El fiscal federal N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, aceptó la competencia del fuero extraordinario para investigar al exlegislador Oscar González por presunta omisión y falsedad de datos de su declaración jurada sobre sus múltiples propiedades, luego de que el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, declinó entender en la causa al invocar la incompetencia provincial.
El exfuncionario sumó así un nuevo revés en la Justicia federal, ya que en las últimas semanas la Cámara de Apelaciones del fuero capitalino había confirmado su prisión domiciliaria al considerar que persistían los riesgos procesales, en particular, de que entorpeciera la investigación.
El mismo tribunal de alzada también había convalidado la resolución del juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, de embargar los bienes de González y sus hijos, Oscar Martín González, Ana Carolina González y Diego Raúl González, hasta cubrir U$S 424.095,89.
Las causas contra Oscar González en Córdoba
El choque que González protagonizó en 2022 en el Camino de las Altas Cumbres (en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas) derivó en dos denuncias penales presentadas por la legisladora Luciana Echevarría en la Justicia provincial, por un lado, y la federal, por el otro.
Echevarría cuestionó traspasos de bienes que el exlegislador habría realizado a sus familiares, especialmente luego del siniestro vial, lo que derivó en que el fiscal Hairabedian abriera una causa contra González.
El instructor sostuvo que el exfuncionario no pudo demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador sean suficientes para explicar el crecimiento patrimonial de sus declaraciones de bienes. Por ese motivo, lo acusó de enriquecimiento ilícito y lavado, y pidió su detención, la que se materializó en febrero en la modalidad de prisión domiciliaria (tiene 77 años), con tobillera electrónica.
Sostuvo que entre 2005 y 2021, González se habría enriquecido “de manera apreciable e injustificada” mientras se desempeñaba como diputado nacional (2001-2005), ministro de Salud de Córdoba (2006-2009), jefe de Gabinete de la provincia (2011-2013) y presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba (2015-2022).
Figura haber comprado en 2005 un terreno de 1.213,33 metros cuadrados en San Javier por un valor declarado U$S 135.000; un departamento de 228 m2 en 2012 en Torre Ludovico III (en Nueva Córdoba), por $ 924.000; otro departamento (en 2014) en el edificio GAP (Nueva Córdoba) por $ 800.000; dos departamentos en calle Ituzaingó (Nueva Córdoba) por $ 1.050.000 (a nombre de su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi –fallecida–, pero que González se adjudicó como propios); un terreno en Villa Dolores por un valor declarado de $ 4.150.000 (en 2019).
Asimismo, el fiscal Hairabedian le achacó que su incremento patrimonial “pasó de manera injustificada” de U$S 24.000 en 2008 a U$S 68.680 en 2012. Esa suma volvió a incrementarse “injustificadamente”, según la acusación, hasta llegar a U$S 92.158, de acuerdo con lo declarado en 2016.
Sin embargo, el mismo valor se mantuvo en su declaración de 2021 a pesar de la incorporación de inmuebles a su patrimonio.
De esta forma, Hairabedian sostuvo que no existe “justificación al incremento de dólares en efectivo, sumado a que los ingresos declarados para el año en cuestión no permitirían acumular o adquirir tal cantidad de moneda extranjera y a que no habrían existido ventas de inmuebles o ingresos de otras fuentes, créditos o préstamos obtenidos y/o donaciones, ni operaciones de compra de moneda extranjera que justifiquen la adquisición de dicha suma”.
Los “incrementos apreciables y legalmente injustificados”, concluyó, “no se condicen con la situación patrimonial previa, operaciones e ingresos legítimos declarados por González” y por su entonces esposa Senesi. Así, “habría tenido un enriquecimiento patrimonial apreciable durante el ejercicio de la función pública” entre 2005-2021.
“No justificó la procedencia de su enriquecimiento ni el de la persona interpuesta para disimularlo, toda vez que presentó manifestaciones vagas y genéricas que no explican las incorporaciones a su patrimonio ni mucho menos respaldó el origen lícito de los fondos”, señaló el fiscal.
Respecto al lavado imputado, Hairabedian dijo que González habría simulado, en algunos casos, y transferido y circulado, en otros, los bienes del supuesto enriquecimiento injustificado.
Al respecto, sostuvo que González actuó con la participación necesaria de Senesi, que presuntamente no contaba con las condiciones económicas para afrontar tales erogaciones. La mujer suscribió una declaración jurada en la expuso que los fondos de adquisición provinieron de su trabajo, aunque luego dijo que su ocupación era la de “ama de casa”, sin otra fuente de ingresos declarada.
Para el fiscal, Senesi habría cooperado para adquirir y registrar el inmueble bajo su titularidad porque, de hacerlo, González habría quedado expuesto ante los controles fiscales y administrativos, ya que al momento de la adquisición revestía el carácter de “persona expuesta políticamente”. Es decir, la operación habría demostrado la supuesta incongruencia patrimonial.
González quedó, asimismo, bajo sospecha por las “donaciones” de ciertos bienes a sus tres hijos (departamentos de Nueva Córdoba) y el terreno de Villa Dolores el mismo día: el 8 de febrero de 2023, es decir, poco más de tres meses después del choque en Altas Cumbres.
Los abogados de González, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, habían planteado que las donaciones del matrimonio de González-Senesi fueron motivadas por la disolución de la sociedad conyugal, que no llegó al divorcio por fallecimiento de Senesi.
Remarcaron que esas donaciones fueron realizadas en el marco del ejercicio de sus derechos de usar y disponer de su propiedad.
