Un reciente estudio elaborado por Pulsar y el Instituto de Investigación en Gestión, Desarrollo y Control de Organizaciones (Igedeco) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA dibuja un panorama inquietante sobre la relación de los argentinos con su democracia.
Si bien la sociedad mantiene un consenso casi unánime sobre el valor de vivir en un país con división de poderes y voto popular, el análisis revela un desencanto profundo con la eficacia del sistema y una disposición significativa a flexibilizar normas y contrapesos institucionales a cambio de resultados concretos.
El relevamiento nacional, realizado sobre un universo de 1.252 casos entre el 27 de mayo y el 4 de junio, aborda no solo la valoración de la democracia como ideal, sino también la percepción de su funcionamiento, la tolerancia a decisiones autoritarias y tecnocráticas, y la evaluación del rol presidencial frente a las instituciones.
El dato inicial es casi paradójico: los argentinos califican la importancia de vivir en democracia con un promedio de 9,30 (sobre 10), cifra que crece de manera sostenida desde hace tres años. Es decir que 8 de cada 10 ciudadanos afirman que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
Este respaldo no se limita a un sector político específico; atraviesa niveles educativos y simpatías partidarias, incluyendo a La Libertad Avanza, al kirchnerismo/peronismo y al debilitado Juntos por el Cambio.
Sin embargo, esta valoración ideal contrasta de forma contundente con la percepción de la democracia en la Argentina concreta. Cuando se pregunta qué tan democrático es el país hoy, el promedio desciende a 6,47. La evidencia de un desencanto persistente.
Y en línea con esa lectura, un 36% dijo que si un gobierno democrático no da soluciones a la población deberían reemplazarlo antes de que termine el mandato.
Es que la ciudadanía distingue con claridad entre la democracia como valor y su funcionamiento práctico, lo que muestra que la evaluación del sistema depende más de experiencias recientes y de la coyuntura política que de criterios estructurales.
La brecha no responde a diferencias generacionales, sino a la afinidad política. En el estudio, los votantes de La Libertad Avanza tienden a calificar mejor la democracia, mientras que los opositores lo hacen con mayor dureza. Esto confirma que la percepción no es neutral, sino un juicio condicionado por quién ocupa el poder.
Entre estabilidad y eficacia
El estudio también explora la tensión entre el respeto a la estabilidad institucional y la demanda de resultados. Un 62% de los encuestados sostuvo que un gobierno democrático debe completar su mandato sin importar las circunstancias.
Pero hay un dato relevante: el 36% considera que, si el gobierno no da soluciones, debería ser reemplazado antes de concluirlo.
Estos datos reflejan un dilema profundo sobre la valoración de la continuidad democrática y la exigencia de mayor eficacia. Un porcentaje considerable aceptaría cambios anticipados si el desempeño gubernamental no satisface sus expectativas.
A esto se suma otra advertencia: la “paciencia” con el Presidente depende del color político del gobierno y de la edad de los ciudadanos. Los jóvenes son más proclives a aceptar reemplazos en caso de ineficacia.
Por ejemplo, el 40% de los jóvenes entre 18 y 29 años aceptan reemplazar al gobierno si no les da resultados.
Una primera gran conclusión es que la ciudadanía no juzga la democracia en abstracto, sino que condiciona su valoración a la capacidad del gobierno de turno de ofrecer soluciones concretas.
¿Se abre así un terreno fértil para el pragmatismo autoritario o tecnocrático, en el que la eficacia se prioriza sobre la legalidad o los contrapesos?
La flexibilidad de las reglas
Entre los hallazgos más inquietantes se encuentra la disposición de los argentinos a aceptar atajos institucionales si perciben que aumentan la eficiencia del gobierno. Por ejemplo, el 84% de los consultados se mostró de acuerdo con el derecho a manifestarse incluso si no comparte la causa.
Por otra parte, el 53% (entre los libertarios, ese porcentaje sube al 60%) consideró que las decisiones de expertos independientes son más efectivas que las políticas tradicionales.
Otros porcentajes, aunque menores, reflejan tendencias preocupantes: el 34% opinó que el Presidente debería frenar medidas del Congreso si afectan su plan de gobierno, dato con mayor aceptación entre oficialistas.
Además, el 29% de las personas respaldó la idea de restringir el voto según el nivel de información de los ciudadanos, un guiño al voto calificado.
En este punto, casi no hay diferencias entre los que votaron a Milei, a Sergio Massa o a Patricia Bullrich.
Finalmente, el 24% avalaría la suspensión temporal de derechos si el Gobierno lo considera necesario, y el 22% opinó que el Presidente podría incumplir fallos judiciales influenciados políticamente.
Si bien no todos estos porcentajes representan mayorías, sí conforman un segmento significativo dispuesto a tolerar atajos institucionales con tal de obtener resultados concretos.
Mapas de la democracia: cuatro perfiles
El informe identificó cuatro perfiles de ciudadanos según su valoración de la democracia y del republicanismo:
- Cesaristas elitistas (22%): priorizan la eficacia sobre la inclusión y los contrapesos. Dentro de esta categoría, el 78% rechaza que personas poco informadas voten, el 71% acepta la intervención presidencial en leyes y el 52% aprueba suspender derechos. Este grupo refleja un desencanto profundo que favorece soluciones autoritarias.
- Cesaristas demócratas (27%): apoyan la democracia como ideal, pero toleran decisiones excepcionales. Si bien el 100% prefiere la democracia, el 47% respalda la intervención presidencial en leyes y el 37% avala suspender derechos en situaciones críticas. Priorizan los resultados sobre la forma.
- Republicanos elitistas (16%): respetan los contrapesos e instituciones, pero limitan la inclusión democrática. El 80% cree que personas poco informadas no deberían votar y el 66% considera legítimo reemplazar gobiernos ineficaces. Son defensores del sistema, pero con visión restrictiva.
- Republicanos demócratas (35%): compromiso pleno con la democracia y la república. El 100% prefiere la democracia, el 92% rechaza que el Presidente frene leyes y el 97% niega que el Poder Ejecutivo pueda ignorar fallos judiciales. Representan la ciudadanía democrática clásica.
El estudio muestra que la democracia está consolidada como valor, pero su aplicación cotidiana genera tensiones significativas:
- Desencanto pragmático: una parte de la población respalda decisiones autoritarias si prometen eficacia.
- Polarización política: la percepción de la democracia varía según el partido en el poder.
- Tolerancia a flexibilizaciones institucionales: minoritaria pero relevante, lo que abre espacio a líderes que prioricen resultados sobre reglas.
Esta combinación resulta inquietante, ya que la estabilidad formal de la democracia convive con una aceptación social de atajos bajo la lógica de la eficiencia.
La legitimidad del sistema no corre peligro por una desafección directa, sino porque muchos argentinos están dispuestos a tolerar vulneraciones de derechos y contrapesos.
En síntesis, casi la mitad de la población estaría dispuesta a ceder libertades a cambio de eficacia, mientras un tercio mantiene un compromiso pleno con los principios republicanos. La democracia argentina enfrenta así el desafío de conservar la fe colectiva mientras demuestra que puede cumplir expectativas sin sacrificar sus principios.
¿Hasta qué punto tolerará la sociedad los atajos institucionales para alcanzar resultados que siente que el sistema no le da? Por ahora, no parece haber una respuesta clara.
