La postergación hasta febrero del debate sobre la reforma laboral ha generado diversas reacciones en el arco político y sindical. Para Jorge Triaca, exministro de Trabajo de la gestión macrista, el escenario no resulta sorpresivo, sino que es parte de la dinámica propia de un gobierno que, pese a contar con respaldo electoral, debe enfocarse en la construcción de consensos.
En diálogo con La Voz en Vivo, Triaca desmenuzó los alcances de un proyecto que califica como “muy ambicioso”, pero que aún presenta zonas grises que podrían derivar en una mayor judicialización si no se abordan con equilibrio.
–¿Le sorprendió la postergación del debate?
–No. Sé que la reforma es un tema difícil y el Gobierno se planteó un objetivo muy ambicioso con un proyecto que abarca muchos capítulos y temas por abordar. Es un gobierno que, más allá de que el resultado electoral lo acompañó, todavía tiene que construir mayorías. Construir mayorías significa escuchar a los demás y aceptar modificaciones. Es un proyecto que tiene cosas positivas y aclaratorias que reducen la judicialización, pero hay muchas otras escritas de una manera que generan incertidumbre.
–¿Qué puntos específicos generan esa incertidumbre?
–Hay tres o cuatro temas donde hay que poner el zoom. Uno es la discusión de la ultraactividad y su sustitución, lo cual habilitaría la discusión de más de 1.700 convenios que hoy están vigentes. También está el tema de la prelación de los convenios: si los convenios por empresa van por encima de los nacionales o regionales. Todo eso suena bien, pero en términos operativos, si uno no tiene experiencia en la relación con organizaciones gremiales se vuelve difícil. Hay que ser equilibrado; si el sistema no es equilibrado, deja desguarnecidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad al empleador, y así no se genera más trabajo ni formalización.
–¿Qué aspectos del proyecto benefician al trabajador?
–Primero, el trabajador formal de la actividad privada en Argentina no tiene oportunidades de crecimiento; llevamos 12 años con el mismo número de trabajadores. Necesitamos un marco institucional que facilite otro dinamismo. Lo segundo es la informalidad: más del 40% de los trabajadores están en la informalidad, lo que actúa como un vaso comunicante con el sistema previsional. Es oportuno debatir cómo ayudamos a la formalización y cómo vemos los costos del sistema (salud, previsión, cuotas sindicales) sin torcer la balanza de un solo lado por el uso de la fuerza política.
–Existe una mirada de que que el proyecto está desbalanceado a favor de las empresas. ¿Coincide?
–No, yo creo que se han ordenado cosas que no son necesariamente a favor de uno u otro. Un trabajador que debe esperar seis años por una demanda judicial para recibir su indemnización no está siendo favorecido por el sistema actual. Este proyecto le da precisión a qué integra la indemnización para que los juicios no se vayan a una locura y establece un fondo de asistencia laboral para asegurar el financiamiento de esa indemnización.
–Los gremios dicen que se reduce la indemnización.
–No se reduce. Lo que sucede es que, en el 80% de las demandas, esos componentes no se resuelven en la sentencia, sino en la negociación. Eran elementos que solo servían para inflar el proceso, no iban al bolsillo del trabajador y terminaban alimentando lo que muchos llaman la industria del juicio.
–También hay dudas sobre cómo se financiará el fondo de cese laboral.
–Hay que discutir las cosas como son. En Argentina, el sistema previsional se financia en parte con aportes y contribuciones, pero como hay tanta informalidad, no alcanza y se debe financiar con la coparticipación de IVA y Ganancias. Si el Gobierno decide bajar contribuciones patronales para reducir la carga, bienvenido sea, pero debe explicar de dónde se financiará esa diferencia. Es fundamental abordar el costo no salarial y los abusos en convenios colectivos donde se agregaban cuotas del 1% para diversos fines que terminaban quitándole seis o siete puntos del salario de bolsillo al trabajador.
–La regulación del derecho a huelga parece camino a la judicialización.
–Sí. La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley.
–¿Cree que habrá ley o que esta pausa en el debate hasta febrero dilatará la discusión y la aprobación?
–Mi experiencia me dice que no se modifica todo en una ley ni se cambia la vida en una ley; son procesos. Argentina requiere modernizarse, pero quizás no todo se resuelva en un solo proyecto. Hay que priorizar lo importante: la formalización y los incentivos a inversiones medianas. Otras cosas las quitaría para debatirlas más adelante y construir confianza. Hoy vemos a sectores que se rasgan las vestiduras por los trabajadores, pero gobernaron hace dos años y no hicieron nada. Hay una CGT que ahora levanta la voz, pero hace cuatro años mantenía un silencio que aturdía. Cuando se politiza la discusión, perdemos la chance de debatir temas serios como los cambios tecnológicos y el desarrollo de talentos, que son temas que hoy no veo en el proyecto de ley.
