El empresario Lázaro Báez, condenado por fraude y lavado de dinero, está siendo investigado ahora como presunto responsable de una millonaria maniobra de evasión fiscal, de acuerdo con el diario Clarín.
Por qué se investiga a Lázaro Báez
Es que la Dirección General Impositiva (DGI) -dependencia de Arca, la ex-Afip- abrió una investigación al descubrir que Báez facturó más de 240 millones de pesos entre 2020 y el corriente año por alquileres de sus casas.
El expediente, según aseguraron fuentes al medio porteño, avanzará hacia una denuncia penal ya que, en ese lapso, el contratista de obra pública durante el kirchnerismo y su entorno no presentaron declaraciones por Ganancias o Bienes Personales.
Según Clarín, entre los primeros indicios de los informes fiscales, ya habrían detectados más de 50 contratos que tienen por objeto la explotación de más de 20 propiedades.
Las mismas -en su mayoría en Río Gallegos, capital de Santa Cruz- son apenas una muestra y están vinculadas a una sola de las inmobiliarias en la trama. No son las únicas. “Aún se está en proceso de cuantía de la evasión”, sostienen las fuentes.
Propiedades de Báez
Los cálculos judiciales llegaron a adjudicarle a Báez y su emporio cerca de 600 mil hectáreas. Un informe del Tribunal de Tasación de la Nación registró, en 2017, que el empresario y sus compañías tenían 418 bienes inmuebles distribuidos entre Santa Cruz, Chubut, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Otras fuentes judiciales le adjudicaron propiedades en Río Negro, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Las casas y departamentos de Báez están en proceso de ser decomisados por la Justicia como efecto de las condenas por corrupción. Están inhibidos pero solo para su venta. No hubo ninguna restricción para impedir que sean explotados, es decir, puestos en alquiler o, como en muchos casos, continuaran ocupados, con contratos vigentes. Tampoco hay impedimentos legales, más allá de la curiosidad, para que alguien preso pueda emitir facturas.
Allí entonces se abrió la brecha de nuevos negocios para Báez y los suyos. Es que la maniobra involucra también a sus hijos Martín y Leandro, a su novia Claudia Noemí Insaurralde -que habría ido a cobrar alquileres en persona-, a exempleados de Austral Construcciones -la nave insignia del empresario- y hasta a empleados y funcionarios del actual Gobierno de Santa Cruz, algunos en calidad de locatarios.
Por el momento, la investigación también apunta a dos firmas del rubro. Una sería Inmobiliaria Patagonia Propiedades y la otra usaría los nombres de fantasía Albert o Master Gestoría Inmobiliaria, relacionadas a Luis Alberto Orué. Ambas ya habrían reconocido administrar propiedades en nombre de Báez y realizar rendiciones de ingresos y egresos de los fondos surgidos de los alquileres.
Esas empresas “serían el nexo necesario para el cobro de los alquileres y su distribución a terceras personas directamente relacionadas” con Báez, precisan los investigadores, que definen el caso como una “distracción de fondos”, es decir, un desvío de dinero para eludir el embargo judicial.
Es que, además de sus propiedades, Báez -como gran parte de su entorno, salvo su hijo Leandro- tiene “congeladas” sus cuentas bancarias por la Justicia.
Por eso es que, según las propias facturas emitidas del talonario personal del empresario -con la curiosa alta de actividades en 2003-, los pagos de los alquileres se hicieron en efectivo, algunos incluso en dólares.
Es el caso de una locataria en Río Gallegos, de apellido Riesgo. Se trataría de la exesposa de Germán Nivello, un exfuncionario kirchnerista que secundó a José López en la Secretaría de Obras Públicas -bajo la órbita de Julio De Vido- y que actualmente es uno de los juzgados por la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Las delgadas líneas entre los Báez y los Kirchner
En la lista de locatarios de Báez también hay un Kirchner. Es Claudio Ángel Kirchner, sobrino lejano del fallecido expresidente que trabajó para Lázaro en la constructora Gotti Hermanos y desde 2024 es el director general de Infraestructura del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, donde gobierna Claudio Vidal.
La trama de dinero en efectivo de alquileres de los Báez también trajo consecuencias dentro de la DGI, donde hubo desplazamientos en las jefaturas de Agencia y de Recaudación de Río Gallegos porque la maniobra trascurrió sin atención en su lugar de origen, casi hasta fechas de prescripción de los posibles delitos.
Por ello, en la interna se puso el ojo en funcionarias de rango nacional en el organismo recaudador que fueron designadas por Virginia García, la excuñada de Máximo Kirchner, que ahora cumple tareas en el Senado, con licencia de su puesto en la ex-Afip.
