El jueves pasado, un sacudón político hizo temblar los cimientos de la Casa Rosada. La dura derrota en el Senado dejó al Gobierno nacional aturdido y obligado a repensar su estrategia en el Congreso, ahora con la mirada puesta en la Cámara de Diputados, donde intentará frenar el avance de proyectos y leyes que impulsan la oposición y los gobernadores.
La tarea no será sencilla, porque los gobernadores no muestran fisuras en dos temas sensibles para las finanzas nacionales: el reclamo por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otra distribución del Impuesto a los Combustibles.
Para mal del Gobierno, en el Congreso asoman los votos para resistir un eventual veto presidencial a las declaraciones de emergencia para discapacidad y para la ciudad de Bahía Blanca. Dos leyes de bajo impacto fiscal que, sin embargo, se convirtieron en símbolos de lo que varios mandatarios provinciales describen sin rodeos como “impericia política y de gestión” del gobierno de Javier Milei.
A pesar del clima enrarecido, aún queda margen para negociar. El Gobierno podría tender puentes con los gobernadores de Juntos por el Cambio –radicales y PRO–, con la esperanza de sostener el posible veto a las dos leyes más costosas desde lo fiscal: el aumento para los jubilados y la restauración de la moratoria previsional.
En la Casa Rosada también analizan llevar la discusión a Tribunales. Algunas voces libertarias insisten con que hay margen para judicializar la sesión del jueves pasado en el Senado.
Plantean argumentos reglamentarios, que la oposición rechaza. Citan el artículo 32 que fija como atribución y deber del presidente de la Cámara “hacer citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias” y el artículo 56 que plantea las realizaciones de labores parlamentarias.
En lo concreto, si bien existió el martes pasado una reunión de Victoria Villarruel con los jefes de bloque previa a la sesión del jueves, la vicepresidenta les transmitió que no iba a convocar ella porque no había un acuerdo por la agenda, pero les confirmó que si ellos conseguían el cuórum para abrir la sesión por su cuenta bajaría a presidir. Es lo que sucedió, y por eso los libertarios cuestionan tanto a Villarruel.
Chat al rojo vivo
En el chat que comparten los gobernadores y que arde desde hace dos semanas, la consigna es concreta: “ir por todo”. Fue la lógica que aplicaron en la Cámara Alta y que tratarán de replicar en Diputados.
No obstante, en el bloque de gobernadores también hay matices. Aunque los proyectos que impulsan –los ATN y una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles– avanzan sin grietas, algunos senadores que responden a mandatarios dialoguistas se ausentaron el jueves en votaciones clave. Una señal silenciosa de que no todos están decididos a rechazar los vetos de Milei, al menos en los temas previsionales.
El reloj ya corre. El Gobierno tiene 10 días para vetar las leyes sancionadas, incluyendo el paquete previsional. Si no actúa dentro de ese plazo, las normas entrarán en vigencia de manera automática.
Los libertarios buscarán estirar los tiempos hasta el límite. Milei firmaría los vetos justo antes del vencimiento del plazo. Una jugada para ganar tiempo.
Aunque la estrategia oficial no es clara. Mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insinúa una apertura al diálogo con las provincias, el ministro de Economía, Luis Caputo, opta por la confrontación. En redes sociales, lanzó un mensaje filoso: “El equilibrio fiscal no se negocia”.
Caputo no se quedó ahí. Redobló la apuesta y celebró el enfrentamiento con los gobernadores como si fuera una victoria. “Lo que pasó en el Congreso es excelente para el país de cara al futuro, si entendemos sus implicancias económicas y políticas. El equilibrio fiscal NO SE NEGOCIA.”
El texto, publicado tras una reunión con Milei, podría ser un indicio de la estrategia libertaria.
Aunque, mientras Caputo arremete, Francos –quien en teoría debería ser el encargado de negociar– queda mal parado. En el grupo de WhatsApp que comparten los 23 gobernadores y del jefe de Gobierno porteño se repite el diagnóstico lapidario: “impericia política”.
En un intento por recomponer vínculos, Francos quiso reunir el miércoles pasado a los gobernadores dialoguistas en Tucumán, con una promesa algo improvisada: una reunión exprés en el aeropuerto con el Presidente.
El intento llegó tarde. Entre la tarde del lunes y la mañana del martes, el jefe de Gabinete se movió contrarreloj para conseguir adhesiones, pero sólo cosechó excusas. Hasta los aliados más cercanos optaron por quedarse en sus provincias, con el pretexto –diplomático– de tener compromisos previamente agendados.
Hoy, los gobernadores se agrupan en tres tribus bien definidas. No obstante, todos coinciden en impulsar los reclamos por los ATN y el Impuesto a los Combustibles.
Están los más cercanos a la Rosada, como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalacqua (Misiones). Los dialoguistas, donde se ubican Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta). Y los opositores duros, encabezados por Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Francos buscará tender puentes con los más accesibles. Pero ni siquiera los más cercanos garantizan hoy respaldo a los posibles vetos.
Llaryora, por su parte, evitará confrontar de forma directa con Milei. Pero sus cinco diputados seguirían la misma línea de Alejandra Vigo en la Cámara Alta: rechazarán los vetos presidenciales y respaldarán la aprobación de las leyes de ATN y el Impuesto a los Combustibles.
