Una situación insólita se vivió en los Tribunales Federales de Córdoba cuando el exteniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la última dictadura, pidió renovar su carné de conducir para trasladarse desde el lugar donde cumple reclusión domiciliaria hasta el médico.
Quién es Mones Ruiz
Mones Ruiz fue condenado en 2010 por el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF1) de Córdoba capital, en el mismo proceso en el que, entre otros, fue sentenciado también el dictador Jorge Rafael Videla por torturas, homicidio y privación ilegal de la libertad.
En 2017, Mones Ruiz fue absuelto en la causa “Pino Cano”, por los 13 asesinatos de presos de la UP1, expenal San Martín. Ese mismo año se le concedió la domiciliaria por su estado de salud, ya que no podía permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.
El exmilitar fue noticia en 2020, cuando, en plena pandemia, solicitó autorización judicial para visitar a su hermano, que se encontraba internado en un hospital de Buenos Aires.
Insólito pedido
En ese momento, el TOF1 de Córdoba lo autorizó. Ahora, el mismo tribunal recibió la insólita petición del represor.
A través de su defensa, Mones Ruiz solicitó ser autorizado para renovar su licencia de conducir en la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde purga su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La actual guardadora del exmilitar ya no puede, por su edad, continuar a cargo de los traslados de Mones Ruiz, por lo que el represor solicitó ser él mismo quien se traslade en vehículo a los turnos médicos.
El Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. Resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que los estados no pueden otorgar medidas que vacíen de contenido la condena ni desvirtúen la gravedad del reproche penal, por lo que autorizarlo a renovar su licencia de conducir –y habilitarlo así a manejar vehículos– constituiría una prerrogativa incompatible con el régimen de prisión domiciliaria.
Dijo además que desnaturalizaría el cumplimiento de la pena e importaría un privilegio contrario a las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.
Recordó que la defensa puede proponer la designación de otra persona que asuma formalmente el rol de guardadora en lugar de la actual y, por lo tanto, la responsabilidad de los traslados a futuro.
Por último, remarcó que el régimen de prisión domiciliaria debe garantizar condiciones análogas a las de la detención en un establecimiento penitenciario, donde los traslados de las personas detenidas están cubiertos por la propia administración, por lo que sostuvo que corresponde que la defensa arbitre las medidas necesarias para cumplir con esa exigencia sin desnaturalizar la pena.
La jueza Carolina Prado, del TOF1, rechazó el pedido del represor. “La solicitud de autorización de salida para renovación de carné, que –se supone– obedece a la finalidad de poder desplazarse de su domicilio a turnos médicos en automóvil y por sus propios medios, resulta del todo improcedente a petición”, dijo.
“En efecto, la modalidad de prisión domiciliaria no implica transformar la pena impuesta en mera formalidad (…). Autorizar a Mones Ruiz a conducir vehículos importa una desnaturalización del régimen de prisión domiciliaria del que actualmente goza, por resultar una actividad impropia y absolutamente ajena a las restricciones que pesan sobre su persona y que aplican a su libertad ambulatoria”, resaltó.
“No surge que haya tenido dificultades para trasladarse a los numerosos turnos médicos autorizados por el Tribunal. Por ello, el presente rechazo a lo peticionado en modo alguno supone una afectación a la atención adecuada de su salud”, afirmó.
