La multitudinaria marcha del martes pasado, en defensa de la educación universitaria pública y gratuita, significó un fuerte mensaje para el gobierno de Javier Milei, que mantiene muy retrasados los fondos para gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.
El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, espera que la movilización haya sido una bisagra en esa relación, y que la instancia de diálogo que se abrió sirva para liberar más fondos.
Además, Boretto, en respuesta a Milei, asegura que los controles se hacen, y que deben hacerse. Y que espera, si así lo requiere, que la Auditoría General de la Nación, audite a la UNC.
–La marcha, ¿significó una bisagra de la relación entre el sistema universitario y el gobierno de Milei?
–Esperemos que sí. Recibimos un acompañamiento muy importante de parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, que siente a las universidades públicas, y a la educación pública, como un patrimonio muy importante que hay que proteger. Y no desde un sentido conservador, porque somos conscientes de que el mundo del conocimiento va cambiando y planteando desafíos nuevos, y la sociedad también. Nuestras instituciones no tienen que estar ancladas, tienen que ser innovadoras y dinámicas, y que estén permanentemente atentas a las demandas de la sociedad. Esperamos que sí (sea una bisagra) porque nuestra apuesta, y de todas las autoridades, es que podamos hacernos comprender y lograr puntos de acuerdo en torno a las necesidades, en este caso, de materia presupuestaria con el Gobierno. El diálogo siempre ha existido, pero ha habido respuestas insuficientes. Esperemos que esto un diálogo más aceitado porque ese es el camino para encontrar soluciones a este problema.
–¿Recibieron alguna señal? ¿Existe alguna convocatoria?
–Entiendo que hay convocatoria para la semana próxima, sobre la que todavía se están viendo los detalles. Nuestra disposición al diálogo es permanente, siempre tratando de exponer las distintas problemáticas. Por supuesto que no desconocemos la situación crítica, desde el punto de vista económico y fiscal, que tiene el país. Cuando reclamamos actualizaciones presupuestarias de partidas para el funcionamiento de la Universidad y para recomposiciones salariales lo hacemos frente a un deterioro muy significativo frente a los procesos inflacionarios que se han venido afrontando. En gastos de funcionamiento, las universidades vinieron recibiendo la misma partida desde enero del 2023 hasta febrero de este año. Y en ese período, la inflación rondó el 300%.
–Por ejemplo, las facturas de la luz se han multiplicado por cinco.
–En el caso de la universidad, en febrero y marzo el incremento fue del 330% respecto de los mismos meses del año pasado. Es muy significativo. El Gobierno ha dado algunas respuestas que nosotros tomamos como un aliciente. Hubo un primer incremento para gastos de funcionamiento, para marzo, de 70% y un anuncio de otro 70% para abril. Pero eso no logra compensar la inflación. Ahora, si esta política de actualización continúa, bueno... vamos a poder brindar mejores respuestas.
–Con ese 140% de incremento, ¿está garantizado el funcionamiento de la UNC hasta fin de año?
–En el Consejo Superior de la Universidad, hace más o menos un mes, aprobamos un presupuesto de asignación para gastos donde establecimos algunas prioridades. Trabajamos con la premisa de mantener el funcionamiento de la universidad, de todas sus funciones, pero con prioridad en algunas funciones esenciales. Por supuesto, en la tarea educativa, que tiene que ver con el dinero para cada una de las facultades.
–¿Luz, gas, seguridad?
–Por supuesto. Y también la actividad de ciencia y de extensión. Los programas de becas y ayudas económicas para estudiantes. El comedor universitario. Todo eso lo hemos hecho con alguna actualización de partidas que, por supuesto, no compensan la inflación. Estamos garantizando las actividades con prioridad en algunas, pero con menos magnitud.
–¿Qué se dejó de hacer?
–En principio, no hemos dejado de hacer cosas. En todo caso, cuando establecemos prioridades en algunas cosas, en las se ve disminuida la magnitud de la respuesta que uno puede dar.
