Más allá de la aclaración de este sábado de la Casa Rosada, sobre que las provincias van a recibir los fondos una vez que termine una auditoría de Anses, la decisión del Gobierno de oficializar que por ahora no habrá plata para las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales fue el último toque de la motosierra del presidente Javier Milei para podarles recursos a los gobernadores.
La medida impulsada por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que eliminó varios artículos de la vigente Ley de Presupuesto (27.701), llegó en un momento inoportuno: el jueves próximo, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio irán a la Casa Rosada para seguir negociando el sensible tema de la cuestión fiscal para las provincias.
Seguramente, gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Neuquén) reclamarán por estos fondos, porque, al igual que Córdoba, son provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.
El ministro del interior, Guillermo Francos, iniciará formalmente las conversaciones con los gobernadores radicales y del PRO, más proclives a dialogar con el Gobierno.
El titular de la cartera política nacional mantuvo el martes pasado, en Salta, un encuentro con los mandatarios del grupo autodenominado “el Norte Grande”.
Los que integran Juntos por el Cambio y los mandatarios norteños se han mostrado más dialoguistas, más allá de que no ocultan sus críticas a las medidas de ajuste que lleva adelante la gestión libertaria.
Los más críticos
Hay otros dos grupos más críticos con la Casa Rosada: los mandatarios patagónicos, que mantienen muchas disidencias, y los peronistas más cercanos al kirchnerismo, que encabezan el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela y el pampeano Sergio Ziliotto.
En algunos de estos grupo se repiten protagonistas. El chubutense Torres, muy crítico del Gobierno, está dentro de Juntos por el Cambio, y en el grupo de los patagónicos.
Mientras, hay varios peronistas que están dentro del Norte Grande.
La excepción a la regla es el cordobés Martín Llaryora, que no integra ninguno de los grupos pero tiene diálogo con todos sus pares.
Por su filiación peronista, Llaryora debería estar en el grupo que encabeza Kicillof, pero el cordobés prefiere negociar personalmente con el Gobierno, especialmente a través del ministro Francos.
El mandatario cordobés habló con Kicillof cuando tenía la idea de impulsar una ley para coparticipar el impuesto Pais. Aseguran que hasta habló con el diputado Máximo Kirchner para conseguir apoyo en la Cámara de Diputados.
Llaryora no se comprometió con ninguno de los grupos, e insiste en su postura: “Defiendo a Córdoba y al federalismo”.
El Gobierno nacional ya les cortó a las provincias recursos para transporte, educación, cajas previsionales y fondos discrecionales.
Ahora quiere compensar con bajar el piso del Impuesto a las Ganancias para que más trabajadores paguen este gravamen. Muchos gobernadores resisten, entre ellos, Llaryora.
Sin embargo, Francos se comprometió a que el piso sería “superior” a 1,5 millones de pesos, lo que conformó al cordobés.
No así a los mandatarios patagónicos, que prometen resistir este manotazo al bolsillo de los trabajadores con sueldos más elevados, que viven en el sur del país.
