El fiscal federal N° 2 de Córdoba, Carlos Casas Nóblega, imputó a nueve personas, entre funcionarios, exfuncionarios y empleados de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y directivos de dos compañías –una extranjera y otra local– en una causa penal por presuntos sobornos en el marco de licitaciones de proveedores de bienes y servicios.
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción de la Nación por sospechas de presuntos hechos de cohecho (coimas) en el seno de la histórica fábrica localizada camino a Villa Carlos Paz. Incluso, en su informe de gestión a fines de 2024, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, había aludido a la existencia de la denuncia, pero sin explicitar el tipo de delito.
El subrogante de la Fiscalía N° 2, Casas Nóblega, solicitó una serie de allanamientos que el juez N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó este jueves en la ciudad de Córdoba, Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Fueron ejecutados por efectivos de la Unidad de Información Criminal de la Policía Federal con colaboración de la Oficina Anticorrupción.
Coimas y corrupción, la hipótesis que salpica a Fadea
Los investigadores liderados por el instructor habrían detectado 28 hechos calificados como cohecho tanto activo como pasivo, que se habrían producido en el contexto de licitaciones de proveedores de bienes y servicios de Fadea, según pudo conocer La Voz.
Las maniobras no solo habrían sido emprendidas por meros empleados sino que alcanzarían a exfuncionarios y actuales de la fábrica y a directivos de una firma extranjera y de otra proveedora de bienes y servicios locales. Hasta el momento, no transcendieron los nombres y otros detalles.
Respecto a esta última, la empresa habría pagado periódicamente –aparentemente entre 2020 y 2023, durante la gestión encabezada por Mirta Iriondo en Fadea– sumas de dinero en dólares a empleados y/o funcionarios de Fadea en concepto “de porcentaje” por presuntamente suministrarle información reservada para poder imponerse y ganar finalmente las licitaciones.
Hasta el momento, los pagos globales a funcionarios rondarían más de 58 mil dólares, por un lado, y un millón de pesos, por otro. Los presupuestos involucrados serían de mucha mayor entidad pero no están determinados aún, ya que la prueba recabada este jueves durante los allanamientos no fue analizada.
El fiscal solicitó también información a organismos locales y requerimientos al exterior en relación a los investigados extranjeros y a las firmas a las que pertenecen.
Asimismo, pidió que a todos los investigados se les prohibiera la salida del país y se ordenara la inhibición general de bienes por sumas millonarias.
La Voz consultó a Fadea, que por ahora no brindará información por encontrarse la causa bajo secreto de sumario. No obstante, trascendió que la compañía entregó hoy toda la información requerida por la Justicia.
Fadea, ajustes y ¿a la Provincia?
La investigación se conoce tras la renuncia en febrero de Fernando Sibilla como presidente número 77 del Directorio de Fadea (fundada hace 97 años) y tras una negociación –que ya varios dan por terminada, sin resultados positivos– entre el Gobierno nacional y la administración del gobernador, Martín Llaryora, para que la fábrica pase a la Provincia.
Durante la gestión de Sibilla, Fadea detectó una “gran cantidad de inconsistencias” en los estados contables, los avances de obras y las facturaciones pendientes” con un “desequilibrio financiero”, según el informe de gestión presentado por Francos.
Fadea no pudo continuar el contrato para la provisión de aviones Pampa III y del acuerdo para el desarrollo y producción en serie del IA-100 B (ambos para la Fuerza Aérea) por no contar con fondos. De hecho, no pudo cerrar la venta de un Pampa a Guatemala ni a Paraguay, según reveló el ingeniero Ricardo Runza.
El equipo técnico de Sibilla aplicó un ajuste al gasto, ya que 232 empleados fueron desvinculados en 2024 y 75 se acogieron al retiro. El costo de la reestructuración (despidos) llegó a $ 2.853.282 en 2024 y se prevé $ 1.695.891 para el tramo 2025-2029, totalizando así $ 4.549.174 (Fadea recibió fondos especiales por $ 1.386 millones y solicitó al Tesoro $ 1.456 millones).
La empresa presta mantenimiento a la flota de Airbus A-320 de Latam (acuerdo de 2018) y mantiene un contrato con Embraer para la fabricación de subconjuntos para el KC-390. Para 2027, Fadea busca generar más ingresos por servicios a clientes externos (56%), en comparación con los servicios prestados al Estado (46%).
La semana pasada, la firma logró la habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) para realizar mantenimiento base en aeronaves comerciales Boeing 737-600/700/800 y Boeing 737-8 MAX.
Causas anteriores sobre Fadea
En los últimos años, diversas autoridades de Fadea quedaron bajo la lupa de la Justicia federal de Córdoba, años atrás. En 2016, exfuncionarios de Fadea que se desempeñaron desde 2011 al 2015 –entre ellos, los expresidentes Raúl Argañaraz y Matías Savoca- durante la gestión kirchnerista fueron investigados por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Uno de los escándalos más recordados fue el protagonizado por Juan Carlos Giraudo, quien entre 2011 y 2013 fue directivo de Fadea.
Giraudo pidió a un empleado que, con material de la firma, le instalara un marco para un portón de reja. El trabajador realizó los trabajos en el horario laboral por el que había sido contratado por Fadea y hasta usó un auto oficial para ir a la casa del directivo.
El entonces fiscal federal Gustavo Vidal Lascano (jubilado) detectó “un desmanejo” de las áreas que estuvieron a cargo de Giraudo (compras y contrataciones, seguridad y transporte, y mantenimiento). Giraudo fue denunciado, despedido en 2015 y 2019 condenado a dos años de prisión en suspenso por peculado.
En 2021, un hackeo a miles de cuentas de correo que utilizan la plataforma Exchange Server de Microsoft permitió que estafaran a Fadea por U$S 453 mil.
El ataque informático estuvo dirigido a cuentas de laboratorios, gabinetes de abogados, universidades, organizaciones no gubernamentales y contratistas de Defensa.
Dentro de este último grupo, se encuentra Advent Aircraft Systems, una firma estadounidense que provee de los sistemas electrónicos de frenado de los aviones Pampa 3. Se encargaron componentes a Advent por más de U$S 1 millón, que se pagarían en cuotas.
El depositó el primer pago, por U$S 87 mil, y poco después se depositó el segundo, por U$S 366 mil. Advent advirtió a Fadea sobre la “intromisión” informática.
Los piratas informáticos estudiaron el intercambio de mails entre Fadea y un representante de Advent. Y según la firma argentina, los hackers clonaron la cuenta de mail de Advent y continuaron con la negociación para los pagos. En paralelo, crearon cuentas bancarias a nombre de la empresa, donde Fadea depositó los dos primeros pagos.
La causa terminó siendo investigada por el fiscal Enrique Senestrari.
