El fiscal Ernesto de Aragón avanzó con la imputación de Federico Giuliani, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba, a quien sindica como el “instigador a la violencia” en el marco de la protesta por la presencia de Javier Milei en esta provincia durante el 25 de mayo.
Giuliani encabezó el corte en el ingreso del Aeropuerto Taravella, y luego, de acuerdo con la prueba con la que contaría el fiscal, quien “provocó los disturbios” en la esquina de Vélez Sarsfield y 27 de Abril.
En ese marco, este martes fueron allanados el domicilio de Giuliani y la sede de ATE en Río Cuarto. Según el gremio, el fiscal De Aragón dispuso el secuestro de los teléfonos personales del dirigente sindical y de su hijo, de sólo 9 años.
ATE calificó al allanamiento e incautación del celular como “un hecho de gravísimas consecuencias para la convivencia democrática en Córdoba”, y agregó que el fiscal provincial Ernesto de Aragón ejecuta un “acoso judicial” en contra de Giuliani.
De Aragón informó a Giuliani de la imputación, pero aún no le tomó declaración indagatoria. El dirigente está imputado por el presunto delito de “obstrucción de los medios de transporte” durante una marcha realizada en abril del 2023. El caso es analizado por la Cámara de Acusación, que debe resolver planteos de la defensa del sindicalista.
En ese sentido, el gremio reclamó este martes que De Aragón ”deponga esta persecución de manera inmediata, devuelva los teléfonos a la familia Giuliani, junto al resto de sus pertenencias particulares, y respete la Constitución Nacional”.
ATE contra Quinteros
De acuerdo con la interpretación que realiza el sindicato, la imputación a Giuliani “se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra nuestra organización sindical”.
Además, el sindicato opinó que “Quinteros es un funcionario que ha sabido saltar de entre varios partidos políticos, denunciado por varios casos de corrupción, que sigue la línea de acción de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, con quien se ha referenciado en varias oportunidades”.
Después de los incidentes del sábado, Quinteros había justificado el accionar policial y sostuvo que “ATE transgredió las normas, por lo que la Policía tuvo que restablecer el orden”.
Desde el gremio de estatales aseguraron que Giuliani y otras 14 personas resultaron heridos de diversa magnitud “sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo”. “Queda claro que el desprecio del Gobierno de Córdoba por el estado de derecho y de las garantías constitucionales, donde el derecho a la protesta forma parte fundamental de nuestro contrato social, de la propia Constitución, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales”, apuntó ATE.
