Tras el fracaso de la última reunión en Buenos Aires, los gobernadores tensaron al máximo la relación con la Casa Rosada y presentaron los proyectos de ley para la distribución de ATN y de fideicomisos destinados a obra pública.
A última hora del miércoles las iniciativas entraron por la Cámara Alta con la firma de representantes del kirchnerismo, el radicalismo y el PRO lo cual permite inferir que tendrá un rápido tratamiento y aprobación.
Esta fue la respuesta de los mandatarios provinciales luego de dos reuniones con enviados del Ministerio de Economía en la que no hubo acuerdo para el reparto de fondos públicos.
La última se había celebrado el martes en el Palacio de Hacienda con la presencia de los representantes de Finanzas provinciales y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Tal como anticipó La Voz, el gobierno se mostró inflexible ante el pedido de las provincias y rechazó la eliminación de los fideicomisos y sólo aceptó la distribución de una parte de los ATN.
La reunión terminó de fastidiar a los gobernadores quienes inmediatamente enviaron al Parlamento el proyecto de ley que habían consensuado.
La propuesta fue firmada por: José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal), Anabel Fernández Sagasti (Vicepresidenta del interbloque UxP), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (Frente PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi ( Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal), Martín Lousteau (UCR).
El primero de los proyectos dispone que los ATN se distribuyan todos los días en forma automática, tal como sucede con los fondos de la coparticipación federal.
Actualmente los ATN son entregados en forma discrecional por el gobierno nacional, lo cual siempre se encuentra envuelto en negociaciones políticas. De allí que Córdoba es una de las provincias que no ha recibido dinero por esa vía desde enero de 2024.
El segundo proyecto dispone la eliminación de seis fideicomisos y fondos nacionales: Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/2001); Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (Decreto 976/2001); Fideicomiso Sistema Vial Integrado (Decreto 1377/2002); Fondo Compensador del Transporte (Decreto 652/2002); Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (Ley 15.336), y el Fondo Nacional de la Vivienda (Ley 21.581).
Los gobernadores argumentan que como la Nación no ejecuta ninguna de las obras previstas con este fondeo, el producido debe ser distribuido entre las provincias.
El gobierno insiste en que si se reparte ese dinero también se deben transferir las obras que debieran realizarse.
El proyecto también impulsa una modificación en la distribución del impuesto a los combustibles líquidos bajo la siguiente proporción: Tesoro Nacional, 14,29%; Provincias, 57,02% y Sistema Único de Seguridad Social, 28,69%, para atender obligaciones previsionales nacionales.
También propone reformular el reparto de la porción del impuesto sobre los Bienes Personales que le corresponde a las provincias.
Entre los fundamentos, se señaló que la propuesta de asignación de fondos guarda una relación directa con las participaciones relativas de cada nivel de gobierno en el régimen primario de Coparticipación de Recursos Federales.
Además afirma que contempla las restricciones presupuestarias para el Gobierno Nacional.
Economía rechazó estas ideas porque al quedarse con estos recursos fortalece el superávit fiscal.
El planteo que hacen las provincias es que esta forma de mostrar un saldo positivo en las cuentas públicas es ilegal porque esos fondos son de asignación específica y no se los puede apropiar el fisco nacional.
De acuerdo a distintos cálculos el monto involucrado en ambos proyectos es superior a $ 1 billón
Con este planteo se complica la situación de la Casa Rosada porque son iniciativas impulsadas por casi la totalidad de las provincias lo cual garantiza que tendrá un rápido tratamiento legislativo.
En este caso la posibilidad del veto no tendría efecto dado que existiría la posibilidad que en esta ocasión se logren los dos tercios necesarios para la ratificación.
No obstante, cabe aclarar que en junio hubo mejoras en los envíos a provincias. Las transferencias automáticas crecieron en términos reales 6%, producto de una mejora principalmente en el reparto del impuesto s los Bienes Personales. También se registró un crecimiento en las transferencias no automáticas, que crecieron cerca de un 30%, excluyendo del cálculo la situación especial de la Ciudad de Buenos Aires.
Este comportamiento se explica por la base de comparación muy baja de junio de 2024 producto de los recortes hechos por el gobierno nacional.
De allí que la comparación contra junio de 2023 muestra una merma en los recursos de 76%, según informe de la consultora Politikón Chac.
