Con una trayectoria de más de tres décadas en la función judicial, el juez federal Jaime Díaz Gavier se jubilará este 1° de abril.
Entrevistado por Voz y Voto, analizó el estado actual de las instituciones argentinas. Advirtió sobre los riesgos para la democracia en el gobierno de Javier Milei, la politización de la justicia y el avance del narcotráfico. Además, reflexionó sobre el juicio a los responsables de crímenes de lesa humanidad (fue el primer juez en condenar en Córdoba a Luciano Benjamín Menéndez) y la importancia de la memoria histórica.
–¿Qué le pareció el video que emitió el Gobierno hablando de la “memoria completa” sobre la última dictadura?
–Muy malo, especialmente porque implica un retroceso en un proceso que la sociedad argentina ha adoptado como legítimo y como propio, que era el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar que el país sufrió a partir del 24 de marzo de 1976. Pretende equiparar lo que es el terrorismo de Estado, con toda la crueldad que implica el Estado convertido en un delincuente, con todo el aparato de poder que el Estado tiene, con los delitos cometidos por bandas de delincuentes, de terroristas, que no dejaron de ser, en definitiva, particulares que salieron a cometer delitos, muy graves por cierto, pero que, de acuerdo a la legislación internacional, están prescritos en todos los países civilizados. Allí, los sistemas penales contienen esta distinción entre delitos de lesa humanidad imprescriptibles y los comunes, que son prescriptibles, aunque fueran delitos gravísimos del Código Penal.
–¿En qué lugar pone el gobierno de Milei en relación a la defensa de la institucionalidad y de los derechos humanos?
–En derechos humanos, el Gobierno está en un proceso de desconocimiento, en algunos aspectos, casi negacionista de lo que significó la dictadura cívico-militar y la violación de los derechos humanos. En otros, me parece que está poniendo seriamente en riesgo el sistema institucional que tanto le ha costado al país. Los que hemos vivido más años tenemos muy claro , desde aquel terrible período de sangre y dolor de la dictadura, lo que ha costado recuperar esas instituciones que son la única garantía de que usted puede opinar y no por eso lo van a matar, o que usted pueda trabajar, o que el Estado debe proveerle mecanismos para educar a sus hijos, para comer, y que los jubilados, por ejemplo, cobren una pensión digna. Este último no es un problema de este último gobierno, viene desde hace mucho. Pero en estos momentos ha adquirido cierto viso de indiferencia hacia la suerte de millones de personas que, literalmente, hoy no pueden comer o no les alcanza para curarse.
–Institucionalmente, ¿qué cosas le preocupan de este gobierno?
–Hay un desconocimiento más que incipiente de las instituciones del Estado. Por ejemplo, los jueces de la Corte no pueden ser designados por decreto, y no es que me parezca a mí, lo dice la Constitución; o que haya un acuerdo con el Fondo Monetario y no pase por el Congreso, como lo establece una ley de la Nación. Es muy penoso que haya representantes del pueblo, la Cámara de Diputados, que es por donde entró el decreto autorizando el acuerdo, que prescindan de lo que dice la ley y aprueben algo que no puede aprobarse. No sé si el convenio es bueno o malo, no soy economista; lo que digo es que hay un mecanismo para tratarlo y no se aplicó. Hay diferentes ejemplos de estas violaciones, del desconocimiento de lo que es nuestro orden institucional y constitucional.
–¿Y por qué cree que la gente, que votó masivamente a Milei, sigue manteniendo cierto apoyo?
–La sociedad está enfrentando un nuevo proceso que viene de períodos anteriores... de períodos, digo, porque son más de uno, donde las cosas no anduvieron bien. Y la promesa disruptiva de que las cosas se van a arreglar simplemente denostando al orden anterior y a quienes lo encarnaron, en un país con gente muy decepcionada, apareció como una esperanza. Pero no veo que esa esperanza esté cumpliéndose y no me parece que las promesas en lo económico vayan a tener un buen resultado. La gente está en una situación de dificultad absoluta para llegar a fin de mes. Es decir, para comer, para tener asistencia médica, para poder mandar a sus hijos a la educación pública. Sinceramente no veo un país que esté dirigiéndose a una solución esperanzadora.
