Gremios estatales advirtieron en las últimas horas que el Gobierno nacional prevé para el martes próximo el anuncio de un “desguace” del 30 por ciento de los empleados de planta transitoria de la administración pública nacional, medida que alcanzaría unos 70 mil trabajadores.
Según detalla Clarín, los sindicatos apuntaron que se trata de “un universo de 64 mil empleados estatales regidos por el artículo 9 y unos 6 mil que prestan servicio bajo la resolución 1109 -en este caso, monotributistas o personal especializado bajo convenio con universidades- cuyo vínculo laboral fue prorrogado el 31 de diciembre y por el plazo de tres meses”.
Debido al feriado largo, desde ATE y UPCN calculan que la gran mayoría de los trabajadores comprometidos recibirían las notificaciones entre el martes 26 y el miércoles 27 de marzo.
En tanto, desde Casa Rosada rechazaron que existan cifras precisas, pero admitieron que habrá contratos que serán discontinuados.
Cambio de época
A días de haber asumido la gestión, el Gobierno de Javier Milei dictó el decreto 84 que canceló los contratos suscriptos en el 2023 y ordenó una exhaustiva auditoría sobre el resto de la planta estatal.
Ese proceso estuvo a cargo del entonces titular de Modernización del Estado Armando Guibert. En las últimas horas, el funcionario presentó la renuncia y se especulaba que podría tener relación con la drástica medida que tomaría la administración de Milei.
Con la salida de Guibert, la tarea quedó en manos de otros funcionarios de Jefatura de Gabinete, que conduce Nicolás Posse.
Desde ese organismo negaron que existan “listados” donde se haga referencia a posibles despidos, pero admitieron que cada dependencia definirá qué contratos siguen y cuáles no a partir del 1 de abril.
Los cálculos de ATE y UPC
Tanto ATE como UPCN estiman serían unos 70 mil los trabajadores afectados, en base a una comunicación interna del Ejecutivo donde se recomendaría ajustar “entre un 20% y un 30%” de la planta transitoria.
En ese marco, advirtieron que muchos de los contratos corresponden a trabajadores con antigüedades de hasta 10 años, que se encontraban precarizados y regularizaron su situación en el último tiempo.
No descartan adoptar “medidas de carácter administrativo y judicial por el vaciamiento del personal”, anticipó Flavio Vergara, el delegado paritario de ATE.