–¿Por ejemplo?
–En la Escuela de Oficios vamos a trabajar ahora con el mismo presupuesto del año pasado. Vamos a tratar de establecer convenios buscando explotar y aprovechar del mejor modo los recursos que tenemos para ese programa. Porque es una respuesta muy importante para un sector de la sociedad que encuentra ahí oportunidades de nuevos trabajos. Hemos tenido que limitar, pero siempre trabajando con continuidad.
–¿Con esas medidas, se aseguran llegar a fin de año?
-Claro, porque nosotros estamos asignando prioridades. Y sí hemos resignado el inicio de nuevas obras públicas. La Universidad tiene una reserva para obras de infraestructura en las distintas facultades. A ese programa lo hemos postergado. Lo que estaba en ejecución, lo terminamos, pero lo nuevo lo hemos postergado porque a esos fondos, a esas reservas, las destinamos a las actividades primordiales. También teníamos remanente de ejercicios anteriores, algunos ahorros, y recursos propios que genera la Universidad por transferencia de servicios. Además, cuando uno tiene que pagar una obra dentro de tres meses, con esos fondos hace colocaciones financieras para mantener el valor. Ya desde el año pasado tomamos algunas previsiones porque, independientemente del escenario de gobierno que hubiera, sabíamos que lo que iba a afrontar el país este año, desde lo fiscal, iba a ser complejo. Con distinta magnitud y distintas características, pero no iba a ser un año holgado desde lo presupuestario. Por eso, fuimos tomando previsiones y reservas para poder afrontar mejor lo que venía. Por supuesto, estos recursos no son infinitos por lo que necesitamos imperiosamente que los procesos de actualización presupuestaria continúen y acompañen el ritmo de la inflación. No estamos pidiendo crecer en actividades. Lo que queremos es sostener las acciones esenciales. Vemos como una buena respuesta los dos anuncios del Gobierno. Obviamente que estaríamos mucho más tranquilos con un presupuesto que nos dé previsibilidad respecto a los fondos que vamos a recibir. Por eso, esperamos que para el próximo año contemos con un presupuesto. Y que ese sea un punto de conversación con el Gobierno.
Auditorias
Juan Manuel Olmos, director de la Auditoría General de la Nación, órgano encargado de auditar a las universidades, dijo en la semana que se había aprobado una para la UNC.
–En la Universidad Nacional de Córdoba, ¿se hacen auditorías? ¿La Auditoria General de la Nación (AGN) ha venido a hacerlas?
–Por supuesto que al administrar recursos públicos corresponde que las universidades, en el marco de su autonomía y su autarquía consagradas en la Constitución, rindan cuentas ante la comunidad. Por supuesto tiene que haber procesos de control y fiscalización. Periódicamente, la Universidad lleva adelante estos procesos con una unidad de auditoría que está conformada por profesionales que se encargan de esa tarea. Profesionales que ingresaron por concursos públicos y que permanecen más allá de las gestiones de turno. Hasta el momento, esa unidad de auditoría reporta los informes a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que es depende del Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos un problema en ese punto. Más allá de que la Ley de Educación Superior prevé que sea la AGN, que depende del Congreso, la que realice la fiscalización externa. Leí el anuncio (de Olmos) y estamos dispuestos a recibir a la AGN.
–¿Cuánto hace que la Auditoría General de la Nación no hace un trabajo en Córdoba?
–No recuerdo cuándo fue la última vez porque, como la Universidad venía trabajando de manera coordinada con Sigen, todo los informes anuales que se realizaban se reportaban ahí. Y la Sigen hacía sus devoluciones con las observaciones que detectaba. Lo que debería ocurrir, y esto lo hemos conversado el año pasado en una comisión específica del Consejo Interuniversitario de la Nación, de que la AGN debería ser dotada de mayor presupuesto para que pueda cumplir mejor la tarea de fiscalización. Se necesitan más recursos técnicos y profesionales, no solo para abarcar a las universidades, sino a todo el sector público.
