Este sábado, el presidente Javier Milei firmó el decreto que dio inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. La novedad fue informada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales.
Con esta medida, al finalizar el procedimiento de venta de la compañía a una empresa privada, “el Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, reiteró el funcionario.
El primer anuncio sobre la privatización se hizo en octubre del año pasado, bajo el argumento de que la empresa tenía un “déficit obsceno” y una cantidad excesiva de empleados.
Belgrano Cargas y Logística S.A era una de las empresas estatales que habían quedado en pie para ser privatizadas, según lo indicado en el texto final aprobado de la Ley Bases. Desde el Gobierno dijeron que la sociedad tuvo un balance negativo de 112 millones de dólares el año pasado.
Con este decreto, desde el Ejecutivo esperan concretar la primera privatización de una empresa ferroviaria del Estado en la era Milei. La intención es allanar el camino para el “todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar”.
En el mes de octubre, Adorni había dicho en una de sus conferencias: “Sin la intromisión inútil del Estado, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia”.
Además, se remarcó que la propuesta apunta a “una concesión de infraestructura de acceso abierto”. Es decir que el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías.
Entonces, lo único que continuará siendo propiedad del Estado nacional son las tierras y las vías ferroviarias.
El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, dijo también en octubre: “La empresa opera tres líneas ferroviarias que cubren un total de 7.600 kilómetros. Para cada una de las tres líneas vamos a instrumentar siete procesos de concesión diferenciados. Una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje, que incluirá el traspaso de los empleados afectados a la misma. Dos concesiones de locomotoras que permitirán incentivar la competencia que incluya a sus respectivos conductores. Dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados”.
“Su privatización tiene como objetivo eficientizar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado al sector ferroviario”, habían dicho desde el entorno del Gobierno hace cuatro meses.
