Mientras la “ley bases” sigue sin ver la luz y el Gobierno no pudo exhibir ningún triunfo parlamentario en más de cinco meses de gestión, la oposición se unió este martes en la Cámara de Diputados y le propinó un golpe a la gestión del presidente Javier Milei, al aprobar por amplia mayoría una recomposición del 8% de los haberes jubilatorios para alcanzar el pico inflacionario del mes de enero.
La iniciativa recibió 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones. Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal y otros bloques minoritarios de las provincias votaron juntos a favor, mientras que La Libertad Avanza y el PRO opusieron resistencia, pero quedaron en minoría. El Frente de Izquierda se abstuvo.
La media sanción es un llamado de atención al Gobierno, que parece dispuesto a afrontar el costo político de vetar la ley. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este martes que la Nación “no tiene recursos disponibles” para costear la medida y le reclamó a la oposición que informe “de dónde salen los fondos”.
El proyecto, que ahora deberá pasar por el Senado, tiene un costo fiscal de 0,43% del PBI, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un número que los dialoguistas calificaron como “fiscalmente responsable”.
“Es lo mismo que el Gobierno nacional pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios, o bien el 10% del gasto tributario del Estado nacional”, explicó la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Los bloques de la oposición llegaron a la sesión con dictámenes separados y durante toda la jornada se dedicaron a negociar tras bambalinas para llegar a una redacción que conformara a todos. Cada fuerza tuvo que ceder una parte: Unión por la Patria se amoldó al grueso de la propuesta del radicalismo y Hacemos, pero se impuso a la hora de blindar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
El nudo de las conversaciones fue la propuesta del oficialismo cordobés, elaborada por la diputada Alejandra Torres, para afrontar a través del FGS los flujos a las cajas provinciales no transferidas a la Nación y saldar los 82.000 juicios de jubilados con sentencia firme.
La traba era que el kirchnerismo no estaba dispuesto a echar mano al FGS. “Poner cualquier artículo que avance en la posibilidad de desarmar o liquidar el FGS es un paso para el retorno al sistema de las AFJP. Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra en la Argentina”, sentenció el economista Itai Hagman.
Finalmente, para no empantanar el tema de la compensación a jubilados, se llegó a un acuerdo que conformó al gobernador Martín Llaryora y sus diputados para garantizar los giros a las cajas a través de recursos tributarios con asignación específica a la ANSES, como impuesto al Cheque, PAIS e IVA.
La oposición manejó el curso de la sesión ante los ojos de Martín Menem, que nada pudo hacer para evitar la avanzada. Las primeras cinco horas en el recinto estuvieron dedicadas a discursos varios (cuestiones de privilegio) que le dieron a los diputados el aire que necesitaban para terminar de cerrar un acuerdo que no fue nada sencillo.
El proyecto aprobado establece un aumento mensual de las jubilaciones por IPC (Índice de Precios al Consumidor). Adicionalmente, en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50% de la variación salarial (RIPTE) por sobre la inflación del año calendario anterior.
Seguido, se obliga al Poder Ejecutivo a pagar a los jubilados, por única vez, una compensación del 8,1% para sumar al 12,5% ya otorgado por el Gobierno por DNU, y de esa forma alcanzar el 20,6% de inflación registrada en enero. Originalmente, el kirchnerismo proponía una recomposición del 30% (en lugar del 20,6%) pero tuvo que bajar sus pretensiones para consensuar con los dialoguistas.
Por otra parte, se incluye una garantía para el haber mínimo, que será equivalente a 1,09 canastas básicas totales (268.812 pesos cada una, a valores de abril). Los jubilados que no lleguen a ese monto recibirán un suplemento.
“Hoy el 86% de los jubilados y pensionados no logra cubrir la canasta básica. Por eso no solo es urgente: es imperativo que nos aboquemos a resolver este problema. Esta propuesta fue pensada, no estamos improvisando. Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad”, afirmó Brouwer de Koning.
En tanto, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el DNU firmado por Milei que modificó la fórmula jubilatoria y cargó contra el kirchnerismo: “Los que quebraron el sistema previsional ahora dicen que quieren ayudar a los jubilados”.
Si la ley es sancionada y el Ejecutivo la veta, la única forma de que se haga efectiva es que el Congreso insista con dos tercios de los votos. Si bien hay antecedentes de este tipo a lo largo de la historia, la composición actual de ambas cámaras hace que sea difícil para la oposición, aunque no imposible, llegar a ese número.
Interpelación a Pettovello
En el arranque de la sesión, fracasaron dos pedidos del Frente de Izquierda y Unión por la Patria para que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sea interpelada en Diputados por el escándalo sobre los alimentos almacenados, lo que provocó la renuncia de funcionarios de su cartera.
Las iniciativas no prosperaron en la sesión porque no alcanzaron los tres cuartos de los votos necesarios. La primera, del diputado de izquierda Nicolás Del Caño, recibió 120 votos a favor, 90 en contra y 21 abstenciones, mientras que la segunda, de Germán Martínez, obtuvo 115 votos positivos, 87 negativos y 22 abstenciones.
La interpelación a Pettovello fue rechazada por La Libertad Avanza y el PRO, mientras que en la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal los votos se dividieron entre afirmativos, negativos y abstenciones. Juan Manuel López, de la CC, argumentó que quieren que la funcionaria brinde explicaciones, pero no en el recinto sino ante las comisiones.
El tema se abordará este miércoles a las 17, sin Pettovello, en una reunión de la Comisión de Salud, convocada por el tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), donde se tratarán seis pedidos de informes.
Fonid y universidades
Por otra parte, La Libertad Avanza y diputados de la oposición dialoguista también bloquearon una ofensiva de Unión por la Patria para votar la restitución del Fonid, el fondo con el que la Nación financiaba parte de los salarios docentes en las provincias hasta que fue eliminado por DNU. No se reunieron los tres cuartos de los votos necesarios para avanzar: hubo 122 afirmativos, 110 negativos y una abstención.
De esta manera, el oficialismo frenó la discusión de un tema incómodo para el Gobierno por el impacto fiscal, aunque no por mucho tiempo: el radicalismo, con la diputada Danya Tavela a la cabeza, pidió una nueva sesión para tratarlo el 3 de julio y buscará consensos con otros bloques para arribar a una única propuesta, ya que en las comisiones se habían firmado dictámenes separados.
“Sería ideal si llegáramos antes a votar el paquete fiscal, de modo que las provincias ya tengan restituidos los ingresos por impuesto a las Ganancias, y que luego haya una discusión por los fondos específicos, como el Fonid y el fondo compensador del transporte del interior”, explicaron en el bloque radical.
Una vez que fracasó el tratamiento el Fonid, Unión por la Patria volvió a la carga para incluir en el temario los proyectos sobre financiamiento universitario, pero corrieron la misma suerte: la moción, que también requería mayoría agravada, recibió 120 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones.
