En el marco de la causa en la que se investiga al exconcejal Guillermo Kraisman, la Fiscalía en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo de Franco Mondino, dispuso la imputación de Virginia Martínez, la empleada que había sido contratada por la Legislatura de Córdoba y a quien el exfuncionario intentó cobrarle el sueldo en un banco de barrio General Paz.
La Fiscalía dispuso la imputación a la mujer por delito de falso testimonio agravado, tras “las pruebas obtenidas en los teléfonos secuestrados por la investigación”, y ante lo aportado por el testigo propuesto por la Dirección de Asuntos Legales, de la Legislatura provincial.
Con estas pruebas se hizo saber que existía un vínculo entre Martínez y el exconcejal justicialista, quien está imputado en su caso por defraudación a la administración pública, junto con Luciana Castro, la mujer que lo acompañó al banco en el intento de retirar el dinero.
En el marco de la investigación, se informó de “presuntas tratativas (por parte de Martínez)” para regularizar su situación laboral ante la Unicameral.
Este punto fue negado por la defensa de la mujer, quien desde el inicio de la causa aseguró que “nunca había concurrido a la Legislatura”, y que “tampoco conoció a la legisladora Nadia Fernández”, quien autorizó el ingreso y luego la baja del contrato, antes que Kraisman concurriera al banco.
En su declaración testimonial, la mujer “negó todo vínculo tanto con Kraisman como con personal de la Legislatura provincial”.
Desde la Fiscalía de Mondino se conoció, además, que se dispuso la imputación de Patricia Defunchio, madre de Virginia Martínez, por el delito de defraudación de la administración pública agravada en grado de tentativa, en calidad de participe necesaria.
La pista que se investiga es cómo Kraisman intentó cobrar el sueldo de Martínez con un DNI ya vencido y qué participación tuvo la madre, vecina en el mismo complejo edilicio del exconcejal.
