Quienes conocen los entretelones de las idas y vueltas que tuvo la sesión de la semana pasada en Diputados, en la que entre otras cosas se creó una comisión investigadora por el escándalo que desató la criptomoneda $Libra, aseguran que en los días previos hubo un “alto interés” de llaryoristas para que el tema sea parte del temario a debatir.
“Nunca me llamaron tanto para saber si el tema $Libra iba a ser parte del debate o no. Fue muy evidente el interés por sostener el tema”, confió un diputado al tanto del tema. Recordemos que el aporte de los cinco legiosladores de la cámara baja que responden al gobernador terminó siendo clave para la conformación del cuórum, situación que derivó en una queja directa del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos.
Según distintas fuentes consultadas, el interés del Panal de que el asunto continúe incomodando al presidente Javier Milei y al oficialismo se asentaría en los resultados de una encuesta realizada en los últimos días, que habría marcado una caída importante en la imagen del jefe del Estado en la provincia.
Esa baja estaría vinculada con la responsabilidad que los consultados le asignan al Presidente en la millonaria estafa de la criptomoneda $Libra.
“El interés de los llaryoristas es poder mostrar con números que Milei no es imbatible. Quieren convencer al ‘Gringo’ (Schiaretti) de que es posible hacer una buena elección; incluso ganar si él lidera la boleta”, aportó otro diputado nacional que estuvo presente el martes en el recinto.
Bragulat, piedra en el zapato para el ministro López
La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un pedido de prescripción en la causa que investiga presuntos sobornos por parte de Odebrecht para la ampliación de los gasoductos TGS y TGN entre 2007 y 2014, y volvió a poner en foco la situación de Julio Bragulat, un ingeniero vinculado con el ministro de Infraestructura de la Provincia, Fabián López.
El planteo de prescripción fue impulsado por la defensa del exejecutivo Marcio Faria Da Silva, pero fue desestimado junto a los de otros imputados, entre ellos exfuncionarios nacionales y representantes de empresas públicas.
Entre los involucrados, se encuentra Bragulat, quien en su momento fue designado por el ministro López mediante la resolución 146 para encabezar la sección de Seguridad Eléctrica del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep). Esa área dicta capacitaciones que se financian con un adicional del 0,1% aplicado en las facturas por consumo energético.
Ambos se conocían por el paso de López, entre 2006 y 2012, por la Secretaría de Obras Públicas del ministerio entonces encabezado por Julio De Vido. Luego, en sus funciones en Córdoba, la designación de Bragulat fue firmada por López ya como ministro.
Bragulat también ocupó cargos en Cammesa, empresa a través de la cual se habrían articulado algunos de los pagos investigados, y se desvinculó recién en 2020. Para la jueza, este dato es clave, ya que su rol como funcionario público hasta esa fecha pudo haber influido en la marcha de la causa. Por ello, concluyó que no corresponde aplicar la prescripción.
Adela, en el carrusel
“Está chocando una calesita”, dijo un dirigente del variopinto ecosistema opositor de Mendiolaza hablando de la situación de Adela Arning, la intendenta de esa ciudad de las Sierras Chicas que afronta un pedido de revocatoria de mandato menos de un año y medio después de haber asumido.
Según el dirigente, la mujer del PRO que llegó con la bendición de Mauricio Macri tuvo todas las posibilidades de hacer una buena intendencia, pero “pensó que era como tener a cargo una empresa, y no son cosas iguales: es una ciudad complicada, con ingresos acotados y grandes gastos, lo que amerita hacer política de gestión, saber del tema y tener muñeca”, agregó.
Arning, que llegó a ser candidata tras una alianza del PRO con el Frente Cívico local, entiende que en la comunidad vecinal que promueve el proceso de revocatoria en su contra están instigados en las sombras por dos históricos dirigentes locales: el seis veces intendente Daniel Salibi (radical con buenos lazos con el peronismo) y el varias veces derrotado como candidato, Nicolás Martínez Dalke (peronista).
En el entorno de Arning dicen que no son para nada suficientes los fundamentos que acompañan el pedido de revocatoria y que los problemas que le adjudican a su administración derivan de la mala gestión que recibió de Salibi.
En este contexto, la lista de asesores que la Unicameral escondía de la opinión pública fue bien recibida por la administración de Arning: Salibi y Dalke figuran entre los beneficiarios. “Ves, no hay más casta que esos dos”, apuntó un actual funcionario.
