Previo a la multitudinaria marcha universitaria y en medio de la pulseada por fondos presupuestarios, desde el oficialismo se echaron dudas sobre la transparencia administración del dinero a cargo de los rectorados y se prometió “auditar el dinero de la gente que va a las universidades”.
Las réplicas al Gobierno surgieron desde distintas universidades: “Nosotros tenemos auditoría. El que dice eso, y parte del gobierno lo dice, no conoce cómo es el sistema universitario. A nosotros, a todas las universidades, nos audita la Auditoría General de la Nación. Y aparte, tenemos un sistema interno de auditoría, que está en coincidencia con los lineamientos que marca la SIGEN”, se defendió el rector de la Universidad Tecnológica de Tucumán, Sergio Pagani.
“Así es, todo recurso público, como es el caso del dinero del Tesoro Nacional que se destina a las universidades, debe ser auditado de manera interna y externa. Los órganos rectores para esas tareas son la Sigen y la AGN”, dijo a este medio Jesús Rodríguez, dirigente radical que presidió la AGN hasta diciembre pasado. Ahora, en su condición de opositor peronista, al frente del organismo de control está Juan Manuel Olmos, último vicejefe de gabinete de Alberto Fernández. Su oficina de prensa se disculpó por no poder atender a este medio.
En la última década, la AGN emitió una decena de informes (pueden consultarse online) con los resultados de las auditorías universitarias. Se escoge, en función de distintos parámetros, una universidad o facultad, a la que se auditará con el estudio de cuestiones críticas, como el uso del presupuesto y del personal, las compras o las contrataciones.
Los informes son girados al Congreso, pero no son vinculantes. Los problemas detectados son acompañados por recomendaciones. No son pocas ni menores algunas deficiencias o irregularidades administrativas observadas.
Desde el oficialismo se abonó en estos días de confrontación con los centros académicos la idea de que las universidades son ‘cajas negras’ de la política.
“No hemos encontrado delitos (en las auditorías universitarias). Hay una rendición de cuentas que no es la ideal a veces, que se reconoce como defectuosa en algunos casos, pero no hemos encontrado delitos”, dijo Rodríguez. “La AGN hace un análisis de riesgo, se ven las cuestiones críticas, como el uso del presupuesto y del personal, las compras y contrataciones”, agregó.
Rodríguez, sobre los informes hechos durante su paso por la AGN (2020-23). Recordó, en cambio, resultados de otras auditorías con impacto en la opinión pública: “el caso más oscuro es la Fundación Sueños Compartidos y también el convenio Unsam y Planificación Federal sobre tecnología de videos”, apuntó.
Sobre las auditorías universitarias de la AGN, Rodríguez dijo que no se encontró resistencias o trabas, aunque reconoció “demoras, sin ser obstrucción”.
“La adopción por parte de los auditados de las recomendaciones es siempre, en todos los ámbitos, no solo el universitario, el eslabón más débil de las auditorías”, reconoce Rodríguez. El resultado de la auditoría no implica la obligación del auditado y del resto de las unidades académicas a cumplir las recomendaciones señaladas.
Jesús Rodríguez comentó que a partir de las auditorías “en varias universidades nacionales, a lo largo de los últimos años, se verifican dificultades en el control interno, no siempre están disponibles los manuales de procedimiento, hay veces que se llevan adelante contrataciones de manera defectuosa, etc. Esto es algo común a todas las dependencias del Poder Ejecutivo”, insistió.
El ex titular de la AGN explicó la mecánica de una auditoría: “La AGN lleva adelante auditorías sobre universidades nacionales de manera selectiva, derivado de un procedimiento cuantitativo, que determina cuáles son las de mayor riesgo. En consecuencia, se hace de manera objetiva, no es discrecional ni arbitraria”. A la par, cada unidad académica tiene procedimientos y normas que derivan de los estatutos propios, en el marco del co-gobierno a través y de la autonomía universitaria garantizada.
“La auditoría de la AGN funciona por muestreo, del que se sacan las conclusiones, y trabaja ‘expost’, es decir, analiza un período y hechos ya ocurridos. La Sindicatura General de la Nación, en cambio, tiene auditorías ‘concomitantes’ (actúan en el momento o coordinado a los hechos)”, agregó Rodríguez.
Si bien es cierto que “no se puede auditar todo”, como sostienen en la AGN, según publicó Clarín y no fue desmentido por el organismo, menos de 20 agentes públicos trabajan en el área a cargo de los informes y las auditorías universitarias. Otro aspecto que hace a la trascendencia de la auditoría es que su análisis de parte del Congreso.
En su charla con este medio, Jesús Rodríguez dejó una crítica política, que marca otra dificultad para auditar correctamente a las universidades:
“Milei tiene la misma conducta de Alberto Fernández: gobierna sin presupuesto del Congreso, por decisión propia, de modo que puede manipular el destino de los recursos públicos de manera discrecional y arbitraria; nadie puede planificar nada y hay total incertidumbre sobre los recursos disponibles”.
