La motosierra del presidente Javier Milei se activó en los últimos días, con numerosas bajas de contratos en el Estado nacional y el corte total del financiamiento para las organizaciones piqueteras en la ejecución de los planes sociales, que ahora dependen del mega ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
Estas medidas generan un clima de conflicto para los próximos días. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional ya decidió para el próximo miércoles un “paro activo” en todo el país, que también se cumplirá en Córdoba.
El presidente anunció el martes pasado que se rescindirían 70 mil contratos, aunque luego hubo una corrección desde la propia Casa Rosada. En realidad, en esta etapa serán 15 mil las bajas, pero lo mismo generó una fuerte reacción de los gremios estatales.
A nivel nacional son dos los gremios más grandes que representan a los estatales: el mencionado ATE y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
ATE es el más combativo, conducido por dirigentes enrolados en el kirchnerismo: Rodolfo Aguiar es el titular del gremio, mientras que Hugo “Cachorro” Godoy fue referente del gremio y ahora conduce la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Mientras que UPCN es liderado desde hace 35 años por Andrés Rodríguez, un veterano peronista tradicional, habitualmente dialoguista con el Gobierno de turno.
En cuanto a la cantidad de afiliados de cada gremio hay una histórica polémica. En el año 2019, el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó realizar una “compulsa de representatividad”, ya que en ese momento la gestión de Mauricio Macri quería conocer cuál era la representatividad de cada uno de los dos gremios con los cuales tenía que negociar salarios.
No hubo un resultado en aquella compulsa, por la resistencia de ambos gremios. El último dato concreto al respeto data de junio de 1998, cuando el Ministerio de Trabajo constató que UPCN representaba al 72% de los trabajadores estatales nacionales, mientras que ATE tenía al 28%.
Aunque en los últimos 20 años, ATE creció en el número de representados. El gremio que ahora conduce Aguiar dice que están “50 a 50″ con UPCN. Por supuesto, Rodríguez dice lo contrario y se aferra a aquel último dato “oficial” de 1998.
También es cierto que durante la gestiones kirchneristas creció el número de empleados estatales, muchos de los cuales se inclinaron por afiliarse a ATE, más cercano a los K.
Según los datos de enero pasado, antes de esta avalancha de contratos que se cayeron, hay 333.853 trabajadores en la administración pública nacional que depende del Poder Ejecutivo.
De ese número, 76 mil son trabajadores contratados, es decir, que no tienen estabilidad laboral en el Estado nacional. Son los apuntados por la gestión libertaria.
Bajas
Antes del drástico anuncio del presidente Milei del martes pasado, que se daría de baja a 70 mil contratos, en el gremio de ATE tenía consolidado que no se renovaron más de 10 mil contratos que vencieron el 31 de diciembre pasado.
Esa caída de puestos de trabajo no generó tanto revuelo, porque muchos de esos trabajadores sabían que su vínculo vencía con la salida del anterior gobierno de Alberto Fernández.
Ahora, la gestión libertaria, corrigió aquel número que había dado el jefe del Estado. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que este 31 de marzo se darán de baja a 15 mil contratos, mientras que el resto (alrededor de 50 mil, descontando también los 10 mil que cayeron en diciembre) serán renovados por seis meses para analizar “caso por caso”.
Esta situación puso en pie de guerra al gremio de ATE, que realizó el martes pasado un paro nacional, y ahora anunció otra medida de fuerza para el próximo miércoles, con movilización.
El titular de ATE Córdoba, Federico Giuliani confirmó a La Voz que el miércoles su gremio saldrá a protestar en las calles de la ciudad de Córdoba, y en algunas ciudades del interior, como Río Cuarto, Villa María, Río Tercero y Embalse.
Según los datos que maneja ATE local, el 31 de marzo caerán más de 250 contratos en Córdoba.
Hasta el miércoles pasado tenían contabilizados 165 contratos que no serán renovados.
Por ejemplo, el miércoles por la mañana, llegó al Ente Nacional de Comunicación (Enacom) local, la resolución por la cual se cerraba ese organismo que era conducido por el periodista Pablo Giletta.
Se trata de un ente autárquico y descentralizado que tiene como “objetivo conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de Internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión”, según indica en la página oficial del organismo que tenía 24 delegaciones del interior. Todas fueron cerradas desde el miércoles pasado.
El Enacom tenía 31 empleados en Córdoba, de los cuales 29 eran contratados y se les rescindió el vínculo laboral.
Piqueteros
Por su parte, el otro sector que está siendo afectado por el ajuste mileinista son los piqueteros.
Si bien no se tratan de empleados estatales, el Gobierno nacional ya tomó varias medidas que afectaron el financiamiento de las organizaciones sociales.
La primera decisión fue sacarles a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo (eliminado y transformado en otros dos programas) la obligatoriedad de realizar una contraprestación.
Esa contraprestación que realizaban el 1,2 millón de beneficiarios, en la mayoría de los casos, las concretaban en cooperativas de trabajo que administraban las organizaciones piqueteras.
El vocero presidencial Adorni comunicó este miércoles que el Ministerio de Capital Humano estaba analizando dar de baja a más de 11 mil cooperativas, que no cumplían los requisitos legales y administrativos para recibir recursos del Estado nacional.
La mayoría de esas cooperativas son administradas por piqueteros, que ahora dejarían de funcionar.
A esta medida, también hay que sumarle la decisión de la Nación de no enviar alimentos a los comedores populares, que también manejan los piqueteros.
Para evitar otra vía de intermediación de los piqueteros, la gestión libertaria concentró la asistencia alimentaria a través de la Tarjeta Alimentar, que tiene 3,8 millones de beneficiarios en todo el país.
Las organizaciones piqueteras siempre estuvieron divididas en dos grandes grupos, durante los últimos cuatros años: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), que aglutinaba a organizaciones que trabajaban con el anterior Gobierno nacional.
Mientras que el Bloque Piquetero está conformado por organizaciones de izquierda, que enfrentaron en las calles a la gestión albertista, pero habitualmente terminaban negociando y consiguiendo recursos del anterior Gobierno.
El miércoles pasado, las organizaciones de ambos grupos se reunieron para tratar de unificar un reclamo común en las calles, en contra del ajuste que impulsa el presidente Milei.
La intención era realizar una protesta nacional el próximo miércoles, pero finalmente se acordó hacer una gran movilización el miércoles 10 de abril.
De todos modos, las organizaciones de izquierda no descartan hacer un reclamo por su cuenta, en la próxima semana.
Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero de Córdoba, comentó que es probable que miércoles próximo haya una protesta en el CPC de Villa Libertador, y también en el Arco de Córdoba.
La idea no es ir al centro de la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta que el Gobierno provincial aplica el mismo operativo antipiquetes que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aplica a nivel nacional.
Aunque no lo admitan de manera pública, las organizaciones piqueteras enfrentan dos problemas para reclamar en las calles: sus adherentes ya no tienen la obligación de cumplir tareas en las cooperativas o los comedores populares, por lo cual, ya no es tan fácil impulsar protestas multitudinarias, y por otro lado, los estrictos operativos policiales que se llevan a cabo en Capital Federal -y también en Córdoba- ahuyentan a muchos manifestantes.
De todos modos, los referentes piqueteros prometen que las protestas del 10 de abril en contra del Gobierno nacional serán “históricas” por la cantidad de manifestantes.
