La controversia por las intimaciones y el seguimiento fílmico a personas que decidieron reclamar contra las restricciones dejó al desnudo las falencias institucionales de estamentos acostumbrados a prolijos cosméticos que suelen disimular su rostro.
Una de ellas es que hay fiscales que ocupan cargos sin las exigencias legales del concurso, lo cual desbarata un argumento que escuchamos hace 20 años, en el sentido de que todos los funcionarios judiciales de ese rango están de acuerdo con un orden de mérito en el que no hay injerencia alguna del poder político.
El caso de Andrés Godoy revela el manejo arbitrario que se hace de la Justicia.
Hace dos años, a mediados de 2019, Córdoba hacía varios meses que no tenía fiscal General y se les había encomendado esa tarea a dos adjuntos de probada militancia en el oficialismo. El gran objetivo que se les había fijado a José Gómez Demmel y a Héctor David era no generar ningún tipo de complicación al Gobierno provincial y a los suyos.
Todo estaba bajo control, pero por ahí había causas que no tomaba el dócil fuero Anticorrupción y caían en algún fiscal con mínimos criterios de independencia. Fue así como, en un tratamiento sigiloso en la Legislatura, se aprobó la creación de una fiscalía subrogante, sin turnos ni distritos, para casos que quedaban flotando.
Muy pocas voces alertaron de aquel fuero Anticorrupción paralelo que se estaba creando, como un manto de protección adicional.
Pero no se llamó a concurso para cubrir esa fiscalía ni para otra de ciberdelitos, creadas en la misma norma. Tomaron el resultado del concurso para fiscal Anticorrupción, que había ganado Franco Mondino, y les dieron esas fiscalías al segundo y al tercero, Godoy y Franco Pilnik.
Pero las acciones para direccionar causas siguieron. La pandemia fue la excusa para crear unidades fiscales especializadas, a fin de que las denuncias se repartieran de manera temática y no por turno. Y había una muy sensible: la relacionada con hechos vinculados con la emergencia sanitaria.
Se la dieron a Godoy, pese a que nunca había concursado y que tenía unos pocos meses de experiencia como fiscal.
Desde ese momento, la historia es un poco más conocida. Hubo imputaciones discrecionales para médicos de geriátricos y no para los dueños de los establecimientos; para algunos gremialistas que reclamaban a los gobiernos provincial y municipal y no para otros; para algunos ciudadanos que andaban en la vía pública en cuarentena y no para encumbrados personajes que participaban de vedadas reuniones sociales.
Bibliotecas e internas
Así se llegó a las acciones de esta semana, con las extrañas notificaciones a personas que supuestamente estaban convocando –en algunos casos lo hacían por las redes sociales o a través de los medios– a una protesta en medio del confinamiento, y el masivo pedido de registros fílmicos para identificar a los asistentes a esa marcha.
Varias discusiones jurídicas se abrieron. Una es si hubo o no tareas de inteligencia al margen de la ley. ¿Hubo una acción de inteligencia ilegal para intentar instalar que había una contramarcha a la de los comerciantes y la posibilidad de incidentes?
Otra es si un fiscal debe o no actuar de manera preventiva ante un posible hecho fuera de la ley. Las bibliotecas dan para todos los gustos, pero está claro que la selectividad opera al máximo.
La Justicia y la Policía de Córdoba no se caracterizan por la eficacia en la prevención de delitos y hay algunas acciones ilegales, como las fiestas clandestinas en pandemia, respecto de las cuales, pese a estar identificados previamente los organizadores, nada se hace para evitar su concreción.
Las actuaciones de Godoy abrieron una grieta entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía, dos organismos que deberían actuar de manera coordinada. Hubo llamados con reproches fuertes y una decisión del nuevo fiscal General, Juan Manuel Delgado, de respaldar a Godoy, a quien la oposición pide remover de su cargo por no haber pasado por las instancias legales para ocupar ese puesto.
También generaron ruidos en el seno del Gobierno. Con el gobernador Juan Schiaretti aún convaleciente tras su cirugía, en el Centro Cívico hubo lecturas diferentes del episodio, ninguna de ellas expresada públicamente.
Algunos ministros avalaron lo actuado por el fiscal, mientras que otros pusieron el grito en el cielo con el argumento de que se resentía todo lo actuado para contener a la ciudadanía en este confinamiento.
