Hasta julio de este año, 30.033 cordobesas y cordobeses (21.572 en la ciudad capital) participaban del programa de empleo Potenciar Trabajo, el esquema con el cual el Gobierno nacional pretende desarmar la compleja madeja de planes sociales, anudada durante la gestión de Mauricio Macri y que le permitió al expresidente surfear sin demasiadas olas sus diciembres en la Casa Rosada.
Los datos, disponibles en la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no indican cuáles de estos planes son gestionados por las organizaciones sociales y cuáles por los intendentes; y tampoco qué tareas realizan los beneficiarios: pueden ser actividades en comedores comunitarios, en agricultura familiar o en obras públicas pequeñas, como cordón cuneta, por ejemplo.
Las organizaciones sociales dicen, sin dar precisiones, que entre 12 mil y 15 mil beneficiarios se reportan con ellas; y el resto lo hace con intendentes y partidos políticos.
En las últimas semanas, a ese universo se agregaron dos mil nuevos beneficiarios que pasarán a depender de la unidad de gestión que fue habilitada en la Municipalidad de Córdoba, en su debut en el complejo ecosistema de los planes sociales de empleo.
Con esta ampliación, se acrecentaría la participación de la Capital en el Potenciar Trabajo, que llegaría a 32 mil personas.
Mensajes de la Municipalidad
Esos dos mil nuevos beneficiarios recibieron sendos mensajes por Whatsapp, enviados desde la Municipalidad. A cada uno se le consultaba qué tipo de trabajo estaba realizando, un sondeo previo a la certificación que desde ahora deberá hacer el municipio capitalino: sólo 1.420 respondieron el formulario.
Es un dato que ejemplifica que el control de la prestación es el talón de Aquiles que tiene el Potenciar Trabajo, según coinciden funcionarios y dirigente sociales: el control de que la tarea, ya sea laboral o de capacitación, se está cumpliendo.
“Cuando un compañero o compañera cobra y no trabaja se genera una tensión en el barrio que repercute en el funcionamiento de la unidad productiva”, dice una dirigente social consultada.
Ocurre algo similar cuando el beneficiario debe asistir a una movilización y esas horas son computadas a la planilla de tareas del día por la organización convocante.
Sin embargo, funcionarios y dirigentes dicen que debe haber cierta tolerancia: “No se puede dar de baja a una mujer porque falta una semana; hay contextos complejos y violentos que deben ser atendidos”, opina un efector del Potenciar Trabajo.
Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad y de quién depende la unidad de gestión de la comuna, dice que la experiencia del programa servidores urbanos fue determinante en la decisión de expandirse hacia el Potenciar Trabajo.
“Aspiramos a ampliar, acompañar y hacer un seguimiento al Potenciar Trabajo. Por ejemplo, proyectamos que cada comedor sea también una unidad productiva que puede generar alimentos para tener recursos propios”, dice al confirmar que el municipio se meterá en el programa de empleo nacional.
En este punto, sostiene que “hay una madurez” en las organizaciones sociales y políticas a la hora de “debatir respecto de cómo transformar” los planes en empleo. “Hasta hace poco, discutíamos de bolsones; ahora, debatimos qué salida laboral hay que encarar”, sostiene La Cava.
Respecto del foco de las críticas por la “politización” de los planes, La Cava aspira a que los beneficiarios del Potenciar Trabajo puede “separar la militancia de la obligación del programa”.
“Ni el Estado ni las organizaciones queremos que el Potenciar Trabajo se convierta en un Jefes de Hogar”, dice La Cava, en alusión al primer plan creado a fines de los 90, durante el menemismo.
La decisión es no incorporar al Potenciar Trabajo a los dos mil Servidores Urbanos: el programa seguirá siendo 100 por ciento municipal. La idea primaria es desarrollar nuevos puestos para trabajadores informales; en principio para estos dos mil.
Hay una prueba piloto: cuadrillas (algunas integradas por mujeres) de pequeñas reparaciones en la infraestructura urbana.
En ese sentido, Silvia Quevedo, de Barrios de Pie, reclama que sean trabajadores registrados en la economía popular quienes realicen los trabajos de infraestructura social y comunitaria para el Estado, particularmente en obras financiadas por la Nación.
Sin lecturas ingenuas, también se trata de la incidencia directa de Martín Llaryora en las organizaciones sociales; salvo el Evita, la mayoría de ellas alineadas con el Gobierno nacional. Se espera que la elección de las unidades de gestión sea libre, por lo que cada beneficiario podría elegir si reporta a una organización, partido o a una intendencia.
En ese marco, la disputa de poder que asoma es por el control de las “unidades de gestión”, la súper estructura que controla a las “unidad productivas”, que es la célula donde se inscribe cada beneficiario.
El ensayo general de esa tensión ocurrió en el Conurbano bonaerense, donde los intendentes lograron mayor incidencia y cuentan con un aliado central: Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham y ministro de Desarrollo Social.
“Las organizaciones fueron empoderadas por Macri con la gestión del salario social complementario (el antecedente del plan Proyectar Trabajo), ahora los barones del Conurbano bonaerense quieren recuperar esa herramienta”, explica un dirigente que conoce la matriz política de los planes de empleo y que sospecha que “Zabaleta viene por las organizaciones”.
Potenciar Trabajo
Cada beneficiario del plan percibe 14.580 pesos, la mitad del salario mínimo vital y móvil. Los beneficiarios deben trabajar durante cuatro horas en alguna de las unidades productivas, generalmente gestionadas por las organizaciones sociales, las que tienen a su cargo el control efectivo de las prestaciones. Si no se certifica la asistencia o capacitación, el beneficiario pierde el 50 por ciento del plan. Si esto se extiende durante dos meses, deja de percibir cualquier ingreso, aunque queda en el sistema cuatro meses más.