–Es complejo abarcar esa magnitud.
-Nosotros, permanentemente, efectuamos controles. Incluso hay sistemas de control interno de rendición de gastos que tiene la Universidad. Estamos absolutamente de acuerdo que se realicen auditorías respetando lo que dicen los marcos normativos y la Constitución. Por supuesto, todo se puede mejorar. Eso es motivo de conversación. Además, la Universidad, como es autónoma, recibe aportes del Estado nacional, como la partida para gastos de funcionamiento, y es el Consejo Superior el que aprueba el presupuesto anual. En ese presupuesto, está perfectamente detallado cuántos fondos van a cada una de las facultades, alos colegios preuniversitarios...
–Es un órgano equivalente al Congreso, con distintas agrupaciones políticas.
–Ahí están todos los claustros docentes, no docentes, decanos, estudiantes, no docentes. Ahí están especificados cada programa. Por ejemplo, lo que reciben la Escuela de Oficios o las becas estudiantiles. Y luego de transcurrido el ejercicio, se aprueba en ese mismo ámbito lo que se denomina la “ejecución presupuestaria”. Se verifica cómo se cumplió con lo que se presupuestó. Sobre eso, se efectúa la auditoría.
–Desde cuándo están atrasadas las partidas presupuestarias para la universidad.
-Como dije: las partidas para gastos de funcionamiento, y es algo que veníamos reclamando, normalmente se actualizan año a año cuando se aprobaba el presupuesto. Pero después no se actualizaban durante el año. Cuando se afrontaban inflaciones como las que hemos venido teniendo en los últimos años, eso nos acarreaba problemas. Nuestra universidad y todas las demás recibieron la misma partida entre enero de 2023 y febrero de este año. Recién tuvimos un primer incremento en marzo. Lo lógico hubiera sido que, si se aprobaba el presupuesto el año pasado, ahí hubiéramos tenido una actualización anual. Sin embargo, el año pasado reclamamos y recién a fin de año, el gobierno anterior dispuso de dos cuotas adicionales que efectivizó el actual gobierno. Lo lógico sería que, como el presupuesto se construye con una relación de 90% para sueldos y 10% para gastos, que cada vez que se acuerdan aumentos paritarios, también se actualice las partidas de gastos. Y no que esperemos un año.
Salarios
–Los salarios son el gasto mayoritario de la universidad. Son el 90% de los fondos.
–Cómo se habrán deteriorado las partidas para el funcionamiento que uno arranca con una relación, normalmente, del 90% para sueldos y 10% para gastos. Pero hoy, la partida de funcionamiento representa el 5%. Todo lo demás es para salarios que además están fuertemente retrasados. El miércoles pasado, el propio secretario de Educación reconocía que en este contexto hubo un retraso respecto de la inflación.
–Incluso hubo un retraso de los aumentos respecto a empleados públicos en otras áreas. ¿Por qué menos a los universitarios?
–Desconocemos las razones. Lo cierto es que en el primer trimestre de este año, donde la inflación fue superior al 50%, el aumento a los docentes y no docentes fue del 28%. Y en diciembre, que se contempló un acuerdo paritario con el gobierno anterior, el porcentaje fue más pequeño que la inflación.
–El salario en los colegios preuniversitarios está más afectado porque dejaron de cobrar el Fonid. ¿Es mayor el deterioro ahí? ¿Cómo será el año a nivel de conflictividad?
–En realidad, los aumentos y las pautas de aumento son similares a los universitarios. Sí está la cuestión del Fonid que sobre todo afectó a las jurisdicciones provinciales. En el caso de los preuniversitarios, ellos cobraban un diferencial porque muchos docentes están en ambas jurisdicciones. Ahí probablemente un segmento ha perdido una parte de ese fondo. Es algo que reclamamos para que se restituya.
