El peronismo nacional salió a advertir que ante la imposibilidad de avanzar con la “ley ómnibus”, el presidente Javier Milei busca que el Congreso le apruebe los superpoderes en nuevas áreas, incluyendo la previsional y tributaria, una herramienta que le permitiría gambetear los límites que habrían fijado para esas materias las disidencias que habían hecho los bloques de la “oposición dialoguista”.
Aunque es prematuro saber cómo votarán los bloques del colectivo que quiere “darle gobernabilidad” a Milei, donde están la mayoría de los diputados nacionales por Córdoba, Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal, dijo a La Voz que, en su opinión, “de lo que queda de la ley se le deben otorgar al Presidente las facultades y emergencias que “necesita, pero en la misma medida y limite que se le dio a los anteriores presidentes en democracia”, esto sería por un año.
No está claro si los bloques de la oposición que venían consensuando medidas con el Gobierno dejarán pasar las nueve emergencias que reclama el Poder Ejecutivo. Antes de que el ministro Nicolás Caputo anticipara el hachazo a la ley, la idea de los “dialoguistas” era habilitar tres o cuatro emergencias.
Tampoco se sabe por cuánto tiempo sería la delegación de facultades. Milei las quiere por dos años y con una prórroga exprés hasta finalizar el mandato.
El grupo “dialoguista” había accedido a un año con una prórroga por igual período, pero autorizada por el Congreso.
Ahora todo está en revisión.
Lejos de celebrar lo que podría leerse como una derrota del oficialismo, Unión por la Patria encendió las luces de alerta sobre las “facultades delegadas” al advertir que con este instrumento Milei podría “hacer lo mismo que sacó del proyecto de ley, y que no pasaba por el Congreso, pero con peores consecuencias”, en palabras de la diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez.
Esa sería la “trampa” que tiene la jugada de Caputo: cuando la ley pendía de un hilo, dejó de confrontar con los gobernadores de Juntos por el Cambio y con Martín Llaryora y lanzó la cortina de humo que esconde, entiende la oposición, el ajuste.
“Todo lo que saquen lo meten por decreto”, advirtió Malena Galmarini. “A Milei sólo le interesan los súper poderes para realizar más ajuste”, dijo Germán Martínez, jefe de la bancada.
La confusión es total: uno de los diputados “dialoguistas” que ayer dedicó toda la jornada a puntear con el Gobierno la letra chica de la votación, contó que hasta 15 minutos antes de la conferencia de Caputo el equipo de Federico Sturzenegger le pedía precisiones respecto del dictamen que se tiró a la basura.
“Es una trampa: lo único que le importa es la delegación de facultades”
La diputada nacional Gabriela Estévez (Unión por la Patria) anticipó que su bloque, el mayoritario en la Cámara de Diputados, está en alerta por la delegación de facultades porque, con éstas, Milei “puede tomar todas las decisiones que quiera en todos los ámbitos, y decisiones aún peores y con mayores consecuencias de las que figuran en el proyecto”.
-¿Cuáles es la lectura de Unión por la Patria ante la decisión del Ejecutivo de retirar de la discusión el paquete fiscal?
-Primero, quedó claro que si no sacaba ese paquete la ley no salía. Pero lo más preocupante del proyecto es la delegación de facultades, porque los puntos que eliminó los podrá sacar después , aún en condiciones peores. Es una trampa, porque la delegación de facultades es sobre nueve emergencias entre las cuales están contempladas la previsional y la tributaria. Siguen estando en e l proyecto las privatizaciones, la liquidación del Fondo de Garantías de los jubilados, y sigue estando la posibilidad de endeudarse sin que pase por el Congreso. Entendemos que tiene que haber reglas claras: tener una emergencia materia previsional que les da la posibilidad al Presidente que de un día para el otro modifique las condiciones de los jubilados y jubiladas, que pueda dividir entre jubilados de primera y jubilados de segunda, dividir entre quienes accedieron vía moratoria y quienes accedieron vía aportes, que pueda quitar las moratorias previsionales, es algo complicado y peligroso; al igual que no tener reglas claras en términos de la fórmula para dar los aumentos a los jubilados con un criterio discrecional. No hay necesidad de delegar las funciones del Congreso porque el Congreso claramente está dispuesto a discutir. Retrocedió porque no iba a tener el apoyo de un sector que desde un primer momento se mostró colaborador.
-Hubo una un fuerte desafío del ministro de Economía, supuestamente por orden expresa de Javier Milei, de plantear a los gobernadores como principales adversarios al atribuirle directamente la conducta de los diputados. ¿Cómo ve en esa relación a Martín Llaryora frente al Gobierno de Milei?
-El gobernador de Córdoba ha demostrado ampliamente su vocación y su voluntad de colaborar con el Gobierno de Milei. Lo hizo primero dándole la posibilidad de que tenga dos firmas para el dictamen de comisión, un dictamen que ni siquiera existía porque no estaba escrito y, sin embargo, hubo dos diputados de Córdoba que responden al gobernador que firmaron ese dictamen, firmaron una hoja en blanco que además supone una enorme irregular. Pero lo único que le importa a Milei es la delegación de facultades.
-Hay versiones de que ese dictamen se terminó negociando en una oficina fuera del Congreso...
-Se reúnen fuera del Congreso porque en el Congreso, como sucede en la mayoría de los organismos públicos, hay un registro de quienes ingresan. Entonces si va Federico Sturzenegger al Congreso para poner las condiciones queda registrado. Lo que están haciendo al reunirse en hoteles y en departamentos privados es no dejar un registro y para que no haya acceso información por parte de la ciudadanía.
Hubo una gran irresponsabilidad de los diputados que firmaron una hoja en blanco o negociaron fuera del Congreso.
-Unión por la Patria pidió al Senado que se aboque al DNU. ¿Realmente hay alguna posibilidad de construir una mayoría que pueda rechazar al DNU?
-Creo que sí, básicamente por responsabilidad: el DNU es nulo de nulidad absoluta e insalvable, y eso lo dice la Constitución nacional. Creo que quienes tienen la responsabilidad de representar al pueblo argentino, a las provincias argentinas en este caso porque estamos hablando del Senado, de trabajar sobre las leyes que van a regir eh las condiciones de ciudadanía, no pueden permitir que avance un DNU que es claramente inconstitucional. Creo que esas mayorías se pueden construir porque la mayoría de los senadores lo ven de esta misma manera y entienden que se está violando la Constitución nacional, y que además no hay ninguna necesidad y urgencia porque estamos todos los diputados y senadores dispuestos a sesionar y sesionando, a disposición para cada una de las convocatorias que nos han hecho el Poder Ejecutivo.
-Respecto del paro del jueves, ¿cómo evalúa el clima social? ¿El movimiento gremial se está constituyendo un actor que va a ser el que encarne la oposición más sustancial al Gobierno? ¿Cuál es el rol de Cristina Fernández hoy?
-Hay un clima social de mucho ahogamiento. La realidad es que los precios no dan respiro, la situación es tremendamente crítica, no hay precios de referencia de nada eso y impide que las economías familiares puedan planificarse. Es un clima social de tensión donde le están reclamando al gobierno de manera muy pacífica. Cristina entiende que hay protagonistas en este momento que son los sectores de los trabajadores que tienen que conducir reclamos sectoriales.
