El Concejo Deliberante de Córdoba dio un paso clave hacia la implementación de la Ficha Limpia en la ciudad capital. A través de un despacho unificado (hubo consenso entre oficialismo y oposición) de la Comisión de Legislación General, se aprobó este miércoles una serie de modificaciones al Código Electoral Municipal que impiden la candidatura a cargos públicos de personas condenadas por delitos dolosos.
Ahora, solo falta la votación en el recinto, pero hay acuerdo para un acompañamiento mayoritario, sobre todo porque lo impulsa el peronismo.
La ordenanza, que reformula el artículo 50 e incorpora los artículos 50 bis y 50 ter al Código Electoral, establece que no podrán postularse quienes tengan condenas firmes (sean de cumplimiento efectivo o condicional) por parte de tribunales provinciales, nacionales o federales.
También se incluyen inhabilitaciones por penas accesorias, y se aclara que las sentencias deben estar confirmadas por instancias superiores.
Además, se obliga a los partidos, alianzas o confederaciones políticas a presentar una declaración jurada firmada por todos sus candidatos, en la que se manifieste que no están alcanzados por estas inhabilitaciones. La Junta Electoral Municipal deberá verificar esta información solicitando certificados de antecedentes penales.
La reforma también alcanza el Código de Ética para la Función Pública: ningún funcionario designado o electo podrá asumir si se encuentra comprendido en las condiciones de inhabilitación establecidas por el nuevo artículo 50 bis.
El objetivo, según fundamentaron los autores de los distintos proyectos unificados, es elevar el estándar de integridad en la administración pública y mejorar la confianza ciudadana en la representación política.
El despacho fue elaborado sobre la base de tres expedientes impulsados por concejales de distintos bloques. Se espera que la norma sea aprobada por el pleno del Concejo en las próximas sesiones y entre en vigencia para los próximos procesos electorales municipales.
Voces
“Teníamos en evaluación tres proyectos: uno del oficialismo y dos de distintos bloques opositores. Logramos consensuar los tres”, explicó el concejal Martín Simonian, autor del proyecto del peronismo.
“Esto demuesta la voluntad política y la madurez cívica, tanto del gobernador Llaryora como el intendente Daniel Passerini, tanto la provincia como la ciudad tengan esta ley”, agregó el legislador.
Según Simonian, hay que destacar “el consenso y el acuerdo de tres proyectos diferentes”, que lograron escucharse y que además, recibieron en las comisiones de todo tipo de opiniones.
El concejal pidió que a nivel nacional “se parezcan a los cordobeses” y tengan su propia ley.
Soher el Sukaria, concejala con licencia, fue invitada a participar del debate porque había sido la autora del proyecto con mayor canditad de firmas.
“Es una verdadera satisfacción que la segunda ciudad del país tenga aprobado una ordenanza de esta naturaleza, para funcionarios públicos y concejales electos”, dijo, y agregó: “Hasta que la corrupción no sea un disvalor real y no haya condenados ocupando cargos públicos la corrupción ensombrecera la gestión pública y el perjuicio es para cada ciudadano un acto de corrupción son las rutas, los hospitales y la seguridad que le falta a cada argentino”.
