Martín Llaryora no pierde el tiempo. En la Municipalidad de Córdoba aprovechó la crisis de la pandemia para concretar el ajuste salarial que luego le permitió pagar las mejoras en la ciudad que le valieron la Gobernación y la continuidad del peronismo cordobés en la Capital.
En sus primeras semanas en el poder provincial aprovechó la incertidumbre que irradia de la escena nacional para recomponer las alianzas históricas del peronismo cordobés con todos los sectores productivos, especialmente los del interior provincial.
Los estrechos tres puntos que Llaryora le sacó de ventaja a Luis Juez en junio pasado provinieron íntegramente de la Capital, ya que casi todo el interior, y muy especialmente el interior productivo, votó en masa a Juntos por el Cambio una y otra vez, antes de que tres de cada cuatro cordobeses apoyaran a Javier Milei en el balotaje presidencial.
Llaryora tomó nota. Pero fue Milei quien le obsequió una oportunidad que el flamante gobernador no dejó pasar: como en 2008, es la amenaza de más retenciones a las exportaciones lo que hace que el peronismo cordobés vuelva a representar los intereses de ese entramado productivo que –como en ningún otro lugar del país– en Córdoba incide de manera determinante a nivel político.
El reclamo de Llaryora fue creciendo a medida en que se multiplicaron las reuniones con todos los sectores que exportan desde Córdoba, y hoy es el gobernador que con más énfasis llama a votar en contra de cualquier suba de retenciones. Desde mañana se instalará en Buenos Aires para el tramo decisivo de la discusión de la “ley ómnibus” en Diputados.
Las críticas del Panal al proyecto de país que exponen el DNU de Milei y el megaproyecto de ley al que cada día se le descubren implicancias más profundas y más insospechadas –ayer se percataron de que si la Nación firma un acuerdo para la radicación de una empresa extranjera, provincias y municipios estarán obligadas a eximir impuestos– son mucho más sustanciales de lo que funcionarios y legisladores expresan en público.
Pero Llaryora honra la máxima suprema del cordobesismo en el poder: no contradecir jamás a ese electorado cada vez más antiperonista que desde hace un cuarto de siglo vota al peronismo cordobés. “El Gobierno nacional sabe que cuenta con el apoyo de Córdoba”, reitera antes de criticar las retenciones, único cuestionamiento público del gobernador.
No obstante, en el Centro Cívico se multiplican las críticas al porteñismo extremo del equipo nacional, al desconocimiento de la producción, a la supremacía de las finanzas sobre la economía real que implican las medidas y al carácter unitario de las propuestas fiscales en marcha: la suba de las retenciones, la suba del impuesto Pais, el blanqueo y todas las privatizaciones previstas son para beneficio exclusivo del Gobierno nacional, ya que no se coparticipan.
Desde el 10 de diciembre no hay giros discrecionales, ni ATN, ni obra pública nacional, ni actualización de los recursos para la Caja de Jubilaciones, y en cambio el ajuste del gasto es federal: no solo disminuyen los subsidios; también se cortaron los programas nacionales de medicamentos para hospitales y dispensarios.
La misma duda se repite, de repente, en la mayor parte de los diputados “dialoguistas” cordobeses –esto incluye a los llaryoristas, radicales y del PRO– y es de fondo: ¿Quiere Milei la aprobación de la “ley ómnibus” o prefiere culpar a la oposición legislativa, victimizarse y pasar a otra fase para avanzar con su proyecto?
Sociedad central
Llaryora restaura viejas alianzas tierra adentro y también revitaliza la antigua idea jamás corporizada de una Región Centro integrada. La sintonía personal y política con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el entrerriano Rogelio Frigerio, sumada a la coincidencia generacional, a las similares fisonomías productivas de las tres provincias y a la ventaja adicional de acompañarse a la hora de dar malas noticias, presagian que se trata de una sociedad con futuro.
Las reuniones entre los tres gobernadores tienen una regularidad sostenida y los acuerdos entre ellos son inéditos. Coincidieron en que –por ahora– las cuasimonedas no aterrizarán en el centro del país, pero también acordaron respecto de la suba de servicios, coordinaron políticas tributarias y hasta determinaron una política salarial común: los tres pagarán aumentos en línea con los ingresos de cada provincia. Mañana los estatales cordobeses recibirán una oferta que si no tiene aval terminará otorgándose por decreto: una suba de entre el 12 y el 14 por ciento para enero. Frigerio anunció el viernes un 12,8 por ciento.
Los tres se oponen a cualquier suba de retenciones. Los tres empezaron hablar en simultáneo de control del ausentismo en las áreas de salud y educación, y se preparan para conflictos con los estatales, pero están mucho más preocupados por la recesión que avanza sobre todos los sectores de la economía, por las alarmas sociales generalizadas, la abrupta suba de demanda que esperan en escuelas, hospitales y comedores.
Postales de principio de siglo
El 2001 acecha en los márgenes de la Capital. La gestión de Daniel Passerini monitorea casi dos mil centros de ayuda alimentaria y tanto el municipio como la Provincia consideran que el pico del deterioro social puede precipitarse hacia marzo-abril. También reiteran que en Córdoba las manifestaciones en la vía pública seguirán regulándose por la vía judicial y que el protocolo de Patricia Bullrich no tendrá lugar.
El 2001 también acecha en otras imágenes capitalinas. Las tomas de tierras por parte de familias que ya no pueden pagar el alquiler y la crisis del transporte urbano, que muy posiblemente incluya la caída del servicio de la empresa Ersa en las próximas horas, son postales que llegan desde principio de siglo.
Tanto Llaryora como Passerini reiteran que esa realidad crítica impactada por la devaluación y el mega ajuste nacional no puede imponerse sobre todos los planes. El principal proyecto que ambos presentaron a los cordobeses fue una reforma en materia de seguridad y en marzo estará en funciones la Guardia Urbana Municipal, una apuesta conjunta provincia-municipio que compromete en su planificación a la Policía de Córdoba y en la inversión en móviles y armas no letales al Panal.
Hasta tanto lleguen las acciones concretas, la nueva gestión también apuesta a la espectacularidad y agradece a la suerte. El megaoperativo montado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba en coordinación con la Nación que terminó sacando del país a la familia del narco ecuatoriano Fito Macías sin que pesaran contra ellos denuncias, ni alertas, ni pedidos de extradición fue celebrado como un gran éxito conjunto de Patricia Bullrich y Juan Pablo Quinteros.
La Policía de Córdoba lució sus mejores galas y pertrechos, el operativo fue quirúrgico y la provincia se declaró territorio hostil para los narcos. La realidad de los barrios es mucho menos glamorosa.
