El miércoles ingresó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley del legislador libertario Agustín Spaccesi para la creación de un Tribunal de Casación en la Justicia provincial. Se propone un cuerpo de siete miembros, con una Presidencia y cuatro salas de tres miembros cada una de ellas. Es decir, un cuerpo a imagen y semejanza del Superior Tribunal de Justicia (TSJ).
Además de crear un Tribunal de Casación como instancia previa al TSJ, el proyecto impulsa la creación de cuatro Fiscalías de Casación en la Provincia de Córdoba, cada una de las cuales actuará en correspondencia con las salas del Tribunal de Casación (Penal, Civil, Laboral y Contencioso-Administrativa).
Se trata de un proyecto complejo, de 56 artículos que además de proponer una nueva instancia judicial en la Provincia incluyen la reforma del Código Procesal Penal, del Código Procesal Contencioso Administrativo y del Código Procesal del Trabajo. Además, modifica las orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Una verdadera reforma judicial propuesta por un legislador que no es abogado.
El proyecto presentado por Spaccesi –que integra un bloque uninominal y a menudo aliado al oficialismo– generó un enorme ruido en la Unicameral, porque desde otros sectores de la oposición consideran que se trata de una propuesta impulsada por el Ejecutivo. El legislador lo niega taxativamente: asegura que el proyecto es de su autoría, con asesoramiento de especialistas en derecho, universidades e instituciones que prefiere no identificar.
“Es una propuesta que apunta a que Córdoba cumpla con los organismos internacionales y la propia Corte Suprema y cuente con otra instancia de apelación”, indicó Spaccesi. Recalcó que el TSJ debería dedicarse a “marcar el rumbo general del Poder Judicial” y en cambio se encuentra atiborrado de causas que deberían resolverse en esta instancia de apelación que propone.
El legislador indicó que se trata de una reforma profunda. “Apuntamos a solucionar un viejo problema que tiene Córdoba, donde en la práctica no hay Cámaras de Apelación, porque se apela en el mismo tribunal que juzga y después es muy difícil acceder al TSJ”, indicó.
Aseguró que se trata de una iniciativa individual y que no pretende que sea tratada este año y tampoco a principios del próximo. “Es un tema muy profundo, debe analizarse mucho y debemos buscar consensos, al menos 50 votos debe tener esta reforma”, indicó. Confió en que el oficialismo y algunos sectores de la oposición acompañen.
Desde varios sectores de la oposición interpretan a priori que el proyecto, en realidad, apunta a generar una instancia previa decisiva, que limitará fuertemente el poder del TSJ. Casi nadie duda en la Unicameral de que el Ejecutivo está interesado en que esa propuesta se apruebe.
Como el TSJ
Spaccesi indicó a este medio que las designaciones serán por concurso, pero el proyecto dice otra cosa: que los miembros del Tribunal de Casación serán designados del mismo modo que los vocales del TSJ. Es decir, sin concurso y por mayoría simple en la Legislatura.
La mayor parte del proyecto hace referencia a las numerosas reformas procesales que implicar sumar una nueva instancia judicial. Por ejemplo, se establece que el Tribunal Superior “conocerá de los recursos de inconstitucionalidad, revisión y apelación extraordinaria”. El Tribunal de Casación “conocerá del recurso de casación”, es decir, todas las demás apelaciones que hoy terminan en el TSJ.
Respecto de los fiscales de Casación, el proyecto establece que “intervendrán en la sustanciación de los recursos deducidos” ante las diferentes Salas del Tribunal de Casación.
En los fundamentos se lee que el Tribunal de Casación “responde a la necesidad de garantizar los principios fundamentales del debido proceso y el acceso a la Justicia, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“A su vez, se busca armonizar con las razones vertidas en la doctrina jurisprudencial emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. En tal dirección, el proyecto que aquí se esboza, apuntala el fortalecimiento de la administración de Justicia y brega por un sistema judicial más eficiente, ágil y accesible. Además, de garantizar el derecho al recurso efectivo, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”, dice el texto que lleva la firma de Spaccesi.
