Un fallo judicial dictado en Tucumán el pasado 4 de noviembre encendió una luz de alarma en el ámbito del periodismo y el derecho a la libertad de expresión. El juez subrogante Lucas Alfredo Taboada ordenó silenciar durante seis meses a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (empresa que opera un canal de televisión por cable y una señal digital en la provincia) y a todo su equipo periodístico.
La resolución prohíbe difundir, por televisión, radio, redes sociales o cualquier otro medio, cualquier contenido que “injurie, desacredite, tergiverse o distorsione” la actuación de fiscales y jueces de Tucumán.
La medida fue adoptada a pedido del fiscal general Edmundo “Pirincho” Jiménez, quien denunció una “campaña de desprestigio” en su contra.
“Soy respetuoso de los fallos de la Justicia, por lo tanto no puedo emitir ninguna opición”, dijo este lunes Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
El expediente fue tramitado por el fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero e incluye al empresario Gustavo Olarte, titular del medio, en una investigación penal por “coacción institucional e incitación al descrédito”. Según la denuncia, los informes periodísticos del canal constituirían un “hostigamiento” hacia el Ministerio Público Fiscal.
En su fallo, el juez Taboada sostuvo que las publicaciones del medio “no se enmarcan en el ejercicio democrático del control del accionar de los funcionarios judiciales”, sino en un “intento de constreñir y limitar el ejercicio funcional de la justicia provincial”.
En ese sentido, calificó los contenidos difundidos como una “campaña pública de hostigamiento y desprestigio contra el sistema judicial”.
La resolución también ordena comunicar la medida al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que controle su cumplimiento, lo que implica una intervención estatal directa sobre el trabajo periodístico. De esa manera, el organismo nacional deberá supervisar que la empresa y su personal no difundan información o comentarios que puedan interpretarse como lesivos para los funcionarios judiciales.
El fallo fue dictado sin audiencia previa con las partes afectadas, un punto que despertó críticas entre abogados, especialistas y organizaciones del sector.
Según medios tucumanos, diversas entidades profesionales advirtieron que se trata de un caso de censura previa sin antecedentes en democracia, al prohibir de antemano la difusión de opiniones críticas hacia funcionarios públicos.
Reacciones y repudios
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudió la decisión y la calificó como “una grave violación a la libertad de expresión y un caso de censura previa”. “Ninguna autoridad del Estado puede impedir de antemano la difusión de opiniones o críticas sobre funcionarios públicos”, expresó la organización en un comunicado.
Por su parte, la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) consideró la medida “un atentado directo contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada”. En su declaración, la entidad sostuvo que el fallo “instala un bozal judicial sobre periodistas y medios, algo incompatible con un sistema democrático”.
Desde el ámbito académico y judicial también surgieron cuestionamientos. Juristas especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradice el principio de libertad de expresión consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente la censura previa.
También recordaron que los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional —como el Pacto de San José de Costa Rica— establecen que las restricciones preventivas a la difusión de información sobre asuntos públicos son incompatibles con un Estado democrático.
Aunque el conflicto se originó en Tucumán, las organizaciones periodísticas advirtieron sobre su posible impacto en todo el país. “Sienta un precedente extremadamente peligroso: si un juez puede prohibir la crítica a un fiscal, mañana podría hacerlo frente a cualquier funcionario o autoridad pública”, señalaron desde Fopea.
Hasta el momento, la empresa y los periodistas involucrados no realizaron declaraciones públicas, pero sus representantes legales analizan presentar recursos ante instancias superiores. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de Tucumán y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida ya rige en toda la provincia y establece que cualquier incumplimiento podría derivar en sanciones penales o administrativas. Por su alcance y por la falta de antecedentes, distintas entidades nacionales e internacionales de prensa siguen el caso con atención.
