El próximo 15 de octubre, a las 10. El Tribunal Federal N° 1 (TOF1) de Córdoba fijó para esa fecha el inicio del esperado juicio al secretario general del Surrbac, Mauricio Saillén, al histórico dirigente Pascual Catrambone y a otros 16 imputados por graves delitos en supuesto perjuicio de los recolectores y los barrenderos.
El tribunal, integrado por José Asís, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, confirmó el día de inicio del debate, que se prolongará durante otras nueve audiencias, entre octubre y diciembre.
La presunta banda criminal desde el Surrbac
En 2021, el fiscal federal N°1 de Córdoba, Enrique Senestrari, envió a juicio a Saillén y a Pascual Catrambone por presuntamente haber orquestado una asociación ilícita dedicada a la usura y la administración fraudulenta (el tramo del lavado no formará parte del próximo juicio, ya que se separaron los hechos).
La nómina incluyó a otros 16 acusados: Juan Manuel Krainbuhl; Osvaldo César Medina; Juan Manuel Riba; Juan Carlos Delgado; Franco Gabriel Catrambone; Salomé Alfazak; Héctor Gabriel Balnes; Jorge Vicente Blanes; Miguel Ángel Catrambone; José Luis Yacanto; Juan Carlos Saillén; Micaela Del Valle; Verónica Anabel Quevedo; Adriana Cecilia Oviedo; Yamila Gisel Monjes, y Darío Mauricio Saillén.
Las maniobras habrían comenzado a fines de agosto de 2009. Saillén y Catrambone –exdirector obrero de la Crese y director en la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos (Conmecor)– habrían formado una asociación ilícita en perjuicio de los afiliados y del propio sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac con el objetivo de beneficiarse ellos y sus familiares o allegados.
La presunta banda habría operado durante seis años, hasta 2015. En la cima de la estructura, Saillén y Catrambone habrían sido los “jefes indiscutidos” de las maniobras: habrían “espejado” los roles que llevaban ambas entidades, según los cuales ambos habrían abusado de su posición: las de presidente y vicepresidente, respectivamente, en la mutual y en la obra social; y de presidente y secretario de Ramas y del Interior (y, además, apoderado y autorizado a firmar cheques), respectivamente, en el sindicato.
Krainbuhl, como tesorero de la mutual, estaba autorizado a firmar cheques con los cuales se habrían consumado las maniobras. El contador Riba, ejerciendo tareas de tesorería en la mutual, habría permitido el acceso a Saillén-Catrambone. Riba habría sido uno de los inversores que habría participado en el lavado y defraudado.
El también contador Medina no habría tenido un rol menor. Como también auditor externo, habría firmado los balances y brindado el asesoramiento tanto a la asociación como a las sociedades Krates Constructora, Higyese y Yuhme, constituidas por Agustín Catrambone, hijo de Pascual. A través de ellas, se habría desviado dinero mal habido.
Tanto Higyse como Krates tenían licitaciones con Crese y las sucesoras. Por esa relación (supuestos negocios incompatibles con la función pública), se inició una causa en la Fiscalía Anticorrupción provincial en contra de su padre (elevada a juicio en 2019).
Como secretario tesorero del gremio y apoderado de la obra social, Delgado habría firmado cheques que habrían posibilitado a los jefes desviarlos de su destino normal.
Préstamos del gremio y dudas
Una de las maniobras habría sido los altos intereses aplicados a los préstamos que otorgaba la mutual, que habría funcionado como “una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados”.
Saillén, Catrambone, Krainbuhl, Riba y Medina se habrían aprovechado de la necesidad de los afiliados de conseguir préstamos con costos elevados y “desproporcionados”. Los fondos no contaban con la autorización y el control oficial, y los intereses oscilaban entre el 9,7% y el 13,9% mensual.
“Resultaban evidentemente desproporcionados con relación a los intereses de plaza y por sobre toda la normativa del Banco Central”, advirtió Senestrari. “Se manejaban en el otorgamiento de préstamos a tasa usuraria, para sustraer –para sí y para conocidos– el dinero extra que debería haber supuesto un beneficio extraordinario para la asociación mutual y los afiliados”, agregó.
Los cinco imputados habrían desviado parte del dinero a través de las ventas realizadas en la mutual hacia sus patrimonios. Habrían desviado más de $ 275.977 entre 2012 y 2013.
A su vez, la mutual habría pagado gastos de la obra social y el sindicato, pero su devolución habría sido en condiciones perjudiciales para la mutual, porque a julio de 2018 la deuda con la entidad ascendía a $ 2,1 millones.
Millones y sospechas
El dinero de los préstamos habría sido puesto en circulación para darle apariencia lícita. De ese modo, se habrían realizado contratos de mutuo (“préstamos ilegales”, para el fiscal) presuntamente firmados entre terceros y la mutual.
