El dirigente peronista Guillermo Kraisman continuará detenido en el marco de la causa que investiga el intento de retirar un millón de pesos con el DNI de una persona que había sido contratada por la Legislatura de Córdoba. La situación del exconcejal y exfuncionario se complica porque se dictó su prisión preventiva y se agravó la imputación que pesa sobre él: ahora es tentativa de defraudación calificada a la administración pública.
El fiscal del fuero Penal Económico y Anticorrupción, Franco Mondino, había solicitado la prisión preventiva no sólo de Kraisman, sino también de Luciana Castro, la exempleada municipal que acompañó al exconcejal en el intento de extraer dinero ajeno.
Esta mujer trabajaba como encargada de un polideportivo municipal y fue quien estuvo con el exedil el 16 de enero, cuando intentó con un DNI no vigente de Virginia Martínez, la contratada “fantasma” de la Legislatura, cobrar el sueldo de diciembre en una sucursal bancaria de barrio General Paz.
Prisión preventiva para Kraisman, libertad para Luciana Castro
Fuentes judiciales confirmaron a La Voz que el juez de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, receptó el pedido de prisión preventiva para Kraisman, pero determinó la libertad para Castro. Además, cambió la calificación legal al entonces funcionario (por el principio iura novit curia), a lo que había sido inicialmente pedido por el fiscal Andrés Godoy
De esta forma, la acusación tanto a Kraisman como a Castro pasó de tentativa de estafa a “tentativa de defraudación a la administración pública”.
Respecto de la situación de Castro, desde Tribunales se aclaró que si bien quedó en libertad, seguirá bajo las condiciones que disponga la Fiscalía de Mondino. Se espera que se le dicte una caución real, es decir una garantía que se constituye sobre un bien determinado, ya sea mueble o inmueble, para asegurar el cumplimiento de una obligación.
“El señor juez de control Hidalgo ha resuelto ordenar la prisión preventiva como solicitó la Fiscalía. Hemos pedido un plazo para que se agilice la investigación, si una recomendación al fiscal de que se diligencie la prueba para que Kraisman también pueda recuperar la libertad. Ha cambiado la calificación, de defraudación a defraudación calificada porque ha sido contra lo público”, indicó Javier Parfuma, uno de los abogados del dirigente del PJ.
Desde la defensa de Kraisman se adelantó a La Voz que ofrecerán nuevas pruebas para mostrar “que no hubo ardid, ni delito”, y que se trató de un acuerdo de partes entre Martínez y el exedil sin una defraudación.
La defensa espera, además, la declaración testimonial de un empleado de la Secretaría Administrativa de la Legislatura. En el marco de esta causa, se conoció que la legisladora Nadia Fernández, vicepresidenta de la Unicameral, fue quien autorizó el alta y, luego, la baja del contrato de Martínez días antes del hecho sucedido en el banco de barrio General Paz.
Con esta declaración, que no fue pedida por la Justicia, sino facilitada por la Unicameral, la defensa del exedil buscará dar cuenta que la mujer sí estaba contratada y que existió “un acuerdo de partes”.
Pedido de domiciliaria
Parfuma también aseguró que en la misma audiencia se solicitó como “herramienta alternativa” la detención domiciliaria de Kraisman, y no así en la cárcel de Bouwer, donde se encuentra alojado hasta la fecha.
También se conoció que, en el marco de la investigación y a pedido del fiscal, se secuestraron celulares no sólo de Kraisman y de Castro, sino también del entorno, entre los que está el teléfono de la madre de Martínez, vecina de Kraisman.
Al parecer ambas mujeres no tendrían un diálogo fluido y podría ser la madre la facilitadora del DNI vencido que Kraisman poseía de la “contratada”.
Cimbronazo en la Legislatura
Otra de las estrategias que llevará adelante la defensa del exfuncionario será pedir la ampliación de la declaratoria y no descarta que mientras siga en curso la investigación Kraisman se acoja a la ley del arrepentido. Y ahí es donde está dada la tensión en la Legislatura, sobre todo, ante la situación interna que desató entre algunos oficialistas.
“Vuelvo a decir por qué los legisladores departamentales tenemos que poner la cara, ser castigados por esto que deben responder los de la Capital”, confió un parlamentario del PJ. Entre los más inquietos, hay dudas de hasta dónde Kraisman prenderá el ventilador y si tiene intenciones de dar a conocer llamados y audios con otros legisladores del mismo bloque con injerencias en la toma de decisión.
Qué dice la defensa de Martínez
Gustavo Castellano, abogado defensor de Martínez, reiteró que su clienta es “una víctima” en esta causa y que está a la espera del pedido ante la Fiscalía de Mondino para constituirse como querellante particular.
Por otra parte, confirmó que la Cámara Contenciosa Administrativa admitió el amparo y notificó a la Legislatura de Córdoba para que dé respuesta a la información solicitada sobre la relación contractual de Martínez.
Según Castellano, la mujer no conoce a la legisladora y tampoco cumplió tareas en la Unicameral debido a que no estaba al tanto de la realización de un contrato.
