La decisión del Banco Nación (BNA) de abrir la pelea contra el cobro de las tasas municipales que sigue su curso en la Justicia Federal tiene en vilo a una veintena de gobiernos locales de la provincia de Córdoba.
Algunos intendentes no ocultan que una quita de esos ingresos implicaría una afectación directa de fondos que hoy destinan para la prestación de servicios.
La entidad bancaria ya advirtió que, si no llega a acuerdos con los intendentes, cerraría las puertas de sus sucursales en Córdoba, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Río Tercero, Hernando y Cruz del Eje.
Ya lo hizo en la sucursal bonaerense de Ramos Mejía, de Buenos Aires.
Desde el BNA, que presiden el cordobés Daniel Tillard, se planteó la inconstitucionalidad del cobro de las tasas que gravan la actividad financiera, los créditos o la actividad bursátil.
La luz roja de alerta se encendió entre intendentes oficialistas y también entre opositores al Gobierno provincial que tienen calzadas las arcas municipales en parte con los ingresos que reciben por esas tasas.
El dilema no alcanza a todas las localidades que tienen sucursales de esta entidad, ya que hay intendentes que hacen pata ancha y aseguran que “con administraciones ordenadas”, un cambio de este tipo no afectaría servicios clave, como transporte, alumbrado y recolección de residuos.
De Rivas: “Los servicios están en peligro”
El primero en plantar bandera públicamente fue el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas (PJ), una de las apuestas políticas que en el interior tiene Martín Llaryora.
En abril, De Rivas lanzó una advertencia dramática: si la Justicia le daba la razón al BNA y permitía que dejara de pagar la tasa de Comercio e Industria, la “subsistencia del municipio tal como hoy se lo conoce, con la amplitud de servicios que presta, estaría en peligro”.
En la última audiencia entre los representantes del Nación y del municipio no hubo acuerdo. Hay otra instancia en 10 días, pero nada hace pensar que habrá un acercamiento.
El impacto de la quita de ese pago representaría unos 1.000 millones de pesos para el municipio.
Pablo Antonetti, secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto, dijo a La Voz que ese impacto se traduciría en “el impedimento de prestar asistencia a los vecinos las 24 horas, subsidiar el transporte urbano, sostener las guardias locales, los programas culturales”, y más.
“Se pone en riesgo la continuidad de los municipios. Hay que entender también la caída de la recaudación. Por eso esto se debe resolver en la Corte Suprema”, insistió.
Torres: “Es una avanzada contra los municipios”
Por su parte, Marcos Torres (PJ), el intendente de Alta Gracia, fijó una postura más política al advertir que se trata de una “avanzada” para tapar problemas internos de la entidad.
Pero también dijo que, para los jefes locales, es una afectación directa sobre el municipalismo.
“Defiendo la autonomía y el derecho de los municipios a contar con recursos genuinos para sostener los servicios que necesitan los vecinos”, dijo.
Según Torres, Alta Gracia aplica una tasa del 3,6% a la actividad financiera. “Un porcentaje muy razonable para nada abusivo que está en línea con la capacidad contributiva del sector”, aseguró.
El intendente afirma que el Banco Nación pagó durante años esa misma tasa sin presentar objeciones. “También lo hacen otras entidades bancarias que siguen sin inconvenientes. Por eso creemos que esta avanzada tiene más que ver con un intento de tapar problemas de eficiencia interna del mismo banco o, peor aún, con una política deliberada para debilitar a los gobiernos locales”, explicó.
De todas maneras, insistió en que se sostenga el diálogo y que se atienda que son los gobiernos locales los que “hacen un esfuerzo enorme para sostener el equilibrio fiscal y la eficiencia sin aumentar la presión sobre las familias”.
“Ya estamos soportando el recorte de subsidios, la paralización de obras y la eliminación de programas, en definitiva, un Gobierno nacional totalmente ausente y desentendido de la realidad”, lanzó.
Ferrer: “Se trata de una extorsión”
Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), también en declaraciones de esta última semana coincidió en que el planteo del Banco Nación es un impacto directo.
Para el radical, “se trata de una extorsión repentina que avanza contra los municipios y que tendrá graves consecuencias sociales”.
En este punto, Ferrer advirtió que habrá municipalidades afectadas para prestar programas sociales o dar atención en dispensarios y hospitales.
Entre los intendentes más moderados y que hacen una lectura no tan catastrófica comentaron que en este momento están en plena tratativa ante el Nación.
Dagum: “Estamos en la mesa de negociación”
Rubén Dagum (UCR), intendente de Almafuerte y presidente del Foro de Intendentes Radicales, explicó que el tema es materia de conversación y de preocupación.
“Lo estamos hablando y estamos en la mesa de negociación. Hay un proceso diálogo, en el que pedimos una postura de equilibrio y sensatez, y desde el foro pregonamos la defensa sí en bloque y corporativa”, precisó.
Aclaró, además, que esto alcanza no sólo a los intendentes de un mismo signo político.
Entre los que negociación también está Sebastián Demarchi (PJ), intendente de Morteros, quien explicó que ellos también están en diálogo con los representantes del Banco Nación.
“Estamos negociando para establecer un mínimo que no esté lejos de lo que hoy están pagando”, expresó ante este medio.
Aunque precisó: “Nos afecta por supuesto, pero no es determinante”.
Otro caso es el de Edgar Bruno (PJ), intendente de Canals, quien subrayó que está abierto al diálogo y calculó que, en su caso, el impacto significaría unos 8 millones de pesos para su municipio, lo que no comprometerían seriamente a las arcas municipales.
“En Canals, no sería de gran impacto si el Nación no paga. El banco inició las acciones en su debido momento para pedir el cese del pago. Hubo una cautelar y luego siguieron abonando bajo una reunión de intendentes para hacer acuerdos. En esa mesa citaron intendentes de ciudades grandes. En nuestro caso hoy no es una cifra grande”, explicó.
Y cerró: “Tenemos superávit y 50 obras con fondos propios, estamos bien”.
Los que lograron acuerdos que los dejaron conformes
La preocupación sobre el pago del Banco Nación que describen algunos intendentes de grandes municipios no alcanza a todos por igual.
Por ejemplo, en Bell Ville, su intendente, Juan Manuel Moroni (UCR) confirma a este medio que no tiene debate abierto.
“Nunca el municipio tuvo conflicto con Banco Nación, ni legal, ni técnico... se gestiona y articula normalmente”, confió una fuente de la administración bellvillense.
Y se explicó el porqué. “El Banco Nación tributa normalmente y nunca dejó de hacerlo. Pasa que es razonable y ajustado a la realidad el tributo que se le cobra, y Bell Ville desde 2016 tiene una de las mejores planificaciones fiscales de la provincia, este año bajó los impuestos”, se aseguró.
En el caso de Federico Zárate (UCR), intendente de Jesús María, dicen haber llegado a un acuerdo con el Banco Nación en el que se sostuvo el cobro de la tasa, aunque con cambios.
“Cerramos un acuerdo tras algunas conversaciones. Nuestra realidad dista de otras ciudades porque teníamos una alícuota baja. Cambiamos la base de cálculo y fue un buen acuerdo para ambas partes. Pero cada municipio tiene su realidad particular. Fue importante así sostener la tasa comercial que ayuda bastante”, aclaró.
Al igual que Jesús María, Arias es otra de las localidades cordobeses que también llegó a un entendimiento.