En el circuito, esta se habría comprometido a devolver las sumas prestadas a tasas (entre 5% y 8,9%) muy por encima de las ofrecidas en el sistema financiero y que significaban un notable perjuicio para la entidad, “pero que suponían un equilibrio con los ingresos por los préstamos” a los afiliados.
El dato llamativo es que los “mutuantes” no eran terceros ajenos a la causa que se investiga, sino conocidos o familiares de los imputados, “cuando no ellos mismos, que actuaron de testaferros poniendo sus nombres, pero bajo las órdenes” de los líderes.
Se cree que Saillén, Catrambone, Krainbuhl, Medina y Riba colocaron en circulación durante nueve años $ 11 millones, “inversión” que se habría multiplicado casi un 400%, ya que para mayo de 2018, “se hicieron” con $ 54,6 millones.
Se sospecha que no se trataba de una alta tasa de interés que la mutual pagaba por los “mutuos”, sino su utilización como “fachada” para blanquear las excesivas ganancias de los préstamos. El mayor “mutuante” habría sido Catrambone padre (p), quien invirtió $ 6,4 millones y recibió $ 18,4 millones.
Para poder consumar las maniobras, habrían intervenido Héctor y Jorge Blanes, Alfazak, Miguel y Catrambone (p), Yacanto y Riba.
“Mientras entraba mucho dinero de la usura, salía una cantidad proporcional de los mutuos. ¿Quiénes eran los únicos o, como mínimo, principales beneficiarios? Saillén y Pascual Catrambone”, dijo el fiscal.
Viajes y “gastos exorbitantes”
Saillén (p) y Catrambone (p) habrían perjudicado al sindicato al rendir gastos personales: viajes al Caribe, viajes de estudios de sus hijos y gastos exorbitantes en suites de hoteles, como si los hubieran realizado en sus funciones.
Para evitar que estos gastos injustificables (también patentes, seguros e impuestos) aparecieran en los balances, Saillén y Catrambone se los habrían hecho asumir a la mutual con reintegros. Por ejemplo, entre 2016 y 2018 se habrían desviado $ 4,1 millones.
Sobresale un aparente desvío de $ 30 millones de la cuenta de Bancor del Surrbac a destinos que no tenían relación con su fin sindical. La particularidad es que Saillén, Catrambone y Delgado lo habrían efectuado mediante el libramiento o el endoso de cheques.
Los beneficiarios eran afiliados y familiares de la Comisión Directiva o personas físicas y jurídicas cuya actividad declarada no tenía vínculo con la entidad; o bien, si existía relación comercial, los ingresos declarados no habrían permitido justificar los pagos.
Surgieron pagos realizados a través de cheques a Alfazak (secretaria privada de Saillén) por más de $ 39 millones por supuestas ventas de carne y de comestibles.
La obra social también se habría visto afectada, ya que se habrían rendido gastos de Catrambone y Saillén (viajes y hoteles) como si los hubieran hecho en el ejercicio de sus funciones. La mecánica habría sido la misma: el ocultamiento de los montos de los balances, la absorción por parte de la mutual y una devolución posterior.
El presunto rol de Ayerbe
La última novedad fue en septiembre, cuando el fiscal Maximiliano Hairabedian (que subrogaba a Senestrari) envió a juicio a Daniel René Ayerbe, por entonces integrante de la Comisión Directiva gremial, secretario de Relaciones Institucionales de la mutual y secretario de Cormecor.
“Se encontraba en una posición inmejorable para prestar colaboración a Saillén y a Pascual Catrambone, quienes eran sus jefes, tanto en las sociedades lícitas como en la asociación ilícita”, indicó el fiscal.
“Sistemáticamente abusó de sus funciones, traicionó la confianza depositada en él y perjudicó a los afiliados. Pese a que ostentaba un cargo jerárquico, no se presentaba a trabajar”, puntualizó.
“Pero el hecho de que no se presentara a trabajar en Córdoba no implicaba que no tuviera participación en la asociación ilícita. Todo lo contrario: este enorme ‘privilegio’ que le permitían Saillén y Catrambone tenía una contraprestación sumamente clara: era su voz en Traslasierra y, al mismo tiempo, era quien registraba (bajo su nombre) los bienes inmuebles y muebles que ambos adquirían en la zona de Cura Brochero”.
Ayerbe habría prestado su nombre para actividades de lavado (no se juzgará en el debate). ¿Únicamente participó en hechos ocasionales o era colaborador permanente? Eso, sostuvo Hairabedian, deberá dilucidarse en el juicio. El instructor será el fiscal, también en el debate.