El estado de la Justicia
–Lleva muchos años como juez. ¿Qué Justicia encontró y cuál deja? Es una institución que hoy, en las encuestas, tiene una credibilidad baja.
–Absolutamente. La Justicia no ha podido sustraerse de la decadencia general de nuestras instituciones. Y eso es grave porque es el poder del Estado que tiene que controlar a los otros, a la legalidad y constitucionalidad de las leyes que se dictan, y a la legalidad y constitucionalidad de las medidas del poder político del Estado, que es el Ejecutivo. En este momento la situación es grave. Una Justicia que no tiene ni el más mínimo respeto o consentimiento de la gente. Desgraciadamente, hay demasiados ejemplos de un poder judicial... y hablo de poder y no de magistrados o de fiscales, porque hay que distinguir entre los que cumplen, y me consta, sacrificadamente su función, de los que se encuentran comprometidos con este Gobierno y con el anterior, y se constituyen en un factor de actividad política, algo que no es procedente. Son parte de un poder que tiene una pata en la Justicia, otra en los sectores económicos-financieros, e incluso en algún sector de la prensa.
–Decía el doctor Juan Carlos Maqueda que cada vez son más las cuestiones políticas que debe resolver la Justicia.
–Sí, es uno de los los problemas que todavía están, y que seguramente por algún tiempo afectarán a la Justicia. Es la judicialización de cuestiones políticas. Y la Justicia no está para eso.
Narcotráfico
–El crecimiento del narcotráfico ha sido importante, pero hay casos como el de Rosario que parecen más controlados. Hoy, ¿es un problema grave o se puede decir que estamos mejor?
–No, no. Es un problema más que grave; diría que gravísimo. Tiene que ver con distintos factores, como la falta de oportunidades de trabajo, de educación para la juventud, para los más postergados, que encuentran ahí desgraciadamente un camino.
–¿Y qué herramientas tiene la Justicia?
–Es que la Justicia interviene cuando los hechos ya se han producido. Este es el problema. Cuando ya se produjo la violación de la ley o cuando un joven cayó en el drama del consumo. Es el Estado el que debe intervenir antes en tareas de prevención que permitan disminuir ese mercado casi cautivo. Mientras no cambien las condiciones sociales esto es imposible de mejorar. Y no tampoco se va a solucionar bajando la edad de imputabilidad. La criatura de 12, 13 años no sabe qué pena le va a corresponder si comete este delito.
–¿No está de acuerdo con la modificación de la edad?
–No. Me parece una barbaridad porque ese chico o chica no sabe qué pena le va a corresponder si comete este delito. Sale a delinquir porque tiene pocas oportunidades. Tampoco voy a caer en la ingenuidad de que dando educación y demás se soluciona el tema. Pero es evidente que la situación económica y de marginalidad es un caldo de cultivo para que esos pequeños delincuentes actúen.
–Le pido una reflexión final personal sobre su carrera, y si el juicio a Menéndez ha sido el momento más importante de los que le tocó vivir.
–La actuación de la Justicia en relación a los delitos de lesa humanidad fue un hito verdaderamente importante en un país que venía de las violaciones más atroces a esos derechos. Y no son solamente por los derechos de aquellas víctimas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y eventualmente muchas de ellas desaparecidas, sino por la conciencia de que los derechos humanos son otros también, más allá de aquellos de primera generación. Porque hay derecho al trabajo, a la salud, a la retribución previsional justa que se violan cotidianamente, y en esto la Justicia también tiene que tomar una participación activa. Que no siempre es así porque hay compromisos o temores políticos. Me parece imprescindible que se tome conciencia de eso. Y, en lo personal, la actualización de estos juicios tuvo una gran intensidad y quedaron instalados en la conciencia social como un reclamo de la gente, un reclamo de un país que venía deshecho socialmente. En ese momento, veníamos de un país muy herido por estas violaciones, algunas atroces, especialmente a los derechos humanos, y aquellos juicios se incorporaron como un valor social. Por eso, me parece grave que hoy se esté desconociendo lo que la sociedad ya ha incorporado como derechos adquiridos.