Mondino se declaró incompetente para investigar
El fiscal provincial Anticorrupción solicitó la incompetencia para investigar a González al juez en lo Penal Económico Gustavo Hidalgo. Entendió que la Justicia federal debía encargarse de llevar la totalidad pesquisa. El magistrado avaló.
“A criterio de este Ministerio Público Fiscal también correspondería la acumulación al fuero federal de los hechos investigados en la presente causa (provincial), atento a que las omisiones y falsedades consignadas en las declaraciones juradas presentadas por González ante la Provincia constituyen una derivación lógica de los delitos investigados en el fuero federal”, indicó.
“Esto se debe a que, conforme a la dinámica de los hechos investigados, las omisiones y las falsedades consignadas en las declaraciones juradas formarían parte de una clara maniobra tendiente a lograr la impunidad de los hechos precedentes, como lo son el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos investigados en la órbita federal”, agregó.
Sustentó su postura en las causas de conexión y en el dictamen de Hairabedian (anterior a la declaración de incompetencia formulada) sobre la intervención de la Justicia federal en el presunto enriquecimiento ilícito y lavado cuando el exlegislador era diputado.
La causa terminó, por sorteo, en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Carlos Ochoa. El juez se declaró incompetente por pedido del fiscal Hairabedian, que solicitó que se acumulara en su fiscalía (ya que viene investigando a González) y con el control del Juzgado Federal Nº 3, de Vaca Narvaja.
Ahora, Vaca Narvaja debe resolver si acepta la competencia.
Sin embargo, lo que corren son los plazos de prescripción de la causa originalmente investigada por Mondino (9 de diciembre). Si, por ejemplo, hubiera citado a declarar a González, hubiera interrumpido la prescripción.
Declaración jurada de 2012
En su investigación, a la que accedió La Voz, Mondino sostuvo que, mientras González era el jefe de Gabinete durante la Gobernación de José Manuel de la Sota, “omitió maliciosamente informar” varios bienes a su nombre en su declaración jurada de 2012.
Asimismo, para el fiscal Anticorrupción habría insertado de forma maliciosa datos falsos e incompletos –mayoritariamente los referidos a la valuación de mercado de los bienes–, consignando información sobre inmuebles sin especificar que se encontraban registrados a nombre de Senesi, con el “claro objetivo de generar confusión sobre su realidad patrimonial”.
Las “inconsistencias”, según Mondino, respecto a los bienes registrados a su nombre habrían sido en relación con un costoso vehículo y otros bienes.
Resultó llamativo que por 13 terrenos en Villa Dolores fueran declarados por $ 126.979 contra $ 2.687.440 (en total) de la valuación fiscal, es decir, que lo declarado fue apenas el 4,7% de la valuación que hizo el Estado, que por lo general es inferior al precio de mercado del inmueble. También se observó que en varios casos asumió el 100% de titularidad de algunos bienes cuando sólo habría sido el dueño en un 50%, ya que el otro 50% correspondía a Senesi.
El fiscal también advirtió lo que entendió omisiones de informar la dirección, número de cuenta, nomenclatura y matrícula de varios bienes.
Respecto a los bienes registrados a nombre de su por entonces esposa Senesi, Mondino remarcó otras “inconsistencias”. Por ejemplo, figura un departamento de 129,2 m2 en ciudad de Buenos Aires adquirido por U$S 180 mil e informado por un valor de $ 55.388.
Declaración jurada de 2016
Dentro de la misma investigación se señala que González, como legislador y presidente de la Unicameral, habría omitido “maliciosamente” informar los bienes registrados a su nombre, entre ellos, la lancha “Barbarela” y otros inmuebles.
A su vez, habría insertado de manera “maliciosa” datos falsos e incompletos (referidos a la valuación de mercado de los bienes), sin especificar además bienes registrados a nombre de Senesi, para presuntamente provocar “confusión” sobre la realidad patrimonial.
Se destaca llamativamente que los valores por los 13 terrenos valuados fiscalmente en $ 9.305.300 (en total), González los informó en $ 1.201.829 en total (el mismo valor que el N° 13, valuado por Rentas).
Por su parte, en cuanto a los bienes registrados a nombre de Senesi, observó “inconsistencias” y “omisiones”.
Particularmente, Mondino remarcó que González habría sido copropietario del 50% del departamento de Chacabuco 775 al momento de la venta, en 2014. Por el inmueble informó un valor de $ 13.920, cuando la valuación fiscal de entonces fue $ 1.895.530, es decir, que apenas se consignó el 0,73% del valor calculado por Rentas.
Declaración jurada de 2020
Al presentar su declaración jurada de 2020, González, como legislador y presidente de la Unicameral, según la misma investigación de Mondino, habría omitido maliciosamente informar los bienes registrados a su nombre:
Asimismo, González habría omitido informar los inmuebles de Senesi:
Por caso, sobre un terreno en Villa Dolores, González informó valores de amplia dispersión (un valor fue $ 50 mil y otro, $ 493.250), contra una valuación fiscal de $ 2.664.014.
No obstante, la mayor dispersión se observa en la valuación fiscal de los 13 terrenos: $ 68.664.788 en total contra los entre $ 5 centavos y $ 493.250 informados por el exlegislador en sus declaraciones.
Según lo hallado por Mondino, por un departamento en Nueva Córdoba, González declaró un valor de $ 924 mil, cuando la valuación de Rentas era de $ 17.382.183.
