Finalmente este lunes, y tal como lo había anticipado la semana pasada el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei cumplió con lo que había prometido y finalmente vetó por completo el aumento a los jubilados que hace diez días votó la oposición el Congreso.
Así se confirmó con la publicación en el Boletín Oficial del decreto que había sido firmado por el Presidente al fin de la semana pasada, con el argumento de sostener el equilibrio fiscal,
El veto llegó a poco más de una semana de la votación en el Senado, tras la media sanción de Diputados. “Obsérvase en su totalidad el proyecto ley registrado bajo el N° 27.756″, dice el texto del decreto 782/2024.
“Lo primero que hay que tener en cuenta es el error conceptual. Es verdaderamente gracioso que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando licuaron las jubilaciones en un 30% y hoy en términos reales están 5% por encima de las que eran diciembre cuando asumimos”, aseguró Milei en LN+ tras la votación, algo con lo que insistió este domingo.
Luego, el Presidente añadió: “El aumento que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI de 1.2. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eternidad. Para una economía cuya tasa de interés promedio está en el 5%, implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI”. El Presidente lo anunció en un discurso que da en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Qué dice el decreto de Milei
Según los considerandos que figuran en el documento firmado por el Presidente y todo su Gabinete, el Gobierno sostuvo que “el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Además, enfatizó que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Y precisó que la ley votada en el Congreso “tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, al tiempo que destacó que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
“También mencionó que “implicaría un manifiesto agravamiento del estado de emergencia en el cual ya se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), conforme fuera declarado mediante Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, así como la grave ruptura del equilibrio fiscal alcanzado gracias al esfuerzo de todos los argentinos” y que “lejos de contribuir a un efectivo cumplimiento de las supuestas finalidades que orientan la sanción del proyecto de ley bajo examen, su promulgación traería aparejados futuros incumplimientos”.
El Gobierno, siempre en los considerandos del decreto, resaltó que el proyecto de ley vetado “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación” y que “a lo largo del tiempo el aumento otorgado a los jubilados no representaría un reflejo del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni tampoco del aumento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)”.
“Para garantizar que el sistema de movilidad previsional sea justo y equitativo, es fundamental continuar con la movilidad jubilatoria establecida en el Decreto N° 274/24, toda vez que el mismo garantiza -por primera vez en décadas- que los jubilados nunca más perderán contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años; y ello sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el corto, mediano o largo plazo”, concluyó.
El Gobierno le recordó al Poder Legislativo, por otro lado, “que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
