidades, que a octubre acumulan 983.460 millones de pesos.
Subsidios bajo la lupa
El otro gran universo de gasto público está en los subsidios económicos: 3.139 miles de millones a octubre pasado, de los cuales el 68% es a energía. Este ítem representa el 11,4% del gasto total y equivale a dos puntos del PBI. Es donde más podría avanzar.
Las tarifas de gas y luz aumentaron la mitad de la inflación promedio, con un atraso fenomenal para el 65% de los usuarios que tienen subsidios, no sólo porque cuentan con ayuda estatal sino porque no aumentó siquiera al ritmo de la inflación o de los salarios la parte que sí abonan, que está congelada hace casi dos años.
Hoy en Córdoba, una boleta residencial N1 (sin subsidios) de 200 kWh al mes abona 15 mil pesos y por el mismo consumo un N3 paga 5.500.
Contará Milei con una enorme ventaja: este verano los costos de generación eléctrica se abarataron por el aporte hidráulico y en el invierno estará operativo el gasoducto para traer gas de Vaca Muerta y reducir las importaciones de gas licuado. Si el costo de generación se modera, tendrá más margen para actualizar tarifas y reducir el déficit en términos reales.
En el caso del gas también hay atraso tarifario entre los residenciales N3: ¿qué pasará con la ley de zonas frías? En junio del 2021 el diputado mendocino José Luis Ramón festejaba revoleando una frazada y gritaba: “La Nación está de fiesta! Terminemos con los agoreros que hablan de los temas técnicos, ¡esta es una ley política!”. Esa ley extendió el subsidio patagónico, que recibían 850 mil usuarios a 3,1 millones: del centro del país hacia el sur.
En ese 2021, el país destinó 5.500 millones a importar gas y petróleo y en el 2022, 12.800 millones. Los dólares que se fueron son las restricciones que hoy nos faltan.
Hay otra cuenta de peso y tiene que ver con el transporte: van transferidos 718.229 miles de millones. Como para tener una perspectiva: son tres Pami. En esta cuenta hay mucho para reducir, especialmente por el atraso objetivo en las tarifas del Amba: la tarifa media técnica del colectivo está en 435 pesos y el ingreso medio real por pasajero es de 37.
El descalabro en los trenes es sideral y no por las tarifas que paga el 1,5 millón de usuarios que se mueve todos los días, sino por el gigantesco tamaño que tomó la operación de los ferrocarriles: allí trabajan 31 mil personas.
El empleador privado más grande de la Argentina es Personal, con 23 mil trabajadores. Los trenes son 35% más grandes: allí se cuenta Operadora Ferroviaria SE, Ferrocarriles Argentinos SE, Belgrano Cargas, Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE, Playas Ferroviarias y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario. Esta última tiene como objeto capacitar y formar al personal ferroviario; lo curioso es que para ese servicio hay 1.355 personas trabajando.
La tarifa cubre apenas el 3% del costo del servicio. Pero claro, con semejantes costos no habrá jamás una tarifa viable.
Además, están las transferencias a las empresas estatales para gastos operativos, que a octubre suman 266.051 millones. Representa el 1% del gasto, aunque mucho de lo que se transfiere va por otra vía, como por ejemplo las inversiones en Aysa, la empresa de aguas y cloacas del Amba. Si se lo mira en perspectiva, no es la cuenta para hacer “el” ahorro, pero sí es altamente simbólico para un Milei que prometió motosierra. En algo la buscará meter.
Gasto en empleados
El gasto en personal, en tanto, alcanza a octubre los 2.940 miles de millones de pesos, el 10,7% del total del gasto público. Trabajan en la administración pública 232.225 personas a julio de este año, según datos oficiales, aunque la cuenta seguramente termine al alza dada la cantidad de decretos con nombramientos de último momento.
En esa cuenta están, por caso, los 22.323 empleados de Afip y los 16.366 bajo convenio del Conicet.
Habrá que ver qué margen tiene Sandra Petovello, la ministra de Capital Humano, para aplicar el bisturí. Están los que dicen que la estabilidad está garantizada por ley, están los que aseguran que sin concurso eso no está asegurado y están los que proponen una reducción por las buenas, tipo pasividad anticipada. Hay que romper los dogmas: Epec, por caso, redujo 26% su personal en los últimos cuatro años con baja conflictividad. O sea: si se quiere, se puede.
Las provincias, en tanto, han recibido 1.048 miles de millones a octubre. Ahí está el Fondo de Incentivo Docente, aportes a hospitales y políticas educativas varias, a las cajas previsionales y, por supuesto, mucho a la provincia de Buenos Aires vía el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Cuánto de eso se podrá recortar, es una incógnita.
Milei ha declarado que tanto salud como educación son competencia de las provincias, con lo cual se desinfló la política de los “vouchers”. ¿Seguirá enviando fondos extras para servicios que no son de su competencia? Podría alegar que si no puede lo uno, tampoco puede lo otro.
Las universidades recibieron 983 mil millones. El capítulo intereses de la deuda es muy relevante, dado que representa el 9,1% del gasto total. El grueso son pagos de intereses de bonos en pesos, además del FMI en algunos meses puntuales.
En cuanto a las obras, el Ministerio de Obras Públicas hace poco: 562 mil millones de pesos, el 2% del total del gasto. Sí hay transferencias de capital por 1.385 miles de millones, todo casi a las empresas públicas: un cuarto a los trenes y aerolíneas, un cuarto a Aysa, poco más de otro cuarto a energía y el resto va a los medios estatales, peajes, Río Turbio y el Correo, entre otras.
De los 562 mil millones de pesos que ejecutó el ministro Gabriel Katopodis, el 37% corresponden a Vialidad. En el resto se cuentan computadoras del Plan Conectar, revisión de reactores o inversiones en movilidad sostenible.
El Ministerio de Obras Públicas informó esta semana, luego de los dichos de Milei, que este año terminó 4.434 obras en el país. Claro que ahí se cuentan tanto los hospitales modulares como, por ejemplo, el cordón cuneta que se ejecuta en los municipios. Eso requiere un barajar y dar de nuevo: el programa Argentina Hace obliga a los intendentes a peregrinar en busca de fondos, siempre tienen mejores resultados los afines al oficialismo y Nación termina haciendo una alcantarilla en un pueblo.
Sin pensar mal, hay en el medio una enorme burocracia y pérdida de tiempo por obras minúsculas. Eso lo deben hacer los intendentes y Nación, las grandes obras de infraestructura que tanto le hacen falta a Argentina.
