La Fiscalía de Río Segundo imputó al secretario de Hacienda del municipio local, Javier Romero, por presuntas irregularidades en la habilitación de comercios.
La causa se inició tras detectar que varios quioscos, registrados con permisos limitados, vendían alcohol durante toda la noche sin los controles correspondientes.
Según se indicó, en los próximos días otra persona, también vinculada al área administrativa del municipio de Río Segundo, será notificada de la misma imputación.
La acusación es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la falta de controles a comercios que incumplen la reglamentación vigente.
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El caso comenzó con una serie de hechos de violencia en la vía pública. En noviembre de 2024 la Justicia allanó la Municipalidad de Río Segundo luego de reiteradas peleas callejeras en la zona céntrica. Un episodio en particular, en el que un guardia de seguridad fue agredido, puso en alerta a las autoridades. En otra de las peleas callejeras la Policía debió intervenir con armas no letales. En uno de los tantos episodios la Fiscalía ordenó la detención de una joven acusada de lesiones leves y amenazas tras agredir a otra persona en la vía pública.
En ese contexto se descubrió que varios quioscos habilitados como tales estaban vendiendo alcohol durante toda la noche, cuando su permiso solo les permitía hacerlo hasta las 23.
A raíz de esto, la Justicia inició una investigación de oficio y detectó que la Municipalidad no estaba ejerciendo su función de control. “El problema no son los boliches sino los quioscos”, explicó una fuente judicial, señalando que la venta de alcohol en la vía pública durante la madrugada genera problemas de convivencia y descontrol.
Como parte de la causa, se realizaron registros en la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana y en el despacho de Hacienda municipal. Allí, los investigadores encontraron expedientes incompletos y detectaron la falta de habilitaciones municipales y de Bomberos en algunos comercios.
Javier Romero, a cargo de Hacienda, explicó que el área encargada de Comercio depende de su cartera y dijo que por eso lo alcanzó la imputación. A modo de autocrítica dijo que deberían haber cobrado multas y hasta clausurado algunos comercios. “Lo estamos haciendo ahora”, dijo.
Denuncias en el Concejo Deliberante
El concejal opositor Rodrigo Correa denunció reiteradamente la situación en el Concejo Deliberante. Según afirmó a La Voz, presentó tres pedidos de informes sobre el tema, pero todos fueron rechazados por el oficialismo.
“Quiero saber cuál es el personal que está abocado al área de Prevención Ciudadana y con cuántos móviles cuentan. También pedí información sobre un boliche que no sabemos si funciona con o sin habilitación”, indicó. En referencia a ese local, conocido como “Otro Lugar” y ubicado en calles Alem y Tucumán, Correa aseguró que “todos en la ciudad saben que pertenece a un funcionario municipal”.
