En medio del reclamo del gobernador Martín Llaryora al Gobierno nacional para que se aumenten las partidas de la Anses para la Caja Jubilaciones de Córdoba, cuatro de los gremios estatales cordobeses más fuertes, los judiciales provinciales, el Suoem, La Bancaria y Luz y Fuerza, le exigen al Gobierno provincial el fin de los aportes jubilatorios extraordinarios para financiar el organismo previsional provincial.
En un encuentro que se realizó en el gremio de La Bancaria, los referentes de los cuatro gremios acordaron realizar el próximo miércoles una movilización de los cuerpos orgánicos para reclamar frente a la Caja de Jubilaciones, la eliminación de la ley de emergencia que impulsó el gobernador Llaryora a los pocos días de haber asumido, en diciembre de 2023.
Esa ley de emergencia aprobada en la Legislatura luego de un acalorado debate, significó el establecimiento de aportes jubilatorios extraordinarios (en el caso de los cuatro mencionados gremios, llevó del 18 al 22% los aportes para la Caja), el diferimiento jubilatorio y el gravamen al doble beneficio previsional (artículo 58, de la ley 10.694), que no permite cobrar el total de un segundo beneficio jubilatorio.
Los cuatro gremios coincidieron en la exigencia unánime de eliminar el recorte salarial que el Gobierno de Córdoba aplica desde diciembre de 2023, sobre los trabajadores del sector público provincial.
Ni bien asumió esta gestión, ante los incumplimientos del Gobierno nacional en el envío de fondos para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, Llaryora impulsó una ley de emergencia para significó subir en 4 puntos los aportes de los estatales provinciales para financiar el sistema previsional provincial.
También hubo un aumento de un punto para los estatales provinciales de los descuentos destinados a la Apross, la obra social provincial.
Si bien los gremios reconocieron el estrangulamiento financiero que sufre Córdoba por parte de la Nación –que adeuda a la Caja de jubilaciones todo el año 2024 y sólo envía, desde hace tres meses $5.000 millones mensuales, de los $20.000 millones mensuales que debería girar–, fueron contundentes al señalar que “las y los trabajadores y jubilados no podemos ser la variable donde la provincia descargue los incumplimientos nacionales”.
“Entendemos la situación, pero no aceptamos que la respuesta sea siempre recortar el salario de trabajadores, jubilados y jubiladas. Exigimos que el Gobierno Provincial busque alternativas que apunten hacia sectores de alta rentabilidad y poder adquisitivo a los que paradójicamente se los suele beneficiar con amplias exenciones impositivas”, argumentaron los gremios.
Los gremios también reclaman que los aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba mediante, las organizaciones sindicales, “deben recuperar el gobierno de la misma, institución que lleva décadas intervenida por los poderes de turno”, indicó el documento que publicaron los cuatro sindicatos.
El encuentro estuvo encabezado por los secretarios generales de las cuatro entidades: Federico Cortelletti (Agepj-judiciales provinciales); Rubén Daniele (Suoem); Ezequiel Morcillo (Bancaria) y Jorge Molina Herrera (Luz y Fuerza Córdoba).
Las cuatro entidades gremiales ya tienen en marcha reclamos legales y evaluaron posibles acciones gremiales conjuntas.
Contra la reforma laboral
El encuentro gremial también analizó con máxima preocupación el continuo deterioro socioeconómico y su impacto en el poder adquisitivo, así como el anuncio del Gobierno nacional de ingresar al Congreso un proyecto de reforma laboral.
Frente a esta posibilidad, los cuatro gremios comprometieron movilización y lucha frontal, al entender que una reforma de este tipo “viene a destruir los fundamentos del derecho laboral y a provocar más precarización laboral en un contexto ya crítico para las y los trabajadores”.
El gobernador Llaryora vería con buenos ojos la denominada “modernización” de las leyes laborales, como dicen desde la Casa Rosada.
Aunque el mandatario provincial aclaró que los diputados del PJ cordobés no votarán a favor de una norma que restrinja derechos a los trabajadores.
